CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua adjudicó el lunes el control de las 153 alcaldías del país al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ampliando el poder del presidente Daniel Ortega también a nivel municipal, tras los cuestionados comicios del domingo.
Según el segundo y último reporte oficial del CSE, los sandinistas ganaron las elecciones municipales con un 73,7 % de los votos válidos a nivel nacional.
Más temprano, en un primer informe, el tribunal electoral había adjudicado al FSLN el triunfo en las primeras 112 municipalidades contabilizadas, quedando pendiente el escrutinio de las restantes 41.
El FSLN manejaba hasta hoy 141 alcaldías de Nicaragua. Ahora extiende su poder a las 153 municipalidades del país, tomando el control de 11 que estaban en manos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y una de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), tildados de “colaboracionistas” por la oposición.
No se ha informado si al menos el PLC logrará obtener concejales en algunas plazas importantes, como Managua.
La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, dijo a medios oficiales que las elecciones confirmaron “la unidad alrededor de la paz y el bien, como único camino” para el país centroamericano, que está sumido en una aguda crisis política desde hace más de cuatro años y con la mayoría de opositores presos o exiliados.
“Vivimos un día ejemplar, maravilloso, formidable, en el que confirmamos nuestra vocación de paz”, declaró Murillo. “Un día de concordia, de alegría, de fraternidad, una jornada extraordinaria de democracia”, acotó.
Los comicios fueron realizados para elegir 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejales. El FSLN ya controlaba 141 municipios, tras haber ocupado en julio pasado, mediante una acción policial, cinco alcaldías que estaban en manos del opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), ilegalizado en 2021.
Ortega, de 76 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007, para luego reelegirse en tres ocasiones en comicios donde la oposición denunció “fraude”. Desde 2016 cogobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Murillo.
Las elecciones del domingo, de las que fueron excluidos tres partidos opositores, se realizaron tras nuevas redadas policiales en seis departamentos del país, según el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció más de 700 casos de “violencia política”, como asedios, coacción y la captura de 17 personas del 1 al 6 de noviembre.
De acuerdo con ese organismo, no avalado por el gobierno, en las votaciones participó apenas un 17,3 por ciento de los 3,7 millones de nicaragüenses habilitados para el sufragio, lo que arroja un índice de abstención superior al 82,6 por ciento. La población total de Nicaragua es de unos 6,6 millones de habitantes.
La presidenta del CSE, Brenda Rocha, dijo que el proceso electoral fue “un ejercicio cívico y soberano” que concluyó “con éxito”, pero no dio cifras sobre la participación ciudadana en las urnas.
En una primera evaluación de la jornada, Urnas Abiertas señaló que los comicios se realizaron “bajo un control absoluto” del FSLN en los territorios, donde las personas estuvieron “vigiladas por el oficialismo cuadra a cuadra” para obligarlas a votar o para asediarlas en caso de ser opositores.
De acuerdo con el informe, los empleados públicos fueron “presionados” a votar y en el 63 % de los centros de sufragio observados “se comprobó la instalación de puestos de control” y vigilancia por parte de operadores políticos sandinistas, para saber quiénes acudían a votar y quiénes no.
En un 42 % de los centros de votación observados, hubo casos de personas que no se encontraron en el padrón en electoral, algunas de las cuales fueron “agredidas y expulsadas” del recinto, mientras en un 41 % de centros se detectó “proselitismo político” ya que había afiches del partido sandinista y personal electoral vestido con propaganda partidaria, indicó Urnas Abiertas.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con las protestas sociales de abril de 2018, cuando la represión de policías y paramilitares dejó 355 muertos, 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos en distintos momentos y 100.000 exiliados, la mayoría de ellos refugiados en Costa Rica.
