El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente para que se investigue al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por supuesta malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber.
Según se indicó en un comunicado de prensa, tras una investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el titular de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde pudo haber cometido los delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber, así como violaciones al Artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, al reclutar, otorgar contratos y mantener en puestos en el municipio a personas que han resultado convictas y sentenciadas por la comisión de delitos, entre estos, la exsenadora Maritere González López y el doctor Edgar Cancel Zapata.
La investigación preliminar de la DIPAC reveló que Cancel Zapata, al momento de ser nombrado para ocupar el puesto irregular de médico para el Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (COVID-19), era convicto por fraude en violación al Título 18 U.S.C.A. sec. 1028 (1)(2) y ello surge claramente de una Resolución emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que obra en los documentos relacionados a su reclutamiento en el municipio.
Más aún, la DIPAC indicó que la investigación preliminar reveló que el señor Cancel Zapata se encontraba inhabilitado permanentemente para ser empleado en el municipio de Arecibo por su convicción de delito en el foro federal, entre otras cosas. Por ello, indicó que nunca debió ser reclutado ni nombrado por el alcalde Ramírez Irizarry al puesto que ocupó y por el cual devengó un pago o desembolso que resulta ser ilegal.
Con relación al nombramiento de la exsenadora González López en el puesto de Ayudante Especial del alcalde y por el cual devenga un salario sufragado con fondos públicos, la investigación de la DIPAC reveló que, una vez fue convicta por el delito de negligencia en el cumplimiento del deber y sentenciada a una pena a ser cumplida bajo el régimen de sentencia suspendida, el alcalde tenía el deber de iniciar un proceso de habilitación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según dispuesto en el Código Municipal, en el Reglamento de Habilitación para el Servicio Público y en la reglamentación del municipio de Arecibo.
A pesar de los hallazgos, la DIPAC concluyó que no es posible establecer el elemento de intención específica.
“En esta ocasión, aunque coincidimos con los hallazgos de la investigación, diferimos en cuanto a la interpretación del derecho realizada por la DIPAC. Al amparo de mis facultades como secretario, recomendé la designación de un FEI conforme a los hallazgos de la investigación, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos en torno a si existe causa suficiente para creer que se ha cometido un delito grave”, confirmó el secretario de Justicia.
