La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales (AIPR), Yandia Pérez, manifestó que la situación actual de LUMA Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) retrasa el desarrollo socioeconómico del país.
El Senado realizó hoy una vista publica de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía presidida por el senador Javier Aponte Dalmau para discutir la Resolución del Senado 588 que busca investigar el contrato de alianza entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y la compañía “Aerostar Airport Holdings, LLC”.
En su ponencia, Pérez afirmó que el contrato de LUMA es muy pobre en su redacción y padece de serios defectos.
“Esta vista con la Asociación de Industriales ha sido esencial. Los puntos que ellos han traído como entidad privada, como entidad independiente del cual han definido específicamente los defectos en el lenguaje de este contrato y por primera vez, se reconoce aquellas áreas en el contrato donde LUMA con toda probabilidad está logrando el mayor incumplimiento. Es la primera ponencia que reconoce asuntos de la mitigación de los fondos de recuperación del huracán [María] y que en esta área ha sido a través de dilemas entre la AEE y LUMA quienes han encontrado el mayor problema a través del COR3 y FEMA para el cumplimiento de estas mejoras. Además de las áreas donde el contrato debe evaluarse y modificarse”, destacó el senador Aponte Dalmau.
Pérez mencionó algunos ejemplos del incumplimiento de LUMA: la distribución desbalanceada de riesgos entre la AEE y a favor de LUMA, la delegación de LUMA es mas amplia que un contrato de operación y mantenimiento por lo que incluye delegaciones que nos satisfacen los estándares constitucionales, su inmunidad por negligencia, la subcontratación de los propios socios de LUMA sin garantías ni exigencias de la contratación, falta de controles apropiados para el “pass thru” de los costos de afiliadas de LUMA, falta de estructura de supervisión de su operación, y la inexistencia de Junta de Directores de la AEE como entidad responsable de la operación de la AEE.
La vicepresidenta de AIPR aseguró que LUMA también pretende marginar la Ley 17-2019.
“Tanto esta ley como la Ley 57-2014 establecen parámetros claros de eficiencia energética, establecen el desarrollo de la implantación de la energía renovable llegando al 100% en el 2050, abre y orden al sistema a interconexión de energía distribuida, micro y minigrid, establece el Wheeling, manejo de demanda de energía siendo estos otros derechos/deberes de los consumidores”, dijo en su ponencia.
Pérez indicó también que nadie está a cargo de la supervisión de LUMA por lo que la responsabilidad recae en el gobernador, Pedro Pierluisi.
“Ni la AEE, ni la APP, ni AFFAF, ni COR3, en fin, repetimos nadie está a cargo. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que recaer en cuanto a la ejecución ejecutiva en el Gobernador. Es el que tiene que ejercer la coordinación y la acción de la rama ejecutiva. La falta de personal cualificado, técnico, profesional en las entidades supervisoras hace que de facto no exista tal supervisión y LUMA esté sin supervisión adecuada”, aseguró la deponente.
Agregó que un gran problema es la falta de acceso a la información lo que niega el mandato de transparencia y apertura de la Ley 17 e impide la participación de los ciudadanos. De igual forma implica que haya dudas en cuando a si lo que está haciendo LUMA está alineado con lo que deben hacer para que el sistema sea resiliente.
Ante la pregunta del senador Aponte Dalmau de por qué las principales empresas norteamericanas de energía no participaron en el proceso de subasta para el contrato que ahora tiene LUMA, Pérez respondió que “las condiciones en el país no son atractivas para estas empresas porque el equipo está obsoleto”.
La vicepresidenta de la AIPR expresó que para atender el problema de manera inmediata se debe establecer un plan ordenado y técnicamente viable para reemplazar el retiro de plantas de generación del sistema; establecer acciones para integración de nueva capacidad/tecnología para garantizar abastecimiento de la demanda de manera confiable, económica y técnicamente sostenible; coordinar con las agencias para contar sistema de gestión de permisos que permita la integración de nuevos proyectos de energía de manera expedita; y establecer un plan y fondos para contar con un sistema Transmisión y distribución más sofisticado.
“Cada vez que se atrasa la implantación de la Ley 17, cada vez que no se hace una interconexión, cada vez que se arrastran los pies para aprobar producción privada y producción de los propios industriales y comerciantes, es un impedimento más al desarrollo económico, a la promoción económica y a la calidad de vida en Puerto Rico”, sostuvo Pérez.
