La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe donde revela que el Departamento de Educación (DE) pagó miles de dólares por servicios de agua y luz en planteles escolares que se encuentran cerrados.
El Informe señala que el Departamento de Educación pagó $36,128 en el 2019, por los servicios de agua y energía eléctrica en ocho escuelas cerradas de las diez escuelas examinadas. Del 2018 al 2019, se cerraron en total, 62 escuelas de la Oficina Regional Educativa de San Juan. La suspensión de estos servicios de agua y luz, se tramitaron hasta siete meses después del cierre.
La auditoría de un hallazgo revela que nueve escuelas estaban abandonadas, cinco de ellas vandalizadas y con escombros. Además, se observó la presencia de personas ajenas y parafernalia de sustancias controladas en dos escuelas, y el estacionamiento de una de ellas lo utilizaba un comerciante aledaño para sus clientes y empleados. Estas situaciones dificultan la venta o alquiler de las escuelas cerradas y se pueden convertir en estorbos públicos para riesgo de la salud y seguridad de las comunidades.
Al 4 de febrero de 2021, se mantenían registradas en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE), 700 unidades de propiedad por 849,075 dólares en nueve de las escuelas cerradas. En seis escuelas se encontraron equipos y materiales de instrucción abandonados, como gabinetes de cables, acondicionadores de aire y libros de texto, entre otros; y en dos escuelas se hallaron expedientes con información confidencial (ver fotos en el Anejo 2 del Informe). Esta situación es indicativa de que el Departamento de Educación, no cuenta con información confiable sobre la propiedad ubicada en las escuelas, y causa de que el inventario de la propiedad en Educación y en Hacienda esté sobrevalorado. Además, personas ajenas podrían tener acceso a documentos confidenciales.
El Informe comenta que contrario a la Ley 149-1999, Ley Orgánica del Departamento de Educación y la Ley 85-2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, el Departamento de Educación no había determinado el impacto económico ni el impacto académico y emocional en los estudiantes por el cierre de escuelas. Esta falta de medición del cumplimiento de los objetivos en la consolidación y cierre de escuelas, se atribuye a que la Secretaría Auxiliar de Planificación, Transformación y Rendimiento del Departamento (SAPTRE), no había preparado ni contaba con documentación ni información recopilada al respecto.
La Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan del Departamento de Educación, ofrece servicios a 131 escuelas y 37,760 estudiantes en los municipios de Carolina, Guaynabo y San Juan.
Este primer Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
