Del CPI
El Departamento de Educación (DE) incrementó hasta 25 veces más el monto original de contratos otorgados a centros de evaluación y terapias para estudiantes del Programa de Educación Especial sin que las enmiendas expliquen la razón para aumentar los acuerdos de servicios.
La falta de transparencia en este tipo de contratación gubernamental es una de las prácticas que procura erradicar la organización puertorriqueña Sembrando Sentido, entidad que desarrolló la plataforma digital Contratos En Ley. Inspirada por la organización sin fines de lucro Open Contracting Partnership con sede en el Distrito de Columbia, que estudia los patrones de corrupción y conductas sospechosas en la contratación pública. Contratos en Ley estrenó esta semana una nueva metodología para, mediante un buscador, extraer y parear información de las bases de datos del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, el Registro de Donantes del Contralor Electoral y la plataforma Open Corporates, lo cual facilita la identificación de los contratos.
Según propone Sembrando Sentido, las contrataciones por más de $250,000 otorgadas a compañías de reciente creación, a donantes políticos o enmendadas sobre el 30% de la cuantía original levantan “banderas rojas”. De este modo, la plataforma identificó más de 69 mil contratos públicos con “banderas rojas” que podrían representar un posible riesgo de corrupción e ineficiencias.
“La herramienta de banderas rojas forma parte de Contratos En Ley y está disponible para entidades, periodistas y ciudadanos que deseen conocer y monitorear el uso de los fondos públicos, para lograr una mayor transparencia de las transacciones en el Gobierno y evitar la corrupción”, indicó Issel Masses, directora Sembrando Sentido.
Una “bandera roja” no significa que existe una violación de ley o reglamento, es más bien un llamado de atención de que algo podría haber influido en esa contratación, o que puede haber ineficiencias de parte de las agencias en la administración de esos contratos, o que no se han abierto nuevos procesos de competencia para la prestación de un servicio u obra. Corresponde al internauta buscar información adicional si quiere corroborar algún aspecto de la contratación.
Millonarias enmiendas en contratos de Educación Especial
Con los datos que tiene disponible la plataforma, el CPI analizó los contratos que levantaron bandera roja otorgados por Educación entre 2021 y 2022, y encontró que las cuantías originales de los contratos de servicios de terapias para sus estudiantes aumentaron rápidamente mediante enmiendas.
Por ejemplo, en enero de 2022, entró en vigor un acuerdo por $200 mil entre Educación y Desarrollo Comunicológico de Arecibo, Inc. que vencía el 30 de junio del mismo año “para evaluaciones y terapias de los estudiantes con impedimentos en las Regiones Educativas de Arecibo, Bayamón, Mayagüez, Morovis y Ponce”. Sin embargo, en marzo, la agencia otorgó una enmienda para añadir $1,250,000 y extender la contratación hasta septiembre de 2022.
Al mes siguiente el contrato fue enmendado nuevamente para aumentarle $500 mil aunque la fecha de caducidad se mantenía igual y no se desprende del contrato que respondiera a un aumento en la cantidad de regiones o alumnos a atender. En julio, al contrato se le sumaron otros $1.8 millones, y en septiembre, $1.9 millones. En ocho meses, el contrato de $200 mil se llevó a $5.7 millones.
Desarrollo Comunicológico fue inscrita en 2007 y al año siguiente recibió su primera contratación gubernamental, según la Oficina del Contralor. La empresa, presidida por Juan López Delgado, informó un capital de un poco más de $1 millón y tiene un total de 16 contratos con el DE por $47 millones.
Así también, el DE enmendó dos veces el contrato que inició en enero de 2022 con la Clínica Terapéutica Jeringonza, Inc. para terapias a estudiantes de las Regiones Educativas de Arecibo, Mayagüez y San Juan, lo que elevó la cuantía original de $50 mil a $1,309,000. La primera enmienda respondió a una extensión del término de la contratación, pero la segunda enmienda no indica si el incremento en su cuantía responde a un aumento en la cantidad de alumnos atendidos. El pasado 1 de octubre firmó un nuevo contrato por $1.1 millones y el 24 de octubre firmó otro por $32,600.
Este centro de terapias se inscribió en marzo de 2018 y en septiembre de ese mismo año obtuvo su primer contrato por $200 mil. Amanda M. Morales Rivera preside la corporación que informó un capital de $397,547 el año pasado. Desde que se registró, la Clínica es contratista del DE por un total acumulado de $5.3 millones.
Bay-Val Corp. también tiene un contrato con Educación para brindar servicios de terapias en las regiones educativas de Arecibo, Caguas, Humacao y San Juan. El monto original del contrato vigente desde enero 2022 fue por $100 mil. En marzo fue enmendado para extenderlo hasta septiembre 2022 y sumarle $1.1 millones. Luego fue enmendado en otras dos ocasiones hasta alcanzar la cantidad de $1,909,000. La corporación presidida por Carlos R. Valcárcel Miranda fue registrada en 2004 y desde 2014 contrata con Educación. El año pasado registró un capital de $53,751, según documentos presentados en el Departamento de Estado.
Por su parte, el Centro Diagnóstico de Inteligencias Múltiples, Inc. fue otra empresa que hizo tres enmiendas al contrato que entró en vigencia en enero de 2022 y que aumentó de $100 mil a $1,725,000. La primera enmienda ocurrió en marzo e incrementó el contrato a $1.1 millones; en junio otra enmienda elevó el contrato a $1,125,000, y nueve días antes de la fecha de expiración de la contratación, se enmendó por última vez para añadirle $600,000. El Centro ha tenido contratos con el DE desde 2009 por $24.2 millones. La corporación reflejó un capital de $1.6 millones para 2021.
Según declaraciones enviadas por el oficial de prensa del DE, Alexis Ramos, los contratos se enmiendan porque aumentan los servicios directos al estudiante o porque el contrato original se hizo por una cuantía menor a la proyectada debido a la disponibilidad de fondos al momento de la contratación.
¿Qué ofrecen las nuevas compañías?
Según los datos disponibles en Contratos en Ley, ocho corporaciones que tenían menos de dos años de organizadas recibieron contratos con el DE que sobrepasaron los $250,000. Los contratos de mayor cuantía concedidos a organizaciones nuevas fueron al Fondo de Fomento Industrial de Carne de Cerdo, Rivera & Alejandro PSC, Compás Consulting Group LLC, Terapias Interdisciplinarias de Excelencia en Servicio e Innet Connection Inc.
El Fondo de Fomento Industrial de Carne de Cerdo está inscrito como una compañía de responsabilidad limitada profesional desde el 2020 luego que entrara en vigor la Ley 73 del Registro Único de Licitadores (RUL). La entidad sin fines de lucro para “fomentar el desarrollo de la industria porcina en Puerto Rico” debió registrarse como LLC para facilitar su registro al RUL y obtener contratos gubernamentales, según el Departamento de Agricultura.
No obstante, la entidad tiene su origen en 1996 cuando se creó la Oficina para la Reglamentación y Promoción de la Industria de Carne de Cerdo bajo el Departamento de Agricultura. La entidad, presidida por Edna Valle y regulada por Agricultura, obtuvo un primer contrato de $7.4 millones en 2022 para suministrar carne porcina a los comedores escolares. En octubre firmó otro contrato con la agencia por $9.9 millones.
Mientras, Rivera & Alejandro, PSC fue contratada para brindar servicios de arquitectura y diseño al DE por $907,090 seis meses después de ser inscrita por José R. Alejandro. El contrato fue firmado por Tatiana M. Alejandro Souffront para diseñar una escuela vocacional en Caguas. La corporación de servicios profesionales fue inscrita en diciembre de 2021 y su contrato lo obtuvo en junio de 2022. En la hoja de balance que sometió en el Departamento de Estado dijo no tener capital para el año de su registro.
Compás Consulting Group, con oficinas en San Juan, tiene un contrato vigente para consultoría relacionada con el procesamiento de datos. Se organizó en octubre de 2019 y cuatro meses más tarde tuvo su primer contrato con Educación para consultoría gerencial. La presente administración le dio un contrato en el verano de 2021 por $904,000. Sin embargo, el contrato se enmendó en abril, en junio y septiembre de 2022 hasta elevar su cuantía a casi $2.4 millones. La firma de consultoría sobre cumplimiento federal es presidida por Yajaira Gracia García.
Terapias Interdisciplinarias de Excelencia en Servicio, establecida en Lares, fue inscrita en abril de 2021 y ocho meses después obtuvo un contrato para brindar servicios relacionados con educación especial por $800,000. La corporación fue inscrita por Virmarys Quiñones Irizarry y Andrés Pérez Irizarry, y recientemente obtuvo otro contrato con el DE por $115,000. Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, no reportó tener capital en ese año que se incorporó.
Innet Connection, con sede en Vega Alta, fue contratada en septiembre de 2021 por $538,156 para brindar servicios de internet luego de que fuera inscrita en octubre de 2019 por Rhadames Alberti Martínez y José Francisco López. El contrato ya expiró. Según los documentos presentados al Departamento de Estado, la empresa no tenía capital para el 2019 y no ha entregado sus informes de balance correspondientes al 2020 y el 2021.
