Joseph Fuentes Fernández, el recaudador que organizó un Súper Comité de Acción Política (Super PAC) para impulsar la candidatura del actual gobernador, Pedro Pierluisi, fue sentenciado a 14 meses de prisión por el juez federal Joseph Laplanta.
Fuentes Fernández llegó a un acuerdo de culpabilidad el pasado mes de mayo.
De acuerdo con la denuncia presentada por el Departamento de Justicia estadounidense y los hechos estipulados en el acuerdo de culpabilidad, SPR habría recibido al menos $495,000 de parte de dos fundaciones sin fines de lucro creadas con el único propósito de esconder las identidades de los verdaderos donantes.
Los anuncios pagados por SPR se dedicaron, principalmente a atacar a los rivales políticos de Pierluisi: la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, a quien derrotó en las primarias del Partido Nuevo Progresista, y Carlos Delgado Altieri, quien buscó la gobernación por el Partido Popular Democrático.
El esquema
Las entidades sin fines de lucro utilizadas como conducto para canalizar los donativos a SPR fueron Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, incorporadas ambas el 10 de junio de 2020, a dos meses de la primaria novoprogresista en que Pierluisi venció a Vázquez Garced, y a menos de cinco meses de las elecciones generales.
Ambas organizaciones, incorporadas con siete minutos de diferencia, fueron registradas por Álvaro Pilar Vilagrán, quien fuera director de la Autoridad de Puertos bajo la gobernación de Luis Fortuño.
SPR fue registrado ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC) el 7 de mayo de 2019, con una dirección del estado de Virginia. Entre ese mes y final de año, el Super PAC recaudó unos $784,991, de acuerdo con los datos de la FEC.
De ese total, se reportó que $260,000 provinieron de la Foundation for Progress, mientras que $235,000 correspondieron a la Fundación Pro Igualdad.
Los primeros donativos provenientes de las entidades fantasma se habrían emitido el 25 de junio de 2020, con una aportación combinada de $250,000, seguidos por $85,000 el 20 de octubre, $120,000 el 21 de ese mes y $40,000 el 16 de noviembre.
La denuncia, sometida mediante el mecanismo de ‘information’–sin intervención de un gran jurado–, identifica además al “Individuo 1″, un “asociado del Oficial Público 1 y recaudador significativo que intentaba obtener donativos en apoyo a la campaña electoral de 2020 del Oficial Público 1″; al “Individuo 2″, como “secretario de la Sin Fines de Lucro 1″ y la “Sin Fines de Lucro 2″; y el “Individuo 3″, un “consultor y abogado”.
En una rueda de prensa en la que habló sobre el caso de Fuentes Fernández, además de los arrestos de los alcaldes de Humacao, Reinaldo Vargas, y Aguas Buenas, Javier García Pérez, el jefe de fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, no precisó si los donantes que emitieron sus contribuciones a través de las entidades sin fines de lucro, bajo la premisa de que permanecerían en anonimato, pudieron haber incurrido en un delito federal. Tampoco abundó sobre si las personas que coordinaron los donativos o participaron de la incorporación de las organizaciones se encuentran bajo investigación.
“Quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Super PAC al FEC”, dijo Muldrow.
