Además del negocio de administración de residenciales públicos, actividad por la que las autoridades federales conducen una pesquisa que involucra a Walter y Eduardo Pierluisi Isern, quienes son primos del Gobernador Pedro Pierluisi, las familias Pierluisi Isern y Pierluisi González-Coya tienen más de una veintena de empresas activas en el área de las bienes raíces, la consultoría y la administración de negocios e inmuebles.
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De las 21 corporaciones y compañías de responsabilidad limitada en Puerto Rico, y tres adicionales creadas en el estado de Florida que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) identificó como vinculadas con Walter y Eduardo Pierluisi Isern, American Management and Administration Corp., y Puerto Rico Economic and Housing Development han tenido contratos con el Gobierno de Puerto Rico y municipios, según la Oficina del Contralor (OCPR).
American Management tiene dos contratos vigentes con la Administración de Vivienda Pública (AVP) para la administración de 34 residenciales públicos en Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Rincón, San Sebastián, Arecibo, Hatillo, Lares, Quebradillas y Utuado. En la ejecución de este contrato es que se centra la pesquisa dirigida por la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD-OIG) y que el jueves condujo al allanamiento de material en las computadoras de la compañía y teléfonos celulares.
Dedicados a las bienes raíces y otros menesteres
Walter Pierluisi Isern, quien preside American Management, junto a su hijo Walter Pierluisi González-Coya, registró en junio de 2019 la compañía de responsabilidad limitada Avant-Garde International para proveer servicios de consultoría sobre la Ley 20 de 2012 a clientes que se encuentren fuera de Puerto Rico y que reciben exenciones contributivas por ser empresas establecidas en Puerto Rico que exportan servicios. En 2019, se consolidaron docenas de leyes de incentivos, entre ellas las leyes 20 y 22 de 2012, en la Ley 60.
Seis meses antes de organizar Avant-Garde International, estos dos abogados registraron, en noviembre de 2018, Avant-Garde LLC para ofrecer servicios de consultoría y planificación sobre bienes raíces y el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales tanto en la Isla como en Estados Unidos. También ofrecen servicios legales para aquellas compañías de responsabilidad limitada que quisieran incorporarse en Puerto Rico.
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El dúo además registró en marzo de 2019 Avant-Garde Law LLC para proveer servicios legales de consultoría a clientes domésticos e internacionales ya sean individuos o corporaciones.
Pierluisi Isern tiene varias entidades registradas con el propósito de bienes raíces como Ozeano LLC, establecida en septiembre del año pasado. Hasta abril de 2022, Eduardo Ferrer Ríos figuraba como su administrador, según una resolución corporativa presentada al Departamento de Estado. El ex representante popular también tiene su propia compañía de bienes raíces, Inmobiliaria Reina del Mar 1234, y, además, es representante del interés público en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, tras ser nombrado por Ricardo Rosselló Nevares.
Ayer, durante los allanamientos que realizó el FBI, Ferrer Ríos se presentó ante los medios, junto a Osvaldo Carlo Linares, como uno de los abogados de los empresarios bajo investigación federal. El CPI se comunicó con el exlegislador para conocer si tiene alguna participación económica con esta u otras empresas de Pierluisi Isern, pero al momento de publicar esta historia, no había respondido.
Desde febrero de 2022, Pierluisi Insern y su hijo también aparecen como administradores de Macías Development una LLC para el desarrollo, construcción, administración, inversión, así como la compra y venta de propiedades.
Además, registraron Crown Real Estate Investment en el Departamento de Estado con el propósito de adquirir, construir, remodelar, administrar y vender bienes inmuebles. Aunque registrada desde enero de 2016, la corporación no ha tenido actividad, según los informes de balance presentados al Departamento de Estado. Tuvo un capital inicial de $1,000 que mantuvo hasta el 2020.
En el 2021, los Pierluisi registraron Crown Real Estate Development & Consulting. La compañía se organizó para “promover el desarrollo económico de Puerto Rico por medio de la planificación, estructuración, desarrollo y administración de proyectos estratégicos y servicios de consultoría”.
Desde 2006, Pierluisi Isern mantiene activa Pier Property Management para la administración y mantenimiento de propiedades. En el 2011 fue la última vez que la corporación tuvo capital en positivo. Desde el 2012, la empresa reportó pérdidas de capital que para el 2020 eran de casi $10 millones. Todavía no ha presentado al Departamento de Estado el informe correspondiente al 2021.
En abril de 2019, se registró la compañía PRG Development Group, en la que Walter Pierluisi Isern y Walter Pierluisi González-Coya figuran como personas autorizadas. La entidad tiene el propósito de agrupar profesionales con la capacidad de promover, conceptualizar, planear, desarrollar y administrar vivienda pública y subsidiada en Puerto Rico. Los administradores de la compañía son DJC Consulting — que es una corporación foránea —, QB Group y PRG Affordable Housing Development, ambas domésticas. Pierluisi Isern y Pierluisi Pierluisi González-Coya son también los incorporadores de PRG Affordable Housing Development registrada en 2018 para el desarrollo de vivienda asequible en Puerto Rico.
Bajo los nombres de estos dos abogados también aparecen registradas empresas vinculadas con la construcción, el reciclaje, la operación de restaurantes, así como para el manejo y almacenamiento de documentos digitales. En algunas de estas también tiene participación Eduardo Pierluisi Isern y varias de ellas han existido como entidades jurídicas por varios años, pero en la práctica no han tenido activos ni pasivos, según sus informes.
Pierluisi González-Coya tuvo entre octubre y diciembre de 2020 un contrato ad honorem, que quiere decir que no recibe paga, con la Comisión Estatal de Elecciones para prestar servicios como asesor del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo.
Pesquisa federal tiene que ver con la administración de los residenciales
El abogado Osvaldo Carlo Linares, quien representó a la corporación y a su presidente Walter Pierluisi Insern en el proceso de allanamiento, dijo al CPI que la información allanada corresponde únicamente a American Management. El letrado intuye que la pesquisa que mantienen las autoridades federales podría girar en torno a las subcontrataciones que ha hecho esta empresa como parte de los servicios que ofrece en los residenciales, entre ellos jardinería, plomería, pintura y reparación de infraestructura, entre otros.
El abogado descartó que la investigación federal tenga relación con los contratos que tiene American Management con el Municipio de Yauco para la demolición de estructuras que quedaron inservibles tras los terremotos de principios del año 2020 y la revitalización del centro urbano tras el paso del huracán María. Según Carlo Linares, tampoco guarda vínculo con el acuerdo entre la empresa y el Municipio de Peñuelas para demolición de estructuras afectadas por los sismos. Todos esos proyectos son subsidiados con fondos federales de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) o del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés).
“Nos parece, de la orden de allanamiento y lo que incluye, y las distintas operaciones que ellos les requieren información, que muy probablemente todo esto está dirigido a contrataciones de parte de American, de los terceros que ellos tienen que contratar para el servicio de administración que brinda”, opinó el abogado
Carlo Linares señaló que el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) establece regulaciones a los administradores de vivienda pública sobre las subcontrataciones que hacen y que “ellos [los administradores] pueden contratar directamente o tienen un requerimiento de pedirle tres estimados o tienen que celebrar subastas. Lo que vimos es que hay mucha información que está relacionada con contratistas del ente de la empresa en lo que tiene que ver con la administración de los residenciales”.
Según Carlo Linares, las órdenes de allanamiento diligenciadas este jueves no estaban dirigidas al bufete de Walter Ricardo Pierluisi Isern, aunque los agentes entraron a las facilidades, que son contiguas a la oficina de American Management. Dijo que las autoridades entraron a la oficina legal ya que allí Pierluisi Isern guardaba algunos récords de la otra empresa. Ambos empresarios entregaron además sus celulares. De acuerdo con Carlo Linares, a su cliente no se le comunicó que es objeto de la investigación.
Los contratos de American Management vigentes con la AVP, y los municipios de Yauco y Peñuelas totalizan $9.4 millones. La administración de los residenciales públicos en Puerto Rico se privatizó en 1992, mediante acuerdo entre la AVP y la Housing and Urban Development federal. La responsabilidad de la AVP consiste en asesorar, fiscalizar, evaluar y dar seguimiento a las operaciones delegadas en las compañías privadas contratadas.
La AVP indicó al CPI que su proceso ordinario de auditoría y monitoría a los administradores de los residenciales consiste en establecer un plan de acción correctiva cuando tienen hallazgos de esas auditorías. La agencia no precisó si American Management se encuentra bajo un plan para corregir fallas ni la frecuencia de las auditorías y monitoreos que dicen realizar.
En declaraciones escritas, la AVP señaló que la selección de las compañías administradoras de los residenciales públicos se hizo mediante un proceso de subasta. El documento de aviso de subasta señala que la competencia fue a través de un requerimiento de propuestas (RFP, en inglés) y que la apertura de la subasta fue el 9 de junio de 2020. El contrato con American Management se firmó el 30 de octubre de ese año y expira en octubre del 2023.
A la fecha la AVP no ha recibido información oficial por parte de las autoridades pertinentes sobre la investigación en curso, afirmó la agencia por escrito.
“La AVP no se encuentra en posición de poder emitir un juicio u opinión sobre lo que abarca la investigación. No obstante, nuestra agencia se mantiene en comunicación con las agencias federales y nos encontramos a la disposición para atender y contestar cualquier solicitud de información, como parte del proceso investigativo en curso”, dijo la AVP.
La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso dijo al CPI que su oficina actualmente realiza una auditoría de esta agencia que está adscrita al Departamento de la Vivienda. La última auditoría que se realizó a esta agencia comprendió el periodo del 1 de marzo de 2004 al 31 de agosto de 2009. Es decir, que durante 13 años no se han hecho auditorías a la AVP.
También tienen acuerdos con otras entidades de Gobierno
American Management tiene un capital de $593,753, según los informes de balance registrados por la corporación en el Departamento de Estado correspondientes al año 2021.
La otra entidad de Walter Pierluisi Isern que tuvo contratos con el Gobierno fue Puerto Rico Economic and Housing Development, que es una organización sin fines de lucro. El acuerdo fue firmado en el 2018 por el Municipio de Toa Alta para la administración de la construcción de un proyecto que comprendía un edificio multiusos y un estacionamiento, tarea por la que recibiría $200,000 una vez se recibiera el reembolso de HUD.
Según los documentos registrados en el Departamento de Estado para el año en que se firmó el acuerdo, la entidad tenía una deficiencia de capital de -$33,948. De hecho, desde el 2017 arrastró deficiencias y en el informe de 2021 dice no contar con capital alguno.
Mientras, en 2013, la empresa Docu-Warehouse, incorporada por Pierluisi Insern y Pierluisi González-Caya, firmó un acuerdo no financiero con la Compañía de Comercio y Exportación. El contrato no está disponible en la OCPR para corroborar si fue para la prestación de algún servicio o si se trató de algún tipo de incentivo.
