El Departamento de Justicia anunció que distribuyó $9.7 millones en fondos federales a 53 organizaciones sin fines de lucro, agencias y municipios con el propósito de ofrecer servicios directos a las víctimas del crimen y apoyar la labor social que realizan dichas entidades en la isla.
Los fondos provienen del programa federal Victims of Crime Assistance Formula Grant (VOCA, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y pueden utilizarse en la contratación de personal, compra de equipo, pago de renta y gastos necesarios para la operación, entre otros.
“La distribución de estos fondos facilita que las ayudas lleguen de forma directa y rápida a las víctimas y que se atiendan sus necesidades emocionales, psicosociales y físicas. Estos servicios les permitirán estabilizar sus vidas y participar en los procesos conducidos ante el sistema de justicia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Desde al año pasado, el Departamento de Justicia ha adjudicado sobre $25 millones de dólares en fondos del programa VOCA a distintas entidades que cumplen con esta misión.
“Las organizaciones realizan una labor esencial que complementa la gestión gubernamental para ayudar a las víctimas de delito. Valoramos el trabajo que desempeñan con entrega y vocación”, añadió el secretario, quien ha realizado distintas gestiones para incrementar estas asignaciones.
La División de Recursos Externos, en conjunto con una junta revisora del Departamento de Justicia, evaluaron las propuestas presentadas.
Otros $7 millones mediante subvención estatal
El secretario de Justicia anunció una nueva subvención estatal para atender la disminución de los fondos del programa VOCA debido a la merma poblacional. Por lo que las entidades que no han recibido los fondos tendrán otra oportunidad de solicitar.
“El gobernador, Pedro R. Pierluisi, aprobó una solicitud que realicé para identificar la cantidad de $6.4 millones de dólares como una subvención estatal para este propósito. Esta asignación presupuestaria fue incluida en el Plan Fiscal 2022-2023. Esta iniciativa nos permitirá atender y apoyar los esfuerzos para enfrentar la disminución de fondos federales y asegurar la continuidad de servicios directos a las víctimas de delito, en especial, las víctimas de violencia de género”, indicó Emanuelli Hernández, quien ha realizado múltiples gestiones para lograr incrementar los fondos designados a la isla para brindar servicios a las víctimas del crimen.
Debido a los cambios registrados en la población, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reducido las asignaciones de fondos VOCA a distintos estados y territorios. “La cuantía de los fondos asignados se calcula mediante una fórmula basada en la población de los estados y territorios, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos”, explicó el secretario.
Desde el año pasado, Emanuelli Hernández solicitó por escrito al Attorney General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, una reconsideración de la asignación realizada a la isla. Además, con el apoyo del Gobierno de Puerto Rico, se han identificado varias partidas de fondos estatales para mitigar la disminución de estos fondos. “Entendemos que la situación de Puerto Rico se puede distinguir de otras jurisdicciones, por lo que solicitamos que se incrementara esta asignación. Además, hemos sostenido reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para explicarles nuestra postura”, indicó Emanuelli Hernández.
“Aunque, por disposición del Departamento de Justicia federal, los solicitantes deben garantizar la sostenibilidad fiscal de sus proyectos si la financiación de los fondos VOCA disminuye o no está disponible, estamos tomando medidas para mitigar el impacto de la reducción. Entendemos la importancia y el rol social de las organizaciones que reciben estos fondos y continuaremos apoyándoles”, manifestó el secretario.
El año pasado, por virtud de la declaración de emergencia para prevenir y erradicar la violencia de género emitida por el gobernador, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) identificó una partida de dos millones adicionales de fondos estatales para apoyar a las instituciones que brindan servicios a víctimas de violencia de género. “Este año se aprobó esa asignación nuevamente”, añadió el titular de Justicia.
