El abogado puertorriqueño y estudioso de la Ley Promesa, John Mudd, opinó hoy que la abstención declarada por los dos representantes del interés público de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas (AAPP) durante la votación realizada en ese organismo para la extensión del Acuerdo de Términos Suplementarios del Sistema de Transmisión y Distribución de electricidad entre la AAPP, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, fue un intento por politizar el proceso de votación.
Ayer, en conferencia de prensa virtual, Liza Ortiz y Eduardo Ferrer – los dos representantes del interés público en la Junta de Gobierno de la AAPP – anunciaron su abstención en la votación en vez de emitir un voto en contra.
Para Mudd la estrategia se trató de una movida política para enviarle un mensaje a las gradas y agitar la opinión pública.
“Si lo que está haciendo la Junta de Directores de la AAPP es incorrecto, entonces tú, como representante del interés público, votas de todas maneras diciendo que eso es ilegal y por lo tanto tienes que votarle en contra”, aseguró el experto abogado durante una entrevista telefónica.
“La decisión de abstenerse es absurda porque estaban usando una ley que dice que abstenerte es oponerte, además, eso de los ‘actos propios’, todas esas figuras legales que utilizaron son inservibles. Si te opones te opones se acabó”, añadió.
No obstante, Mudd reconoció que el curso que proceda ahora está en manos de los opositores, quienes deberán someter un recurso legal en el foro pertinente para retar la decisión de la Junta de Directores de la AAPP bajo sus argumentos.
“Los representantes del interés público que estaban en la reunión de la AAPP dijeron que se votó utilizando la ley equivocada y que eso era invalido, etc. Eso suena muy, pero tienen que demandar para poder hacer algo, si no demandan entonces no van a lograr nada. Hay que esperar a ver si demandan o no”, señaló.
“Realmente no les importa si LUMA se va o se queda, lo que les importa es la ventaja política que les pueda traer ese contrato. Eso que dijeron que iban a analizar la situación antes de demandar son tonterías, todo eso fue políticamente calculado para crear un issue político con el contrato de LUMA, buscando ver como bregan con esto políticamente”, opinó.
Mudd no se aventuró a especular cuánto tiempo tomaría en los tribunales un recurso de esta índole, pero sí aseguró que dudaba mucho que el caso se llevara ante la consideración del Tribunal Federal y que el mismo se vería en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.
Ayer, los dos representantes del interés público en la AAPP tronaron contra la votación de la Junta de Directores a favor de la extensión del contrato de LUMA asegurando que con la misma “le pasaron por encima al interés del pueblo de Puerto Rico”.
