Un jurado federal condenó ayer, jueves, a Carlos Reyes Rosario, alias “Carlitos, el mea”, de cinco cargos por tráfico de drogas en los municipios de Caguas, Cidra y Aguas Buenas.
El hombre se enfrenta a una pena mínima de 5 años de prisión.
El convicto Reyes-Rosario fue acusado el 8 de diciembre de 2017, junto con otros 43 acusados, de concierto para distribuir heroína, crack, cocaína, marihuana, Percocet y Xanax en Turabo Heights, Brisas del Turabo, Juan Jiménez-García, Práxedes Santiago, Proyectos de Vivienda Pública Jardines de Cidra, Vistas de Jagüeyes y otras áreas cercanas a los municipios de Caguas, Cidra y Aguas Buenas, PR.
La evidencia en el juicio probó que Reyes-Rosario era líder de una pandilla en el proyecto de vivienda pública Jardines de Cidra. El territorio de la pandilla abarcaba el área metropolitana de Caguas y tenía como líder principal al prófugo federal Nelson Torres-Delgado, alias “El Burro”. El jurado escuchó evidencia de que tras el arresto y posterior asesinato de un líder pandillero anterior en Jardines de Cidra, Torres-Delgado nombró a Reyes-Rosario para un puesto de liderazgo. Reyes-Rosario se desempeñó como líder de la pandilla de Jardines de Cidra desde fines de 2015 hasta que se presentó la acusación federal.
Dentro de Jardines de Cidra, narcotraficantes armados que trabajaban bajo el liderazgo de Reyes-Rosario vendían heroína, crack, cocaína, marihuana y pastillas a plena luz del día mientras los residentes, incluidas familias y niños, seguían con sus vidas. Estados Unidos presentó evidencia de que esta pandilla habitualmente portaba armas, incluidas armas automáticas modificadas ilegalmente. La pandilla participó en violentas guerras territoriales para mantener el control de las ventas de drogas en Caguas y sus alrededores y sus correspondientes ganancias.
El Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), específicamente Caguas Strike Force, estuvieron a cargo de la investigación, con la colaboración de la DEA y los US Marshals.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares de la Sección de Pandillas, Corinne Cordero y R. Vance Eaton.
El caso fue investigado como parte de la Fuerza de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). Este grupo de trabajo integrado por varias agencias investiga y desmantela las principales organizaciones narcotraficantes responsables del movimiento de cantidades de narcóticos de varios kilogramos, así como la violencia de pandillas que genera el tráfico de drogas.
