El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, aseguró que ya están asesorándose legalmente para tomar acción en los tribunales contra el empresario José Bou Santiago y su empresa Bou Maintenance Service Corp. luego de que este se declara culpable de sobornar al excalcalde del municipio Félix “El Cano” Delgado.
Alicea Vasallo indicó en declaraciones escritas que buscan el recobro de los fondos públicos pagados en contratos obtenidos por la empresa.
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“La intención del Municipio es perseguir el recobro de los fondos públicos pagados como resultado de contratos ilegalmente obtenidos, razón por la cual ya solicitamos la evaluación legal necesaria para iniciar las acciones correspondientes contra Bou Maintenance Service Corp y a quién aplique. Este nuevo gobierno municipal, compuesto de un equipo de empleados íntegros y comprometidos, estamos enfocados en los proyectos de impacto económico, cultural y social; tener una sana administración fiscal y llevar los recursos municipales dónde se necesiten realmente”, expresó el alcalde.
José Bou Santiago, el empresario que era uno de los contratistas en el municipio de Cataño durante la incumbencia del convicto exalcalde, Félix “El Cano” Delgado se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal por ser partícipe de los esquemas corruptos que habían en el municipio.
El empresario se declaró culpable por sobornar al alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado a cambio del otorgamiento de contratos en el municipio. Según publicó la periodista Melissa Correa, la fiscalía federal solicitó una sentencia de 24 meses de prisión para Bou.
Bou Santiago es el dueño de la empresa Bou Maintenance Service Corp que le alquilaba una lujosa guagua Cadillac Escalade del 2021 al son de $4,500 mensuales al municipio para el uso de Delgado. Metro Puerto Rico sacó a la luz pública esa escandalosa transacción en julio del 2021. Según el récord periodístico, la empresa que no pertenecía a la industria automotriz y obtuvo el contrato mediante un proceso en el que solo se consideraron dos licitadores con una diferencia de $500. Ninguna de las empresas tenía experiencia en alquiler de flotas vehiculares. Otra investigación periodística (El Nuevo Día) reveló que las dos empresas licitadoras estaban vinculadas.
La vista en la que el contratista se declaró culpable fue ante el magistrado federal Bruce McGiverin en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
