El exlegislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño en Mayagüez, Orlando Muñiz Bonet, solicitó al secretario de Justicia y a la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que le radiquen cargos contra un grupo de empleados del gobierno que trabajó el proceso de venta y otorgación de “escrituras falsas” al desarrollador privado Krug Property LLC por concepto de la venta de un solar donde ubica el “parquecito del Condado”.
“No cabe duda que hay un caso sólido cuando vemos a simple vista la acción ilegal ejecutada con el aval y participación personal de la ingeniero Eileen Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y su equipo de trabajo”, señaló.
“Ha quedado demostrado que toda la transacción es una acción fatula la cual demuestra la incompetencia y el intento de engañar al Registro de la Propiedad, al Departamento de Hacienda y al propio Departamento de Justicia al someter un documento de acuerdo de venta de una propiedad cuya titularidad no tenía el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). El pueblo de Puerto Rico tiene una deuda eterna con el empresario y líder comunitario Amaury Rivera, quien dio la pelea o descubrió la ilegalidad de la transacción ejecutada en la propia oficina de la titular del DTOP”, sostuvo.
El líder independentista, lamentó “que se esté evitando fijar responsabilidades a la secretaria del DTOP, ingeniero Eileen Vélez Vega y su equipo legal por la producción de un documento falso, engañoso e ilegal”.
“Sin lugar a dudas, el delito está configurado, ya que los documentos se firmaron por lo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) recibió el pago mediante un cheque de gerente de banco por parte del desarrollador privado Krug Property LLC. Lo más grave es que se confeccionó un documento-escritura que se le presentó al Registro de la Propiedad para “inmortalizar” el fraude”, sostuvo.
“Ahora la Secretaria del DTOP no puede venir a pedir perdón, ofrecer excusas; tampoco a decir que no sabía nada, ya que en múltiples ocasiones fue ella misma la que acudió a regañar a los medios noticiosos tratando de confundir diciendo que, aunque ella firmó la transacción, la misma estaba en ley porque el proceso se había iniciado en administraciones pasadas”, añadió.
Solicitó al Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, el procurador General de Puerto Rico, al Tribunal Supremo y el propio Departamento de Justicia que inicien un proceso de desaforo de los abogados e ingenieros que participaron en este monumental fraude.
“Se debe cancelar cualquier licencia o privilegios de abogado o ingeniero a toda aquella persona que participó de esta transacción ilegal, incluyendo la destitución de la propia Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quien está directamente ligada al fraude de la venta del solar del Condado. Solicitamos al Gobernador que tome en serio este fraude cometido por su equipo de trabajo y demuestre tener pantalones en su sitio, ordenando la destitución de ese corrillo mafioso del DTOP, que de no haber sido por el señor Amaury Rivera hubiera pasado inadvertida la transacción ilegal”, dijo en declaraciones escritas.
El parque pasivo en Condado, ubicado en la esquina de la avenida Ashford y la calle Krug, fue vendido por el DTOP a un precio de $145,000 el 24 de febrero de 2021 a la corporación Krug Property LLC.
La Ley 12-1975 delegó en el DTOP la autoridad para disponer de terrenos que hubieran “dejado de ser de utilidad pública” pero, en su artículo 1(a), estipuló que se requeriría “previa aprobación del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia” para completar transacciones relacionadas con propiedades valoradas en $100,000 o más.
No obstante, luego se dio a conocer que el parque pertenecía al municipio de San Juan y entabló una demanda para recuperarlo. El Departamento de Justicia informó, posteriormente, que luego de un proceso de diálogo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Municipio de San Juan (MSJ) y Krug Property, LLC llegaron a un acuerdo transaccional que, de ser aceptado por el tribunal, pondría fin a la totalidad de las reclamaciones relacionadas con la titularidad del terreno en la avenida Ashford, que era utilizado como parque por vecinos de Condado.
El 26 de julio de 2022, el MSJ presentó una demanda sobre sentencia declaratoria, acción de reivindicatoria, acción declaratoria de propiedad y cancelación de asientos registrales. El MSJ cuestionó la inmatriculación de la Finca Núm. 47,732 e impugnó la compraventa de esta, celebrada el 24 febrero de 2021 entre Krug y el Gobierno de Puerto Rico.
Por virtud del acuerdo, Krug y el Gobierno de Puerto Rico renunciaron a cualquier reclamo, derecho o título de dominio que pudiesen tener sobre la parcela de terreno de aproximadamente 178.6828 m2, que quedó inscrita como la Finca Número 47,732 en el Registro de la Propiedad.
Como parte del acuerdo, se le devolverá a Krug la cantidad de $145,000.00 pagada en dicha transacción y los gastos asociados al trámite ascendentes a $9,857.00.
