ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — La jueza de distrito Aileen Cannon está siendo muy cuestionada por su decisión de acceder al pedido de los abogados de Donald Trump de que se nombre un árbitro independiente para que revise los documentos obtenidos por el FBI durante un allanamiento de la casa del expresidente en la Florida.
Cannon dispuso el lunes que un experto de afuera analizase los documentos confiscados durante el allanamiento del 8 de agosto de la casa de Trump en Mar-a-Lago, en el marco de una investigación de la presencia indebida de material clasificado de la Casa Blanca en la residencia de Trump. El experto en cuestión tendrá la facultad de descartar cualquier material que pueda estar protegido por los privilegios acordados a la relación abogado-cliente o al ejecutivo.
El Departamento de Justicia dijo que era innecesario nombrar un experto en parte porque las autoridades ya habían hecho una revisión de documentos que podrían estar amparados por esos privilegios.
Hay quienes dicen que Cannon favoreció de forma indebida al expresidente y demorará gratuitamente la investigación del Departamento de Justicia. Esta dependencia no ha dicho por ahora si apelará la decisión. Habría buenas razones para que no lo hiciese, incluida la posibilidad de que atrase más todavía la investigación o que genere antecedentes que complicarían futuras investigaciones, según Brandon Fox, abogado de Los Ángeles y ex fiscal federal.
De un modo u otro, sostuvo, la opinión de Cannon genera la percepción de que hay “dos sistemas de justicia”.
“El sistema de la justicia penal está pensado para tratar de garantizar que todos deben responder de la misma manera a los delitos que supuestamente cometieron”, expresó Fox. “Aquí, da la sensación de que el señor Trump recibe beneficios especiales” por el hecho de ser un ex presidente.
Un ex secretario de justicia de Trump, William Barr, declaró a Fox News al martes que la opinión de Cannon estaba “muy errada desde varios puntos de vista”.
Cannon, una jueza federal poco conocida nacida en Colombia, designada hace dos años por Trump, emitió el que es sin duda el principal fallo de su carrera el lunes e inmediatamente se vio en el centro de un debate legal acerca del alcance de los privilegios del ejecutivo y del poder presidencial.
Cannon es la jueza federal con menos antigüedad del Distrito Sur de la Florida, donde cinco de los 16 jueces activos fueron nombrados por Trump. Las reglas del tribunal estipulan que los casos como la designación de un auxiliar especial son “asignados en base a una rotación a ciegas... a un juez que debe recibir los casos de la división a la cual se asigna el caso”.
En sus primeros siete años como fiscal federal adjunta, Cannon trabajó mayormente desde la oficina de Fort Pierce (Florida), que es parte del mismo distrito federal de Miami, unos 209 kilómetros (130 millas) al norte. Los casos que atiende generalmente no reciben tanta atención como los de Miami y sus alrededores.
A partir del 2013, Cannon intervino en 41 casos como parte de la División de Delitos Graves y luego se ocupó de apelaciones a condenas y sentencias penales.
Una de ellas involucró a un individuo acusado de participar en una estafa piramidal de 800 millones de dólares. El abogado defensor en esa ocasión, Richard Klugh, describió a Cannon como una jueza “muy brillante y talentosa”, justa con la defensa.
“No percibí prejuicio político alguno”, manifestó Klugh.
“Tiene fama de llevar a cabo procesos y audiencias justas. Siempre quieres tener alguien que realmente escucha lo que dices”, agregó.
El padre de Cannon era un ejecutivo publicitario que trabajó en varios países de América Latina y ella nació en Cali (Colombia) en 1981. Vino a los Estados Unidos de niña y estudió en la Duke University, graduándose en el 2003.
Mientras cursaba la universidad, Cannon escribió varios artículos para El Nuevo Herald, la versión en español del Miami Herald. Según una lista de artículos suministrada a la comisión judicial del Senado, Cannon escribió más que nada sobre temas relacionados con la salud y la cultura.
Después de graduarse de la Universidad de Michigan en el 2007, trabajó en la oficina del juez de distrito Steven M. Colloton, del 8vo Circuito del Tribunal de Apelaciones. Luego trabajó en Washington durante tres años para el estudio Gibson Dunn & Crutcher.
El tema de una supuesta fidelidad a Trump surgió durante su proceso de confirmación por parte del Senado en el 2020, cuando la senadora demócrata Dianne Feinstein le preguntó por escrito si había “conversado con alguien de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia o grupos de afuera sobre una lealtad al presidente Trump”.
“No”, respondió Cannon.
El que un juez o jueza sea nombrado por Trump no implica que vaya a fallar a su favor. Ya ha habido casos en los que fallaron en contra.
Pero la opinión de Cannon en este caso en particular, y sus insinuaciones de que la reputación de Trump pudiese verse afectada en caso de ser enjuiciado, enfocaron la atención en su historial como jueza.
La respuesta inicial al pedido de un auxiliar especial hizo pensar que sentía un cierto escepticismo. Cannon pidió al equipo de Trump más claridad respecto a lo que quería de ella y por qué pensaba que ella podía tener jurisdicción sobre esa solicitud. Días después, no obstante, indicó que su “inclinación preliminar” era designar un auxiliar especial, pero que le daría al Departamento de Justicia la oportunidad de explicar por qué se oponía a ello.
Desde el 2005 Cannon integra la Sociedad Federalista, una organización legal conservadora que apoya a los jueces designados por Trump, incluidos los tres que nombró para la Corte Suprema, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
Durante su audiencia de confirmación en julio del 2020, Cannon dijo que su madre había tenido “que huir del régimen represivo de (Fidel) Castro en busca de libertad y seguridad”. La madre se fue de Cuba a los siete años.
“Gracias por enseñarme la bendición que es este país y la importancia de garantizar el imperio de la ley a las próximas generaciones”, declaró Cannon, dirigiéndose a su madre.
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Kinnard está en https://twitter.com/MegKinnardAP.
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Kinnard informó desde Columbia (Carolina del Sur) y Tucker lo hizo desde Washington.
