La cancelación de la deuda en bonos que arrastra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es viable jurídica y estratégicamente, y constituye la única via para asegurar los recursos que permitan la estabilización y transformación del sistema eléctrico, opinó Rolando Emmanuelli, representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (UTIER).
Según indicó a Metro el experto en la La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), esta incorpora disposiciones del código de quiebras que permiten eximir a la corporación pública del pago a los bonistas a la luz de que estos no están asegurados.
“Esa es la situación, se puede cancelar no solamente en términos jurídicos, sino políticos también”, aseguró Emmanuelli.
“Es la única manera en que podremos tener una compañía que dé un servicio confiable porque el mercado de energía eléctrica está en transformación. La gente está emigrando a energías renovables y hay menos consumo, se están desconectando las personas y eso hace que la demanda baje”, añadió.
Tal y como había solicitado en septiembre pasado la coalición de organizaciones Queremos Sol y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, es imperativo disolver la deuda ante la crítica situación que enfrenta el sistema energético de Puerto Rico y que se continúa agravando a medida que la crisis climática se hace más evidente.
“Lo sensato es cancelar la deuda como expertos en finanzas han recomendado. No se pueden aceptar acuerdos bajo los parámetros que los bonistas pretenden imponer, que solo buscan aumentar el costo de la luz para garantizar el pago total de sus bonos. La negociación con los bonistas no es la única vía. Debe retomarse el litigio que cuestiona los derechos de cobro de los bonistas”, declaró en comunicación escrita en septiembre Myrna Conty, Portavoz de Queremos Sol.
Emmanuelli, por su parte, informó que hoy, lunes, se sometería ante el Tribunal federal un recurso en respaldo de la cancelación de la deuda de la AEE.
“El Sistema de Retiro y la UTIER, radicamos una moción en apoyo a que la jueza anule la garantía de los bonistas y si lo hace, al no tener garantías, los bonistas cobran lo que sobre”, explicó el veterano abogado.
“En este caso la AEE está en el hueso y no sobra nada para pagar. Y es la única manera que podamos darle financiamiento apropiado a las operaciones y a solventar el problema que tiene la AEE con el sistema de retiro, que es un problema serio. Hay más de 15,000 personas que dependen de eso”, indicó.
Segú dijo Emmanuelli, el tranque está en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) – organismo creado bajo el amparo de la Ley Promesa – continúa negociando con los bonistas a sabiendas de que podría anular las garantías de los bonistas tal y como se logró en el caso de la quiebra de la Autoridad de Carreteras.
“No dudemos que quieran imponernos el famoso cargo de $23 mensuales en la factura antes de diciembre en un acuerdo con los acreedores. Ese es el riesgo que hay, porque si ellos llegan al acuerdo, ellos van a desistir del caso. Lo mismo que hicieron en el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (CONFINA), que tenían tremendo caso contra COFINA porque eso fue extraconstitucional y lo archivaron mediante un acuerdo y – voy a decirlo crudamente – nos clavaron con el plan de ajuste de COFINA”, aseguró el abogado.
Responsabilidad de quienes la propiciaron
Emmanuelli mencionó que la idea de cancelar la deuda de la AEE no es un asunto nuevo, en 2019 el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), a través de su director de análisis financiero, Tom Sanzillo, indicó durante una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal que es sumamente probable que fracasen los planes de privatización actuales y que la responsabilidad de dicha deuda no debe recaer sobre los consumidores.
“Sanzillo plantea que aquí quienes tienen que cargar con el golpe son las compañías que propiciaron la deuda de la AEE, porque ellas sabían que la corporación pública no podía pagar y a sabiendas, lo hicieron, así como también las aseguradoras que contrató la propia AEE para responder”, indicó Emmanuelli.
“Sanzillo dice que el capital que tienen esos dos sectores de entidades financieras es de trillones de dólares, así que la deuda de la AEE para ellos es un pellizco en sus estados financieros. Para eso hace falta voluntad política de la JCF, que sabemos que no la tiene porque la JCF actúa en favor de los intereses de los bonistas y no del pueblo de Puerto Rico”, añadió.
Según indicó Sanzillo durante su deposición ante el Congreso en 2019, sin una inversión adecuada, la próxima gran tormenta en Puerto Rico costaría aún más vidas y retrasaría aún más la recuperación económica si no se toma acción inmediata ante la situación.
