El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, participó el jueves, de una vista pública celebrada por la Comisión de lo Jurídico sobre varios proyectos relacionados a los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.
Emanuelli Hernández sentenció en su ponencia que el derecho al aborto en Puerto Rico es uno “arraigado a la libertad humana y está expresamente protegido por el derecho a la intimidad plasmado en el Artículo II, Secciones 1 y 8, de nuestra Constitución”.
Al mismo tiempo, destacó que “el derecho al aborto en Puerto Rico sigue intacto en nuestro acervo legal, imbricado al derecho a la intimidad, y solamente mediante la acción de la Asamblea Legislativa o la revocación expresa de los precedentes autóctono podría concretarse un cambio en el estado de derecho actual”.
Añadió que el alcance del derecho al aborto en Puerto Rico no depende del reconocimiento de un derecho a la intimidad a nivel federal, “si no que es parte de nuestro legado e historia Constitucional”.
La vista pública consideró el Proyecto de la Cámara 1403, que considera establecer la “Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”; los Proyectos de la Cámara 715, 1410, 1084; y el Proyecto del Senado 693.
Por otro lado, aclaró que el Proyecto 1403 tiene como fin establecer claramente la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, así como garantizar el acceso a los medios para ejercer los mismos.
El Departamento de Justicia no observó impedimento legal para que se apruebe el Proyecto 1403. Sin embargo, la dependencia presentó comentarios en contra de las otras cuatro medidas.
También señaló que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estado Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization no revocó el derecho al aborto en Puerto Rico. “En ese caso, el Tribunal Supremo concluyó que los estados deben tener el poder para legislar sobre asuntos que comprenden profundos cuestionamientos morales, por lo que pueden regular o hasta prohibir el aborto…”, informó Emanuelli Hernández.
“La Asamblea Legislativa debe actuar respetando y sopesando las consideraciones de salud física y mental de la mujer puertorriqueña, la seguridad pública, el derecho a la vida y a la felicidad del individuo, siempre que no interfiera desproporcionadamente con el ámbito de libertad que expresamente reserva la Constitución para sus ciudadanos”, destacó.
Mencionó que “el derecho al aborto en Puerto Rico hay que respetarlo”. También sugirió que la Legislatura debe apostar a rescatar los conceptos de igualdad bajo el caso de Roe v. Wade y reconocer los derechos luchados por las mujeres.
Mientras, la secretaria auxiliar del Departamento de Salud, Marilú Cintrón Casado, recomendó la aprobación del Proyecto de la Cámara 1403. Al mismo tiempo, mostró rechazo por las demás medidas en consideración.
“La propuesta presentada en el Proyecto (1403) cubre aspectos que ya son parte de la política pública de la Isla para la validación del derecho al acceso a servicios de protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Puerto Rico”, señaló la doctora Cintrón Casado.
Al mismo tiempo, la galena sostuvo que muchas de las determinaciones ponderadas en la medida ya forman parte de la política pública del Departamento de Salud.
“El Departamento dirige esfuerzos y recursos fiscales destinados a la educación de todos los sectores concernidos de la sociedad sobre derechos reproductivos; que se cumpla con la responsabilidad del Estado de regulación y certificación de los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, y la fiscalización de los servicios médicos que incluyen las terminaciones de embarazos”, argumentó Cintrón Casado.
“Las iniciativas y política pública del Departamento de Salud salvaguardan el derecho a la privacidad, la dignidad y la autonomía de toda persona que requiere de servicios médicos para estos fines, según se persigue en este Proyecto (1403)”, indicó.
El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, informó que las vistas públicas sobre las múltiples medidas atendidas continuarán todos los jueves del mes de septiembre. “Nuestro interés es atender el tema del aborto con el mayor respeto a la pluralidad que compone nuestra sociedad”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Jocelyn Rodríguez Negrón solicitó al Departamento de Salud información sobre la cantidad de abortos realizados en Puerto Rico pasadas las 22 semanas de embarazo. Salud tendrá cinco días calendario para entregar los datos requeridos.
En la vista pública también depuso el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien se pronunció en contra de la aprobación del proyecto que busca proteger los derechos reproductivos de la mujer y de las personas gestantes.
Sin embargo, el alcalde destacó que sí avalaría un procedimiento abortivo en caso de tratarse de una violación contra una mujer o al momento de que la vida de la madre esté en peligro.
“En Puerto Rico no hay una crisis del aborto”
Durante la audiencia pública, la facultad del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario endosó el Proyecto 1403 en un memorial explicativo en el que defendieron los derechos reproductivos de la mujer y enfatizaron que el aborto médico es un tratamiento.
Además, el grupo de ginecólogos obstetras recalcó que los proyectos que buscan limitar el derecho al aborto utilizan definiciones incorrectas y confunden la viabilidad intra-útero y después de nacer, por lo que se opusieron a estas medidas.
“En Puerto Rico no hay una crisis del aborto. No hay una epidemia de abortos. De hecho, cada año hay menos”, afirmó el doctor Alberto de la Vega.
“En Puerto Rico no hay un negocio de venta de tejidos abortados.Todas estas ideas que se expresan con carácter inflamatorio y difamatorio solo pretenden mover una agenda y resolver un problema que no existe”, agregó.
Los ginecólogos igualmente rechazaron la realización de un referéndum sobre el derecho al aborto al indicar que resultaría en una campaña de desinformación. “Los derechos no se deben llevar a votación. Estos deberían estar garantizados y no depender del voto”, dijo de la Vega.
La organización Puerto Rico Rico Obstetrics and Gynecology (PROGyn) se unió al reclamo de aprobar el Proyecto 1403. La entidad sin fines de lucro se expresó en contra del Proyecto del Senado 693 y los Proyectos de la Cámara 1084, 1410 y 715 al resaltar que cada vez que se limita el acceso a servicios de salud relacionados a terminaciones de embarazo, se pone en riesgo la vida y el bienestar de la mujer porque la obliga a recurrir al clandestinaje.
“En PROGyn, así como todas nuestras instituciones académicas desaprobamos y repudiamos cualquier invasión de la interacción médico-paciente. El embarazo puede poner en riesgo la integridad y calidad de vida de una persona, particularmente para aquellas con condiciones médicas complejas y situaciones socioemocionales desventajosas”, declaró el doctor Nabal Bracero, presidente de PROGyn.
La doctora Yarí Vale Moreno, por su parte, detalló que un 60 por ciento de los pacientes que acuden a las cuatro clínicas de aborto alrededor de Puerto Rico para realizarse una terminación de embarazo electiva se encuentran entre las edades de 20-29 años, y ya tienen al menos un hijo.
“Los Proyectos del Senado 693 y Proyecto de la Cámara 1084 obstaculizan la provisión saludable de servicios médicos reproductivos y atentan contra la salud de la mujer y las personas gestantes. Estas propuestas ponen en riesgo la infraestructura de salud pública de Puerto Rico y atacan los valores que nosotros, como profesionales de la salud y proveedores de atención médica de la mujer, practicamos”, manifestó Bracero.
