Según un informe realizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la implementación de la Ley 141 de 2019, mejor conocida como la Ley de Transparencia, en el gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente por lo que el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido.
El informe “La transparencia en Puerto Rico: Sobre el (in) cumplimiento del gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019″ fue creado por el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, becario de Equal Justice Works, junto a estudiantes del programa Pro-Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana bajo la dirección de la profesora Mary Lucy González Báez.
La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública implica que todo ciudadano puede solicitar información pública sin tener que justificar su motivo. Además, establece que cada agencia de gobierno, municipio o dependencia gubernamental tiene que designar oficiales de información quienes recibirán todas las solicitudes de los ciudadanos.
“Según los datos que hemos recopilado, la administración de turno ha hecho muy poco para mejorar el estado de la transparencia en el País. Esto tiene como consecuencia que la ciudadanía, a tres años de aprobada la Ley 141, todavía no conoce cómo y a quién puede solicitar información pública. Hay ejemplos contundentes en este informe”, señaló Ramos Hernández.
Uno de los retos que enfrentaron para hacer la investigación fue la falta de recopilación de estadísticas oficiales ya que la Ley de Transparencia no dispone de un proceso para que el gobierno genere datos centralizados sobre su cumplimiento con las disposiciones de la ley.
Para remediar el incumplimiento se presentaron dos demandas, específicamente a tres agencias: el Departamento de Educación, el Departamento de Seguridad Pública y al Departamento de la vivienda solicitándoles sus informes mensuales y estatus de los adiestramientos a sus oficiales de información. Asimismo, se presentó un acción legal en contra de 16 municipios para que provean la información de contacto de los oficiales de información. Los municipios son: Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco.
Entre los hallazgos más importantes está que el 25% de los oficiales de información en la rama ejecutiva (120 agencias) y el 68% de los 78 municipios fueron designados con posterioridad y en respuesta a solicitudes de información cursadas por el CPI.
Asimismo, a pesar de que el 98% de los oficiales de información en la rama ejecutiva habían sido designados, solo el 39% de las agencias tienen disponible el contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono) en sus páginas web. En el caso de los municipios, el 76% tiene oficiales de información y solo dos tienen disponibles los contactos. La Fortaleza y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aún no tienen esta información disponible en sus páginas web.
De una muestra de 22 entidades gubernamentales, 13 habían ofrecido a sus oficiales de información los adiestramientos educativos requeridos por ley. Mientras que el 26% de las agencias han rendido al menos uno de los informes estadísticos mensuales que recoge el número de solicitudes de información recibidas, el tipo de información solicitada y el estatus de estas, y solo el 18% tiene disponibles estos informes en sus páginas web. Y Cidra es el único municipio que ha adiestrado a sus oficiales de información.
“El gobierno no tiene como prioridad que las personas en Puerto Rico tengan acceso a la información pública, un derecho consagrado en la constitución de Puerto Rico. Además, me preocupa que estas entidades gubernamentales no cuentan con los recursos necesarios para adiestrar a sus oficiales de información. Desafortunadamente me topé con la lamentable realidad que muchas personas experimentan al navegar estas paginas web que no están al día y que no son accesibles y fáciles para un persona común y corriente”, aseguró la estudiante del programa Pro-Bono Gabriela Vélez Martínez.
A raíz del informe, recomendaron la designación inmediata de todos los oficiales de información, la publicación inmediata de la información de contacto en sus páginas web, la capacitación inmediata de los oficiales de información, que la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes asuman una responsabilidad en coordinar estos esfuerzos, y que los informes estadísticos mensuales incluyan renglones que permitan generar datos confiables.
“La transparencia es una obligación básica de todo gobierno democrático. No debería requerirse un trabajo titánico como el que hicieron el licenciado Ramos Hernández y los estudiantes de Pro-Bono de la Inter Derecho para que un gobierno cumpla con su propia ley tres años después de implantada la misma. Tampoco deberíamos estar obligados a recurrir a los tribunales para lograr ese cumplimiento. Es particularmente notable que las administraciones municipales, que piden tener más recursos y responsabilidades públicas bajo su control, reflejen la misma dejadez, o peor, en cuanto a cumplir con la transparencia, que la del gobierno central”, comentó el licenciado Oscar J. Serrano, cofundador del CPI y codirector de su Programa de Transparencia.
