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Sigue viva preocupación por acumulación de safe kits sin analizar

Aún queda una considerable acumulación de pruebas de violación en el Instituto de Ciencias Forenses

Pat Sullivan/AP, Archivo (Rape kit)
Rape Kit (Pat Sullivan/AP)

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En momentos en que se registra un alza en casos de violencia sexual, la acumulación sin analizar de las pruebas conocidas como safe kits para comprobar agresiones sexuales sigue siendo preocupante para las autoridades encargadas de procesar estos delitos.

Al momento hay casi 500 pruebas sin completar el análisis pericial.

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Aunque el problema de backlog de safe kits, o la acumulación de pruebas de violación sin analizar, se pretendió atender con nueva tecnología adquirida recientemente por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), lo cierto es que la lentitud en el análisis de estos y la cantidad de inventario disponible en Puerto Rico continúa siendo una gran preocupación a casi dos años del gobernador Pedro Perluisi haber declarado un estado de emergencia por violencia de género.

La falta de personal capacitado, tecnología adecuada, falta de solicitud de análisis de ADN en el marco de los diez días posteriores a la presentación de pruebas y falta de querellas son solo algunos de los factores que aportan a crear ese backlog de pruebas.

Ante esta problemática, en noviembre de 2021, el ICF adquirió tecnología para incrementar la rapidez con que se realizan estas pruebas a víctimas de agresión sexual. La adquisición del nuevo equipo se hizo mediante una inyección de $290,000 en fondos federales VOCA (Ley federal de Víctimas de Delitos, por sus siglas en inglés).

La directora del ICF, María Conte Miller, informó a Metro sobre el estatus en el backlog de safe kits en Puerto Rico así como el estatus de las pruebas logradas con la nueva tecnología conocida como Rapid DNA.

“Al laboratorio externo se le han enviado 1,423 safe kits del backlog que ya había, de estos se han completado 934 y quedan 489 pendientes de analizar. Se supone que no pasen más allá del 30 de junio de 2023″, explicó Conte Miller.

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“Desde que implementamos el nuevo sistema, hemos recibido un total de 103 casos. De estos, 14 se han recibido con querella y 89 sin querella. Esto es importante porque legalmente solo estamos autorizados a trabajar los safe kits que vienen con querella”, añadió mientras explicó que esa estipulación responde a un asunto legal y no científico.

La directora del ICF explicó que la nueva tecnología se trata de un proceso sencillo pero efectivo en el que se obvian varios pasos del análisis que normalmente se hace en los laboratorios, acelerando el proceso para no perder la evidencia. “El laboratorio de ADN convencional tiene una serie de pasos por los cuales pasa la muestra para el análisis. La muestra se extrae, se amplifica, se cuantifica y después se tipifica. Finalmente hay una interpretación por un serólogo de los resultados que se obtuvieron de esa muestra”, explicó la directora del ICF.

“En la tecnología nueva esos pasos se obvian y solamente es poner la muestra en este equipo que hace todo y da unos resultados al final de proceso que dura una a tres horas”, señaló.

No obstante, Conte Miller explicó que no todas las pruebas son aptas para el análisis con la tecnología Rapid DNA ya que el material orgánico del cual se extrae la muestra de ADN necesita cumplir con ciertos parámetros específicos.

“Para ser analizados con esta nueva tecnología tienen que cumplir con unos criterios, por ejemplo, no pueden haber pasado más de 72 horas desde que se cometió el acto hasta que llega a nosotros. Idealmente deben ser las primeras 48 horas”, indicó la directora del ICF a la vez que informó que los safe kits elegibles para la nueva tecnología actualmente son 31 y de estos 18 están en análisis y 10 aún están pendientes.

La titular del ICF explicó que es el Departamento de Salud (DS) la entidad responsable de adquirir, mantener el inventario y distribuir los safe kits en todas las instituciones médicas que atiendan casos de agresión sexual.

Alza de violencia sexual

Luego de las restricciones por la pandemia, las denuncias de casos de violencia sexual se han disparado. Esa es la experiencia en el Centro Salud Justicia de Puerto Rico donde tienen una línea de auxilio para víctimas.

El año 2021 fue récord de llamadas en esa línea, según explicó la directora del centro, la doctora Linda Laras. “Ya estamos equiparando los números del año pasado”, agregó. Casi 80 % de los casos que atienden son menores edad. El número de la línea de orientación y ayuda es el (787)337-3737.

Sobre los safe kits, Laras dijo que al menos ya hay un protocolo que identifica la ubicación y estatus de cada prueba.

Bien abastecidos

Según explicó a Metro la doctora Marilú Cintrón, secretaria auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud del DS, Puerto Rico está bien abastecido de estas pruebas.

El gobierno adquiere 500 safe kits anualmente a un costo de $13,000 ( a razón de aproximadamente $26 cada prueba) que se estipulan en la partida de presupuesto de la agencia y la cantidad requerida se basa en estimados hechos con años previos. “Hay un suplidor único en los Estados Unidos con quien adquirimos las pruebas, estas se almacenan protegidas en el Centro de Ayuda a las Víctimas de Violación (CAVV) y de ahí se distribuyen a aquellas facilidades de salud que cumplen con los requisitos que están establecidos en el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual”, explicó Cintrón.

“Mensualmente el comité interangencial del CAVV ofrece capacitaciones sobre el protocolo y mejores prácticas del uso de los safe kits así como de características particulares que pueden tener las víctimas de agresión sexual. Entre ese personal que se capacita mensualmente, hay enfermeras, médicos, emergenciólogos, pediatras, toda una variedad de profesionales de la salud además de trabajadores sociales que laboran en el área medico social”, indicó.

Cintrón dijo además que, para garantizar que las instituciones de salud, tanto privadas como públicas, estén bien suplidas de safe kits, se realiza una llamada de seguimiento mensualmente por parte de las coordinadoras del CAVV para mantener una medición constante del inventario que queda en cada una de las instalaciones.

La secretaria auxiliar informó que, al día de hoy, el CAVV cuenta con unos 100 a 125 safe kits en inventario, pero indicó que existen muchos más disponibles en las diferentes instituciones que realizan estas pruebas. “En las instituciones siempre hay safe kits que quedan disponibles porque no necesariamente la cantidad que ellos requisan la utilizan en el periodo que la requisaron”, señaló la doctora.

No es exclusivo de Puerto Rico

El problema de backlog en el análisis de pruebas de violación no es un asunto exclusivo de Puerto Rico. La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto – organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos – lidera una campaña nacional para educar sobre la importancia de atender los casos de ADN no analizados.

La prensa estadounidense ha señalado anteriormente que entre 2010 y 2018, 25 agencias de ley y orden en 14 estados destruyeron safe kits en 400 casos antes de que expiraran los estatutos de limitaciones.

Asimismo, el Departamento de Justicia federal estima que existen alrededor de 100,000 safe kits en laboratorios criminalísticos públicos en espera de ser analizados. Los medios estadounidenses han señalado que podría haber hasta 300,000 de estas pruebas almacenadas por las agencias de orden público y que continúan en espera para ser analizadas.

Por otro lado, según las organizaciones sin fines de lucro que trabajan a nivel nacional para aminorar los alarmantes niveles de backlog en los Estados Unidos, entre los factores que inciden en este estancamiento de pruebas se destacan la falta de políticas y protocolos para pruebas de kits de violación ya sea por falta de interés o prejuicio de las autoridades, brechas de conocimiento y falta de capacitación del personal que trabaja con las víctimas, falta de recursos y políticas de laboratorios obsoletas y poco claras, así como si se conoce la identidad del perpetrador o no ya que en muchas jurisdicciones solo prueban los kits en los casos en que se desconoce al agresor, con la esperanza de identificar a un sospechoso a través de pruebas de ADN.

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