El Senado avaló el Proyecto del Senado 234 que propone enmendar la Ley para Reglamentar la Práctica de los Consejeros Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Esta medida pretende otorgarle a la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad para desarrollar y ofrecer un examen de reválida, y mantener el examen “National Certified Counselor” administrado por National Board for Certified Counselors, como opción para cumplir con los requisitos de licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto Rico y establecer medidas transitorias. Además, la Junta otorgará un examen de reválida producido en Puerto Rico, atemperado a nuestra población, que reconozca los conocimientos en áreas fundamentales de la Consejería Profesional y para otros fines.
Según se desprende de la exposición de motivos del proyecto “la realidad de los procesos actuales de la Junta de Consejeros Profesionales, no les viabiliza su intención de servir al país. A todo consejero ya graduado de universidades acreditadas en Puerto Rico, se le requiere revalidar para poder ejercer la profesión… [Con] un examen que no se atempera a los currículos y necesidades de Puerto Rico, ya que este fue creado y estandarizado para los Estados de la Nación Americana, exceptuando Puerto Rico y otros territorios”.
El senador de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Ruiz Nieves, expresó en su turno que con este proyecto “se pretende que la Junta [tenga] el espacio de trabajar una reválida atemperada a la realidad de Puerto Rico… Se ven tres enmiendas sencillas, pero son importantes para [retener a estos profesionales]. Los requisitos básicos del Departamento de Salud se mantienen, partiendo de esto es meritorio darle el voto de confianza a este proyecto”.
Por su parte, la senadora de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón explicó que prevalece la posibilidad de tomar la reválida que está estandarizada bajo los preceptos de los Estados Unidos para aquellos profesionales que así deseen tomarla. Sin embargo, expresó la importancia del proyecto ya que “con las enmiendas que se han considerado en el proyecto debería ser aprobado para abrir paso a la posibilidad de que haya esa [reválida atemperada a la idiosincrasia puertorriqueña]”.
Asimismo, el senador independiente José Vargas Vidot favoreció el proyecto y dijo que “este ejercicio debe abrir el espacio como un principio rector para otras profesiones… estamos hablando de un país que necesita urgentemente validar [la calidad de profesionales que se forman aquí]… en otros lugares le pagan lo que aquí no le pagan”.
El Alto Cuerpo además le dio paso al Proyecto del Senado 469 que propone crear la Ley de Justicia Salarial para los Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda a los fines de establecer un salario base adecuado para los Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda no menor de $2,250.00 mensuales. Según presenta el proyecto el salario base actual de los Agentes Fiscales Especiales fluctúa en $1,600.00.
“Resulta imprescindible poner en marcha el Plan de Clasificación y de Retribución Uniforme para los empleados públicos cuyos salarios están actualmente por debajo de las escalas salariales y los cuales no compiten con la mayoría de los salarios ofrecidos por la empresa privada en iguales posiciones de empleo”, reza en su exposición de motivos la pieza legislativa.
Por su parte, el senador Ruiz Nieves expresó que “si logramos que esas escalas salariales cambien [habrá mayor empleomanía], si cambiamos esos salarios básicos [provocará] que salgan más personas a trabajar… [este proyecto le brinda] justicia salarial para que esa fuerza laboral salga y se integre en el gobierno para dar los servicios que el país necesita”.
Otra de las medidas avaladas por el Senado fue la Resolución del Senado 297 que propone evaluar los servicios ofrecidos por el Gobierno, a los fines de identificar aquellos que ameriten ser protegidos y declarados como esenciales por su impacto, relevancia y pertinencia para la sociedad puertorriqueña.
También, se le dio paso a la Resolución del Senado 641 que propone se investigue cómo el Departamento de Educación de Puerto Rico trabaja la inteligencia emocional de los estudiantes y maestros en las escuelas públicas del país.
“Reforzar la inteligencia emocional a una edad temprana tiene como beneficio que los niños sepan manejar sus emociones y sentimientos, puedan entender a sus pares, mejoren su capacidad de comunicación, aprendan cómo conducirse en situaciones de dificultad, entre muchos otros. Esto a su vez, a largo plazo o en la adultez, ayuda a prevenir enfermedades de salud mental, suicidios, violencia de género, entre otros problemas sociales”, expresa en su exposición de motivos la medida.
El Alto Cuerpo también avaló las siguientes medidas el Proyecto del Senado 247 en su reconsideración, la Resolución Conjunta del Senado 167, Resolución del Senado 200, 634, 649 y los Proyectos de la Cámara 1203 y el Proyecto de la Cámara 1119 en su informe de conferencia.
