El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunció que ordenó el archivo de la querella presentada contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre alegaciones de que mientras ocupaba el cargo de senador por San Juan, mantenía en nómina a empleados fantasmas.
“Al examinar minuciosamente el informe, el PFEI ordeno el archivo por falta del quantum de prueba necesario, de la querella ante su consideración sobre actuaciones de Romero Lugo”, lee el informe del PFEI.
“La investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia no encontró causa suficiente pan creer que el ahora alcalde Romero Lugo hubiese incurrido en conducta delictiva en los procesos de reclutamiento y pago del personal de su oficina, entre otros asuntos”, añade.
La querella que activó el proceso investigativo fue presentada por Ia Sra. Raquel Evin Vélez Molina, quien fuera empleada del entonces senador en la Comisión de Gobierno y Asuntos Electorales.
Según la pesquisa preliminar de Justicia, Romero Lugo prescindió de los servicios de Vélez Molina cuando por decisión del Presidente Senatorial, dejó de presidir la referida comisión.
A raiz de este suceso, la exempleada alegó que en la oficina senatorial se mantenían como empleados fantasmas a ciertos contratistas y se manejaban asuntos políticos para adelantar la candidatura de Romero Lugo a alcalde.
De la investigación de la DIPAC, luego de entrevistar a múltiples testigos y recopilar evidencia documental, no surgió prueba que sustentara Ia alegada acción delictiva.
Los contratistas realizaban sus labores según pactadas contractualmente, no se encontró evidencia de manejo impropio de propiedad o recursos públicos, como tampoco hubo testigos que sostuvieran haber recibido instrucciones políticas del senador.
“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEl. Más bien, la querella se basó en conjeturas y opiniones no confirmadas. De conformidad con lo expresado, se ordena el archivo definitivo de este asunto,” reza en su parte final la resolución emitida por el PFEI.
La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia también tiene en sus manos una investigación contra el alcalde y los legisladores Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro relacionada a trabajos de asfalto de la compañía J.R. Asphalt.
La querella fue radicada el pasado lunes por Adrián González, Rossana López y Manuel Natal, quienes exigen una pesquisa contra Romero.
El tiempo para llevar a cabo esta otra investigación se extendió debido al paso del huracán Fiona por la isla el pasado mes de septiembre.
El referido contra los funcionarios está vinculado a los trabajos de asfalto realizados por la empresa presuntamente de manera gratuita cuando Romero aún era legislador por San Juan. Para el 2019, Romero habría coordinado con los legisladores de San Juan los trabajos de asfaltado en varios precintos de la capital.
