Christian González Martell ingresó al Ejército de Estados Unidos cuando tenía 19 años de edad y para los años 2004-2005 fue por primera vez al escenario de guerra en Irak. Regresó con vida y recibió tres condecoraciones. Las escenas dantescas de Irak no evitaron que retornara una segunda vez al epicentro de la guerra, pero aquellas vivencias le pasaron la factura más cara de su vida.
Pocos años después, el sueño de Christian se interrumpía con intensas pesadillas, las paranoias le perseguían en su cotidianidad, la ansiedad y la depresión lo golpeaban con tal fuerza que luego de múltiples vivencias se internó en una institución psiquiátrica de la Administración de Veteranos en Carolina del Norte. Allí fue diagnosticado con desorden de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) y lesión cerebral traumática (TBI, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, como a muchos veteranos condecorados por sus actuaciones, el sistema se quedó corto en sus servicios de salud mental. De regreso a Puerto Rico a principios de este año, Christian no recibía sus medicamentos de forma adecuada y debido a la pandemia en el Centro de Veteranos de Arecibo no se le ofrecían terapias de salud mental presencial. Solo tenía la asistencia virtual de un manejador de casos, un enfermero.
La mañana del 30 de mayo de este año, el estado mental de Christian era crítico y así lo evidenciaban los mensajes de texto enviados a la madre de su hija. Para horas de esa tarde, el veterano asesinó a una de las personas más importantes en su vida: su padre. Lo arrolló con su carro y luego lo apuñaló.
El sistema de justicia se activó y fue con todo contra el veterano. Al día siguiente una jueza en el Tribunal de Arecibo le determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $300,000 que no pudo prestar, por lo que fue ingresado a prisión. Ya en el sistema de justicia criminal, el hombre de 39 años cayó en el limbo de pacientes de salud mental encarcelados sin tratamiento adecuado y sin un proceso de justicia rápida.
Actualmente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) mantiene cerca de un centenar de personas —que son pacientes de salud mental— en sus prisiones en espera de ser trasladados a hospitales de psiquiatría forense donde se pueda trabajar con su procesabilidad. Específicamente son 98 personas que se dividen entre 93 varones y cinco mujeres.
El veterano es representado por el licenciado Wilbert Olmo, un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), quien desde la vista preliminar del 14 de junio solicitó el expediente del sistema de salud de la Administración de Veteranos del imputado, lo que provocó que la vista se reprogramara para el 29 de junio. Para esa segunda vista preliminar el expediente no llegó, pero la madre del imputado —quien es testigo en el caso— entregó en corte una lista de los medicamentos que habían sido recetados a su hijo.
Según el relato de su exesposa, Marta Lugo, Christian tomaba dos ansiolíticos, un medicamento para la depresión, un medicamento para los dolores de cabeza severos, otro para las pesadillas y otro para estabilizar el humor. Finalmente, la jueza Leila Gralau Igartúa, quien atiende el caso, accedió a enviar al acusado a un proceso de Regla 240 en el que se busca que este pueda comprender el proceso en el que está implicado y que sea capaz de colaborar en la defensa con su abogado. Se debe restaurar la procesabilidad para entonces retomar el proceso judicial. Mientras tanto, los términos judiciales se detienen.
El doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, el proveedor privado de servicios de salud al DCR explicó a Metro que aunque cuentan con una unidad estabilizadora para pacientes de salud mental que requieran hospitalización, no están facultados legalmente para establecer procesabilidad.
El pasado 13 de julio, la psiquiatra del Estado, Yamilka Rolón, testificó que el imputado estaba “repetitivo, desorganizado, con falta de coherencia y que no sabe dónde está”. Con ese testimonio, se mantuvo el proceso bajo Regla 240 y se ordenó que Christian fuese ingresado a uno de los dos hospitales de psiquiatría forense en Puerto Rico que son jurisdicción de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Sin embargo, como le ha ocurrido a cientos de pacientes de salud mental en el pasado, la falta de espacio lo mantuvo encarcelado y sin acceso a tratamiento de salud mental. Su condición crítica lo llevó en algún punto a estar en el hospital de Corrección (CMC). Allí la unidad de psiquiatría tiene capacidad para 49 pacientes y usualmente está ocupada en un 80 %. El doctor Villalobos explicó que cuando atienden a un confinado que viene del sistema de salud de Veteranos, no reciben o solicitan el expediente médico previo, sino que trabajan una evaluación del caso mediante entrevista con el confinado. Tampoco entrevistan a familiares sobre el historial médico de la persona. “Se convierte en un caso estatal”, explicó el médico.
Estando Christian en prisión, su exesposa logró conversar con él. Según su relato, un médico generalista lo vio y le indicó que estaba pasando por episodios de demencia. Según dijo la mujer a Metro, su exesposo comenzaba a olvidar cosas.
El licenciado Olmo detalló que se llegó a emitir una orden so pena de desacato para el ingreso del veterano a uno de los hospitales de psiquiatría forense. Actualmente, hay 43 órdenes so pena de desacato ante el DCR para trasladar sumariados a hospitales de psiquiatría forense para trabajar con la procesabilidad mediante tratamiento de salud mental.
Tras una petición de Metro, ASSMCA informó que no fue hasta el 22 de agosto pasado que el caso de González fue presentado ante ellos para admisión a tratamiento psiquiátrico. “El paciente fue admitido y trasladado al Hospital Psiquiátrico de Río Piedras, para iniciar tratamiento, el pasado jueves, 25 de agosto, según los protocolos de la institución”, lee una declaración escrita de ASSMCA. No proveyeron detalles sobre el tratamiento. Actualmente, el Hospital Forense de Ponce tiene una población de 116 pacientes y el Hospital Forense de Río Piedras mantiene una población de 90 pacientes. El Hospital General de San Juan atiende a 180 pacientes. No se informó la cantidad de personas en lista de espera o con turnos para ser ingresados a los hospitales de psiquiatría forense.
Esta semana, la psiquiatra del Estado evaluó nuevamente al veterano de cara a una nueva vista preliminar el próximo 14 de septiembre. En ese momento, su abogado conocerá los detalles de esa evaluación.
“Él, en medicamento, reacciona. Si llegamos a un nivel de procesabilidad, se planteará que es inimputable (que al momento del crimen no estaba en sanidad mental). Es muy probable que si procede, su necesidad sea internarse en un Hospital de Veteranos”, estimó el abogado, quien reconoce que estos casos, sobretodo para la población indigente, representa un encarcelamiento sin tratamiento médico apropiado. “El problema está siendo principalmente esa espera por cama para estabilizarlo”, dijo Olmo en entrevista telefónica con Metro en momentos en que supuestamente su cliente ya habría estado en el hospital sin que él fuese notificado.
Un calvario por el que pasan muchos veteranos de guerra
El caso de Christian no es uno aislado. De hecho, el Concilio de Justicia Criminal —un Think Thank no partidista sobre el sistema de justicia en Estados Unidos— recién anunció la creación de la Comisión Nacional de Justicia para Veteranos que estará presidida por el pasado secretario de Defensa y senador, Chuck Hagel. El organismo estudiará por qué tantos veteranos terminan en la cárcel, y deberá producir recomendaciones para cambios de política.
Aproximadamente un tercio de los veteranos reportan haber sido arrestados y/o ingresados a prisión por lo menos una vez en su vida, en comparación con menos de una quinta parte de los no veteranos. Según la encuesta nacional más reciente, un total de 181,500 veteranos se encontraban en prisiones y cárceles de Estados Unidos. Las razones que se evalúan para este cuadro van desde factores de riesgo relacionados con el combate hasta despidos que impiden los beneficios de la Administración de Veteranos, procedimientos ineficaces para identificar a los veteranos en el momento del arresto y mecanismos de desvíos inconsistentes.
En el caso de Puerto Rico, Sahlin Rodríguez Escobar, coordinadora de Récord Criminal del DCR, explicó que no existe ningún protocolo con la Administración de Veteranos para informarles o coordinar algún tipo de servicio con veteranos encarcelados. Periódicamente la agencia emite datos al Instituto de Estadísticas en el que desglosan los confinados que son veteranos. Rodríguez Escobar detalló que en el último informe era cerca de una treintena de veteranos en las cárceles de la isla.
En la Administración de Veteranos en Puerto Rico existe una oficina con el nombre “Veterans Justice Outreach”. Según el relato de la exesposa de Christian, en algún momento el veterano recibió la visita de un especialista de esa oficina. Metro intentó contactar a este funcionario, pero no fue posible.
“Honramos a nuestros veteranos con desfiles, medallas y palabras de elogio cuando regresan a casa, pero hacemos muy poco para ayudarlos a manejar el trauma y otros daños duraderos que el servicio militar puede causar”, dijo el director de la recién creada comisión, Jim Seward, un coronel veterano de la guerra en Afganistán.
Este señalamiento crítico es uno que tiene a flor de piel la exesposa de Christian González. Marta Lugo ha movido cielo y tierra en búsqueda de ayuda para el padre de su hija antes y después del trágico suceso que lo mantiene encarcelado. Lugo piensa que el sistema de Veteranos le falló a Christian, con quien estuvo casada once años.
“Él me contaba que estuvo en escenas de cuerpos desmembrados, tras un ataque de un hombre con explosivos […] Cuando él salía en las redadas, él se despedía de mi como si fuera la última vez que me iba a hablar”, relató Lugo.
La joven madre utuadeña contó que luego de su participación en combate —en dos ocasiones— Christian tuvo un primer intento de suicidio entre el 2008 y 2009. Ella lo llevó a un hospital civil para que le lavaran el estómago, de manera que no se afectara su récord militar.
“Ya después del segundo tour y del intento de suicidio, yo lo veía a veces mirando por las ventanas. Le daban pesadillas y se levantaba en sudor completo, gritando”, agregó. Pero Christian se mantuvo en el servicio militar. De hecho, salió de forma honorable del servicio activo para iniciar estudios en ingeniería civil gracias a una beca para veteranos “Post 9/11″.
Su exesposa ubica en el año 2010 la reactivación de episodios de paranoia que se agudizaron con el proceso del embarazo de ella. “Cuando la niña ya tenía dos a tres años, se pusieron bien intensos los episodios de situaciones relacionadas al estado de salud mental de Christian”, contó Lugo, quien detalló que este se graduó Suma Cum Laude en la Universidad Politécnica. Pero los episodios relacionados al deterioro de su salud mental fueron en escalada. Ella lo llegó a reportar perdido, pero llegó a su casa a los dos días en mal estado.
La situación era insostenible para el joven matrimonio. “Al final cuando ya estábamos rompiendo lo llevé a buscar ayuda. […] Tuvo otro intento de suicidio. Lo llevé a Veteranos. Nunca antes lo había hecho porque él tenía miedo que se le dañara el récord”, contó la mujer.
Ya estando en una segunda relación y residiendo en Estados Unidos, Christian acudió a buscar ayuda a Veteranos en múltiples ocasiones. En el año 2021, volvió a sufrir ataques de pánico. “Lo convencimos para que se internara voluntariamente en Psiquiatría. En Veteranos de Carolina del Norte”, relató Lugo.
“Él hizo lo imposible por buscar ayuda al final, pero no recibió la atención necesaria de Veteranos […] Entre febrero a marzo de 2022, le encontraron en el oído un pedazo de metal. Le diagnosticaron TBI – Trauatic Brain Injury- y PTSD. Tenía ansiedad severa, depresión severa y pérdida de audición”, agregó su exesposa. El veterano, quien ya ejercía como ingeniero, fue pensionado en 80 %. En ese momento decide retornar a Puerto Rico. “En abril del 2022 cuando se fue a Puerto Rico tenía una paranoia fuerte. Su salud emocional estaba por el piso. Recibía tratamiento en Veteranos de Arecibo. Los medicamentos supuestamente se los iban a enviar desde Ashvielle. Su manejador de caso era un enfermero en Arecibo. Tenía alerta roja en su expediente, y Veteranos no tomó los protocolos de seguridad necesarios para tratar a Christian. En ningún momento llamaron a la madre tan siquiera”, detalló Lugo.
La madre del veterano constató en entrevistas de prensa al momento del arresto que su hijo no estaba recibiendo tratamiento de Veteranos. Metro intentó contactarla en varias ocasiones, pero no fue posible conversar con ella.
El 30 de mayo, el peligro pasó de estar plasmado en un expediente a costarle la vida al padre de Cristian. Ahora el veterano que una vez llegó condecorado de la guerra está perdido en su mente y en el laberinto del sistema judicial para pacientes de salud mental.
¿Cómo es el acceso a salud mental en la cárcel?
El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con un hospital conocido por sus siglas como CMC (Centro Médico Correccional).
La facilidad es operada por Physician Correctional. Hay varios niveles de servicio que incluyen una unidad de hospital de psiquiatría con capacidad para 49 pacientes.
El doctor Raúl Villalobos, presidente de la empresa, explicó que la mayoría de los casos que atienden a nivel de salud mental es por abuso de sustancias controladas. Le siguen desórdenes de personalidad, depresión y bipolaridad.
