Si la Legislatura se apresta a canalizar esfuerzos para la cancelación del contrato que establece la operación de LUMA Energy para la distribuir energía en Puerto Rico, tendrá que aprobar dos medidas tan pronto como esta semana, adelantó el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz.
Se trata de la Resolución Conjunta del Senado 326, que ordenaría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de la Alianzas Público Privadas (AAPP) a presentar un plan de trabajo completo ante la posible cancelación del contrato, y la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordena a ambas entidades públicas a notificar a LUMA Energy que darán por terminado el contrato.
La Resolución 326 espera por la aprobación de la Cámara, mientras que la 315 hace lo propio en el Senado.
“Si la Cámara no aprueba esa resolución estaríamos tarde para exigir cualquier terminación del contrato”, expresó el representante durante una entrevista telefónica con Metro Puerto Rico.
“Esas legislaciones tienen que ser aprobadas esta semana porque no habría tiempo para manejar la cancelación. Una vez se vence ese contrato, también queda fuera el de los 15 años”, sostuvo el legislador.
De acuerdo a la Resolución 315, la cancelación del contrato debe ocurrir si la empresa incumplió con las disposiciones del contrato. Según las investigaciones legislativas que ha realizado la Cámara, LUMA ha incumplido en unas once instancias que incluyen administración deficientes de fondos públicos, gastos en exceso de lo estimado, ingenieros ejerciendo sin licencia, entre otros alegatos.
Al ser cuestionado sobre si las medidas tendrían los votos requeridos para ser aprobados, Torres Cruz contestó en afirmativa.
“Tendrían 30 votos en la Cámara y al menos 17 en el Senado, con las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad (PD), el senado independiente José Vargas Vidot y yo”, dijo.
