El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, advirtió al secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, que el gobierno no ha podido probar que la Ley 41 de Reforma Laboral cumple con la sección 204 a de la Ley PROMESA.
“En nuestra carta del 30 de julio de 2022, ofrecimos un enfoque para evitar litigios; a saber, dar su consentimiento a una orden simple que suspenda la Ley 41 mientras las partes continúan discutiendo los temas planteados por la Ley 41. Aunque el Gobierno ha rechazado este enfoque, le pedimos que lo reconsidere y nos informe de inmediato si el Gobierno ha cambiado de posición”, le solicitó Skeel a Marrero Díaz por medio de una misiva.
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El gobierno envió el pasado 4 de agosto una carta a la entidad federal creada bajo la Ley Promesa, pero, según Skeel, no se pudo obtener información sobre el impacto fiscal que la Ley 41 podría causar. Mas aún, Skeel criticó lo que catalogó como una actitud del gobierno de “veremos qué pasa” al implementar dicha ley.
“… Su carta propone un “enfoque de esperar y ver”, y propone realizar un análisis posterior a la implementación en algún momento no revelado y con una metodología indefinida. Su carta continúa proponiendo que cuando se detecten efectos negativos, la Junta de Supervisión podría ajustar el Plan Fiscal para dar cuenta de los efectos negativos de la Ley en el mercado laboral y los ingresos del Estado Libre Asociado. Este enfoque pone patas arriba a PROMESA y es contrario al propósito de PROMESA de lograr la responsabilidad fiscal. Las nuevas leyes deben encajar dentro del Plan Fiscal, no al revés”, señaló el presidente de la JCF.
En la carta, Skeel le notificó al director ejecutivo de AAFAF, que contrató lo servicios de un experto en economía, el doctor Robert Triest, quien evaluó su respuesta y la Ley 41.
El doctor Triest concluyó que “(i) la carta del Gobierno del 4 de agosto no ofreció ninguna evidencia nueva para cambiar su análisis económico, y (ii) las afirmaciones del Gobierno en la carta no cambiaron su análisis económico. Primero, el doctor Triest concluyó que si bien estimar el impacto económico de la Ley 41 es un desafío, es importante y factible. En segundo lugar, el doctor Triest reiteró su análisis inicial del impacto económico de la Ley —disminución de los ingresos del Estado Libre Asociado y disminución del producto nacional bruto (”PNB”)— y concluyó que el Gobierno tiene los estudios económicos previos, los datos y el tiempo necesarios para realizar un análisis similar de Ley 41. Con respecto a la propuesta del Gobierno de implementar la Ley y luego evaluar sus efectos económicos, el doctor Triest encontró que tal enfoque sería económicamente imprudente porque las mejores prácticas económicas requieren un análisis previo a la implementación para que los efectos negativos sobre las oportunidades de empleo, el crecimiento económico y los ingresos del gobierno no se realizarán. El doctor Triest también concluyó que el argumento del Gobierno de que la Ley 41 “no debe tener un efecto directo o inmediato sobre los ingresos y gastos del Gobierno” porque “regula las relaciones de los empleadores privados con los empleados privados”, es infundado. Se refirió a su análisis anterior describiendo los impactos negativos de la Ley y el papel clave que juegan las reformas laborales de 2017 en las proyecciones económicas del Plan Fiscal. El doctor Triest concluyó que su análisis era relevante y confiable porque se basaba, entre otras cosas, en estudios empíricos históricos y el modelo del Plan Fiscal. También concluyó que su análisis era consistente con el consenso de estudios proporcionado previamente por la JCF. En la práctica, el aumento de los gastos de empleo tiene que disminuir los ingresos netos y los ingresos por impuestos sobre la renta de las sociedades”.
“Desafortunadamente, en lugar de participar en análisis sustantivos y discusiones sobre la Ley antes de su promulgación, el Gobierno promulgó una ley que impacta a todos los empleadores privados en Puerto Rico sin comprender su impacto fiscal, en violación de PROMESA. De hecho, incluso meses después de que la Junta compartió sus preocupaciones sobre la Ley, el Gobierno aún no ha preparado ni proporcionado una estimación formal, o incluso informal, del impacto de la Ley en los ingresos, como lo requiere PROMESA”, dijo Skeel.
“En ausencia de dicho análisis, que la Junta ha solicitado repetidamente, y el Gobierno no ha proporcionado, el Gobierno no tiene ninguna base para sacar conclusiones sobre el impacto de la Ley en los ingresos y gastos del Estado Libre Asociado. Como tal, el gobierno no puede certificar bajo PROMESA que la Ley 41 no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado del Estado Libre Asociado. Por el contrario, aunque el Gobierno no cumplió con sus obligaciones, la Junta de Supervisión realizó su propio análisis de la Ley 41 y compartió ese análisis con el Gobierno en un esfuerzo por generar un diálogo constructivo con el Gobierno”, señaló.
