El ex Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) del gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, radicó ayer tres querellas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por violaciones éticas en la práctica de la abogacía contra los fiscales especiales independientes que le acusan criminalmente.
Maldonado, quien es abogado y contador público autorizado (CPA), se querelló contra los fiscales Manuel Núñez Corrada y Miguel Colón por alegadas violaciones a los cánones 5 y 13 de Ética Profesional de los abogados licenciados en Puerto Rico. Una de las querellas tiene que ver con una alegación de intervención por parte de uno de los fiscales con un testigo de la defensa, mientras otras dos querellas se relacionan con la publicidad del caso contra el también exsecretario de la Gobernación.
Maldonado acudió al Supremo acompañado de su hijo y su esposa. “Estamos claro que el Supremo va a ejercer con justicia, esperamos que sea un caso que se resuelva conforme a derecho y que el debido proceso se me cumpla”, dijo el CPA a su salida del edificio del máximo foro judicial en Puerto Rico. Mientras su hijo calificó las querellas como graves. “Estas denuncias son bien serias, principalmente cuando uno de los fiscales interviene e intimida a uno de los testigos de la defensa”, dijo Maldonado, hijo, quien ayer también compartió un mensaje en sus redes sobre el gasto público en contratos a abogados en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
Núñez Corrada y Colón son los fiscales especiales independientes contratados por la OPFEI que tienen a su cargo el caso contra el también exsecretario de Hacienda. En el proceso penal que llevan los fiscales especiales se le imputa a Maldonado violar la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal. Tres de los cargos son por el artículo 5.7 A de la Ley de Ética Gubernamental que penaliza la falsificación o no presentación de información financiera y los otros tres son por perjurio correspondientes a los años en los que el CPA fue parte del gabinete ejecutivo del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló. Los cargos radicados por el FEI no fueron producto del referido de Justicia que a su vez surgió por un referido de la Oficina de la Inspectora General (OIG) al reabrir una auditoría en Hacienda en el verano del 2019, sino de uno de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre una auditoría forense a los informes financieros radicados por Maldonado durante el período que ocupó cargos públicos bajo la administración Rosselló. El caso penal está pendiente de entrar en fase de vista preliminar el próximo 9 de noviembre, al tiempo que hay una apelación pendiente ante el Supremo sobre el acceso del acusado a la prueba.
Las querellas contra los fiscales por parte de Maldonado se presentan ante el Tribunal Supremo porque es ese foro el que evalúa la conducta ética de los abogados en Puerto Rico.
La querella sobre intervención indebida con un testigo de la defensa es contra el fiscal especial Núñez Corrada. Según se alega en la querella de Maldonado, el fiscal especial intervino indebidamente con un detective privado contratado por su equipo legal.
Se relata en la querella que el detective condujo una entrevista al señor Hernán Batiz Vergara, quien es ex esposo de la auditora que realizó la auditoría forense de la OEG sobre los informes de Maldonado. El detective investigaba posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de la funcionaria de la OEG, identificada como Yaminelle Márquez Canales. Se habla en la querella de potencial ocultación de activos, beneficios y contratación indebida con entidades gubernamentales por parte de la funcionaria de OEG que eran investigadas por el detective privado.
Al siguiente día de la entrevista del detective privado con el ex esposo de Márquez Canales, el sub contratista del equipo legal de Maldonado recibió una llamada del fiscal Núñez Corrada. Según el relato en la querella, el fiscal “le ordenó que fuera inmediatamente a las oficinas del FEI a reunirse con él sin darle razones específicas”.
El detective privado reportó el requerimiento del fiscal a la abogada de Maldonado, Mayra López Mulero. “Nuestra representante legal se comunicó con el fiscal y este le pidió disculpas por dicho contacto aún sabiendo que el detective estaba conduciendo una investigación rutinaria en apoyo a nuestra defensa y le pidió que no tomara ninguna acción”, lee parte de la querella ante el Supremo. Se agrega que supuestamente el fiscal Núñez Corrada conocía que el detective sería utilizado por la defensa de Maldonado.
“Esto representa una crasa violación a los Cánones de Ética Profesional y a mi derecho del debido proceso de ley. Respetuosamente, se solicita al Honorable Tribunal Supremo, que investigue a fondo y le aplique las sanciones correspondientes al fiscal Núñez Corrada”, lee la querella presentada por el propio Maldonado.
Sobre la ausencia de la abogada del exfuncionario en el trámite ante el Supremo, Maldonado, hijo, dijo que “es un derecho que el padre mío ha decidido tomar por su cuenta porque entendemos que tenemos que hacer valer e investigar a los que investigan cuando hacen violaciones crasas al Código de Ética”.
De otra parte, sobre el canon 13 referente a publicidad en el caso se radicaron querellas contra Núñez Corrada y Colón. Se cita que el referido canon establece que “el fiscal debe abstenerse de publicar o de cualquier manera facilitar la publicación en periódicos o a través de otros medios informativos, detalles u opiniones sobre casos criminales pendientes o que señalen la probabilidad de casos criminales futuros, pues tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida administración de la justicia”.
Maldonado incluye artículos de prensa en los que plantea que los fiscales violaron el canon 13 sin que existieran circunstancias extraordinarias que requirieran hacer las manifestaciones que vertieron en los medios.
Los Maldonado anticiparon que se preparan para radicar otras querellas en diversos foros por violaciones a sus derechos, así como referidos por asuntos que han descubierto en el proceso de investigación que iniciaron como parte de su defensa.
También, Maldonado, hijo, dijo que próximamente van a presentar a la Cámara de Representantes copia de las querellas radicadas en el Tribunal Supremo, ante la intención del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez de enmendar o derogar la Ley del FEI.
En el caso del FEI contra Maldonado, se alega que este ocultó en los informes ante la OEG ingresos por $170,688.27 en un período de tres años. La abogada de Maldonado ha dicho que se trata de un asunto técnico, ya que no son ingresos. López Mulero ha cuestionado por qué la OEG no atendió su señalamiento mediante un proceso de vista administrativa y optó por un referido penal a Justicia. La abogada sostiene que se trata de una represalia por las expresiones de los Maldonado en el verano de 2019, época en la que salió a la luz pública un chat de Telegram que desembocó en masivas protestas que culminaron en la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló.
De ser encontrado culpable, Maldonado se expone a tres años de prisión.
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