La exclusión de 23 municipios de la declaración de emergencia que el presidente Joe Biden autorizara ayer se debió a la premura de comenzar la operación de asistencia por la emergencia y a la urgencia de cumplir con el complicado andamiaje burocrático que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha implementado para a la atención de emergencias.
No obstante, Idamis De Jesús, líder de Asistencia Individual de la Oficina de Área del Caribe de FEMA indicó que no se trató de una mala interpretación en el análisis de datos provistos por los ayuntamientos.
“La declaración expedita le permite a FEMA dos cosas, no hacer el censo del año inicial y tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible para justificar la ayuda y no hacer el censo del año en conjunto. Si esos parámetros hubieran estado en función, estaríamos hoy sin ninguna declaración”, advirtió De Jesús.
“Se trataron de analizar todos los datos que se estaban presentando lo más rápido posible para poder justificar y poner a operar los distintos programas que pueden beneficiar a los municipios. Estamos ahora en el proceso de asegurarnos que la diferencia de los 78 municipios se pueda incluir lo más rápido posible tan pronto los datos sean analizados. Nuestro compromiso es analizar todos los municipios que faltan por entrar en la declaración”, añadió.
La funcionaria federal explicó que, desde el primero de junio de 2019, FEMA utiliza guías disponibles públicamente que explican en detalle los parámetros que la agencia federal utiliza basándose en las lecciones aprendidas de la temporada de huracanes de 2017 y que brinda mayor transparencia sobre los objetivos y criterios que FEMA utiliza.
Los parámetros, o Factores de Asistencia Individual, son la capacidad fiscal del estado o municipio y la disponibilidad de recursos, la perdida de viviendas y bienes personales no asegurados, el perfil de la población afectada, el impacto a la infraestructura comunitaria, cantidad de fallecidos en la emergencia y el desempleo relacionado con el desastre.
“Hay datos disponibles públicamente que explican en detalle todos estos elementos. Aquí la parte importante es que podamos recopilar los datos que se necesitan para continuar dando apoyo a estos otros municipios que no fueron parte de esa declaración inicial”, indicó De Jesús.
La funcionaria federal aseguró que, aparte de Añasco, Hormigueros y Mayagüez, que fueron incluidos hoy bajo la declaración de emergencia, FEMA tiene equipos de trabajo evaluando los daños en los municipios de Guánica y Arecibo para incluirlos dentro de la declaración lo antes posible de cumplir con los parámetros requeridos.
“Mientras más datos podamos recolectar junto al gobierno de Puerto Rico se facilita que se pueda demostrar claramente, más allá de cualquier duda razonable, la necesidad que tienen”, indicó.
No obstante, De Jesús dijo que personas que necesiten asistencia de FEMA en los municipios que aún no han sido incluidos en la declaración de emergencia, pueden comenzar a someter sus solicitudes ya que, una vez ese pueblo sea incluido, se comenzará de inmediato con el proceso de aprobación de aquellos que cumplan con los criterios.
Han fallado antes
Creada por el presidente Carter en 1979, elevada al nivel de gabinete en 1993 e incorporada al Departamento de Seguridad Nacional en 2003, FEMA está a cargo de guiar la respuesta federal a los desastres en Estados Unidos y sus territorios, tanto naturales como provocados por el hombre.
La agencia administra el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones y la Administración de Incendios federal y también ayuda a preparar a los administradores de emergencias estatales y locales al brindar capacitación de primeros auxilios y preparación para emergencias. El Departamento de Seguridad Nacional canaliza fondos para operaciones federales y otorga subvenciones a agencias estatales y locales.
No obstante, no es la primera vez que la agencia es criticada por su excesiva burocracia y confusa respuesta como lo fue durante la emergencia provocada por el paso del huracán Katrina por el estado de Luisiana en 2005.
En ese entonces, tanto oficiales estatales como municipales en Luisiana criticaron la respuesta de FEMA a la que catalogaron como confusa, con falta de comunicación, fallo en el suplido de provisiones, fraude e indecisión, entre otras.
Pero quizás el aspecto más preocupante por el que se criticó a FEMA durante la respuesta al huracán Katrina fue la obstrucción por parte de funcionarios federales los esfuerzos privados de ayuda.
