El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, refirió a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor las alegaciones de la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez en torno a que recibió instrucciones de paralizar la investigación de la muerte de Kevin Fret por parte de la exjefa de fiscales, Olga Castellón, bajo la administración de la entonces secretaria Wanda Vázquez Garced.
“Luego de examinar los informes y documentos relacionados con el caso, referí este asunto a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para que evalúe si hubo comisión de alguna actuación ilegal. Son alegaciones serias que deben examinarse con mayor detalle de acuerdo con las leyes y reglamentos. Es importante aclarar que por sí solo la paralización de una investigación no constituye un acto ilegal, pero tiene que existir una justificación conforme a la ley y a las facultades del cargo”, indicó Emanuelli Hernández.
“Bajo mi administración, en el Departamento de Justicia todo se atiende conforme a la ley y sin distinción de personas. La autoridad de investigar y procesar a cualquier ciudadano debe ejercerse con diligencia, cautela y rigor; sin presiones de ningún tipo, ni políticas ni de nadie en los medios de comunicación. Estamos consciente de la responsabilidad tan grande que tenemos, y realizamos las evaluaciones conforme al derecho, la evidencia y la conciencia. La confianza del pueblo es esencial para el procesamiento de delitos de manera efectiva. No vamos a permitir que nada ni nadie ponga en riesgo la integridad del Departamento de Justicia y sus funcionarios. Quien actúe de manera ilegal será investigado y procesado”, añadió.
El secretario aseguró que la investigación sobre la muerte de Kevin Fret Rodríguez continúa su curso y “nos aseguraremos de que se atienda debidamente para hacerle justicia a la víctima y a sus familiares, igualmente que se trabaje con la confidencialidad que requieren los procesos investigativos para que posteriormente pueda probarse más allá de duda razonable en un tribunal”.
La fiscal Betzaida Quiñones responsabilizó a la exjefa de los fiscales, Olga Castellón y a la exgobernadora Wanda Vázquez por la paralización de la investigación del caso del asesinato del trapero Kevin Fret.
“Cuando yo estaba en el alta del caso, haciendo todas las entrevistas que yo estaba haciendo y el listado de entrevista que yo tenía, porque yo tenía un listado de entrevista de más de 50 personas que tenía que entrevistar, yo recibí instrucciones de la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, bajo el mandato de Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia, que se me detuviera toda la investigación”, dijo la veterana fiscal al programa Lo Sé Todo de WAPA TV.
“Ella me dio instrucciones de que todas las investigaciones y todas las entrevistas que yo tenía previamente citadas, inclusive estaban citadas para la semana después que ella da el mandato de que se paralizara la investigación. Me paralizó todas las investigaciones que yo tenía corriendo, paralizaron los habeas corpus que había solicitado para entrevistar personas que estaban detenidas en diferente cárceles del país que podían aportar a la investigación. Se paralizó todo”, sostuvo.
Quiñones, dijo, además, que pidió explicaciones, pero nunca las obtuvo.
“A mí no me dieron explicaciones, solamente me dijeron que se tenía que tramitar a través de la Oficina de la Jefa de Fiscales lo cual a mí me pareció sumamente extraño porque este caso es igual que cualquier otro caso en Puerto Rico “, apuntó.
Aseguró que en el caso, junto al agente investigativo, tenía un tracto de las personas que debía entrevistar, pero que cada vez que solicitaba autorización a través de la Oficina de la Jefa de los Fiscales se lo denegaban.
“Cada vez que pedía autorización a la jefa de fiscales se me denegaba y yo no te puedo decir que fue Olga Castellón solamente, te tengo que decir que fue también Wanda Vázquez porque era la que estaba dirigiendo el Departamento de Justicia en ese momento”, dijo.
De igual manera, manifestó que los federales no asumieron la jurisdicción del caso a pesar de tocar varias puertas de agentes federales por entender que se trataba de un asesinato por encargo.
“Yo traté en varias ocasiones de que ellos tomaran la jurisdicción del caso, pero ellos sí colaboraron hasta cierto punto en la investigación pero no entraron a investigar el caso”, apuntó.
Dijo que luego de que el agente que inició el caso cambiara a un puesto federal, la Policía, de manera administrativa, decide darle el caso a otra división que es Crímenes Mayores con otro agente a su cargo, pero la misma fue paralizada en 2021.
El trapero abiertamente gay, falleció en enero del 2019 en el Centro Médico de Río Piedras a donde fue trasladado luego de ser baleado en Santurce mientras conducía una motora Yamaha del año 2017. El joven artista recibió ocho impactos de bala y uno de ellos mortal en la cabeza. Como parte de las teorías se alega que el occiso tenía en su poder un video que pudo ser el motivo de su asesinato.
