La jueza federal Laura Taylor Swain ordenó hoy una nueva ronda de mediaciones para intentar lograr un consenso en la reestructuración de más de $8,000 millones de deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), durante la vista pautada para evaluar una solicitud sometida por bonistas que buscan dejar sin efecto el Titulo III de la ley PROMESA.
Swain también ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que presente un plan de reestructuración de la deuda para la corporación pública antes del 1 de diciembre de este año. Se programó una vista de confirmación para mediados de 2023.
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Swain permitió, sin embargo, que la JSF acudiera a los tribunales para determinar cuánto dinero deberían recibir los tenedores de bonos mientras buscan recuperar sus inversiones.
A principios de marzo, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, había anunciado que su administración descartaría un propuesto acuerdo de reestructuración de la deuda porque no era favorable para la economía de la isla ni para los clientes de la corporación pública.
Luego, el 16 de septiembre se anunciaba que las conversaciones de mediación habían fracasado. En respuesta, un grupo de tenedores de bonos solicitó que se desestimara el caso de quiebra y se nombrara a un síndico.
Hoy miércoles la jueza Swain denegó esa solicitud.
Durante la presentación de argumentos, el representante legal de la JSF, Martin Bienenstock, aseguró que “si la AEE no reorganiza sus finanzas, no será posible cumplir con los planes de ajuste ya confirmados por el tribunal a través del Título III”.
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“Nunca ha habido un intento de parte de la JSF de pagar menos sino de cumplir con su mandato de responsabilidad y acceso a los mercados y en ese proceso, pagar a los acreedores el máximo posible”, añadió.
Bienenstock reconoció sin embargo que la JSF tiene interés en que se produzca un plan de ajuste para la deuda de la AEE, pero expresó preocupación con que se fije un calendario para cumplir con este. “Vamos a necesitar cierta flexibilidad”, aseguró.
Swain advirtió también que no necesariamente se produzca un plan de ajuste tal y como lo sugieren los bonistas. La magistrada dijo sentirse optimista en que las negociaciones puedan aportar una solución al tranque.
La magistrada anticipó que la jueza Judith Dein ayudaría como líder para la nueva ronda de mediaciones en el proceso para dirimir las controversias en derecho, además dijo que se siente inclinada a la contrapropuesta de los bonistas dirigida a resolver las controversias.
De otro lado, Luc A. Despins, representante del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC), expresó su oposición a la mediación al señalar que se tiene que producir un cambio fundamental en ese proceso.
Por su parte, Jessica Méndez Colberg, abogada representando a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y del Sistema Retiro de la AEE, señaló que no tiene sentido continuar con un proceso de mediación que se ha centrado en los bonistas, mientras otras partes han quedado en segundo plano.
Méndez Colberg señaló además que le preocupa que el tribunal persiga tres procesos paralelos para reestructurar las obligaciones de la AEE, pues ello podría influenciar indebidamente el proceso de negociación.
Sin embargo, la abogada indicó que la postura de sus clientes coincide con la de la JSF en torno a que se deje en suspenso la moción para desestimar el Título III o que en su lugar se deniegue tal pedido.
