Una auditoría realizada por la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que la secretaria auxiliar de administración del Departamento de Recursos Naturales en funciones entre 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2016 -periodo que fue auditado-, así como otros funcionarios de la agencia y sus familiares, se apropiaron de fondos públicos al otorgar órdenes de compra a cuatro proveedores de la agencia.
Se desprende del informe, que los auditores examinaron 189 órdenes de compra emitidas del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2013. Evaluaron a cuatro proveedores que se les adjudicó el mayor número de compras.
Para entonces, los funcionarios que estaban al frente del DRNA durante el periodo auditado fueron Nelson J. Santiago Marrero, quien fue secretario de la agencia entre 1ro. de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, Carmen R. Guerrero Pérez, quien asumió las riendas de la agencia desde el 2 enero de 2013 al 30 de junio de 2016 y Daniel J. Galán Kercadó, del 1 julio de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
“Nuestro examen de dichas órdenes de compra reveló que la entonces secretaria auxiliar de Administración y otros funcionarios del Departamento pudieron haber actuado contrario a la ley, al obtener beneficios para sí o sus familiares; se consideraron cotizaciones falsas; y una posible intervención indebida en el proceso de compras y el otorgamiento de contratos por parte de empleados y proveedores”, lee el documento.
Indica el documento que a un proveedor que identificaron como A, se le adjudicaron 121 órdenes de compra para un total de $1,289,2722, mientras que al proveedor B, se le otorgaron 18 órdenes de compra por $282,2723, al C 39 órdenes por $334,3544 y al D, 11 órdenes de compra por $64,3305, para un total de 189 órdenes de compra que sumaron $1,970,228.
“Los indicados funcionarios y familiares recibieron, mediante cheques o transferencias electrónicas, $22,778 de dos proveedores. Del análisis realizado de las cuentas bancarias pertenecientes al proveedor A y a su presidente, se identificó que dos cheques por $120 fueron emitidos a favor de cash el 30 de octubre de 2015 y endosados por un familiar de la entonces secretaria auxiliar de Administración”, reveló la auditoría.
De igual manera detalla que cuatro transferencias electrónicas por $524 fueron realizadas entre el 10 de septiembre de 2013 y el 31 de marzo de 2015, a favor del negocio de la entonces oficial compradora de la agencia. No obstante, en una declaración jurada el pasado 16 de febrero de 2016, la ex oficial compradora habría indicado que el negocio cerró en el 2012.
Se desglosa en el informe que uno de los cheques se realizó por $60 y fue emitido como cash el 1 de diciembre de 2014 y endosado por la entonces oficial compradora. Otro de los cheques se hizo por la cantidad de $125 emitido el 9 de diciembre de 2015 a favor de un familiar de la entonces oficial compradora. Mientras que el 25 de agosto de 2015 se emitió un cheque por $250 a favor de una gerente de operaciones del Proveedor A. En el memo pad del cheque se indica que se trataba de una donación al sargento del Cuerpo de Vigilantes. Sin embargo en una declaración tomada el 3 de noviembre de 2016 al sargento, este mencionó que desconocía dicho donativo.
Por otro lado, los auditores señalan que del análisis realizado a las cuentas bancarias pertenecientes al proveedor D y su presidenta, se identificaron 16 cheques por $21,699, emitidos del 15 de marzo al 15 de septiembre de 2016 a favor de la entonces secretaria auxiliar de Administración, esto por concepto de servicios profesionales y allowance. Indican, además, que la entonces secretaria auxiliar de Administración comenzó a trabajar con el proveedor D a partir del 1 de marzo de 2016, un día después de la efectividad de su renuncia en el Departamento.
Denuncian, además, que consideraron cotizaciones falsas en la adjudicación de ocho órdenes de compra.
“Relacionado con una orden de compra, el 1 de octubre de 2015 visitamos las oficinas del proveedor E, y mostramos a una asistente administrativa copia de la cotización que alegadamente presentó este proveedor en el Departamento. Esta nos indicó que no reconocía dicha cotización. Posteriormente, nos certificó, mediante correo electrónico, que el proveedor E no preparó la misma”, lee el documento.
De igual manera, sucedió entre el 5 de febrero de 2014 y el 23 de abril de 2014, donde alegadamente se emitieron tres órdenes de compra por $48,000, $19,868, y $28,000 a favor de los proveedores A y B para los servicios de reparación de edificios, pintar gazebos, demolición de estructuras y mantenimiento. Estas fueron pagadas por el Departamento entre el 23 de abril de 2014 y el 25 de febrero de 2015. Para las tres órdenes de compra el Departamento recibió cotizaciones de los proveedores A, B y H. Según los auditores, mediante declaraciones juradas del 3, 9 y 17 de septiembre, y del 6 de octubre de 2015 realizadas a varios oficiales del proveedor H, “determinamos que estos no prepararon ni suministraron al Departamento las cotizaciones incluidas en el expediente de las órdenes de compra”.
“Esta información fue certificada el 7 de diciembre de 2015 mediante correo electrónico por uno de los incorporadores. Relacionado con tres órdenes de compra, en entrevistas realizadas el 4 y 10 de agosto de 2016 al gerente de operaciones y a la presidenta del proveedor M, estos indicaron que las cotizaciones que se encuentran en los expedientes de las órdenes de compra no fueron preparadas por el proveedor M y que nunca han cotizado para el Gobierno. Además, indicaron que los servicios descritos en las cotizaciones no son los ofrecidos por este, ya que se dedica a todo lo relacionado con espectáculos y eventos especiales”, señala.
Como parte de los hallazgos, también encontraron una posible intervención indebida en el proceso de compras y en el otorgamiento de contratos por parte de empleados y proveedores cuando el 23 de diciembre de 2013 se emitió una orden de compra por $38,950, a favor del proveedor A para la prestación de servicios de mantenimiento y combustible para el avión del Departamento, correspondiente a enero y febrero de 2014.
Según se menciona en el hallazgo, los cuatro proveedores estaban relacionados y actuaban en común acuerdo para obtener mayor cantidad de órdenes de compra.
El 19 de febrero de 2014 se emitió una orden de compra por $19,775 a favor del proveedor A, para el despacho de combustible del avión del Departamento. Para dicha compra se consideraron las cotizaciones de los proveedores A, E y G.
“Nuestro examen para esta transacción reveló que las oficinas del proveedor A se encuentran en las mismas instalaciones que el proveedor G. El proveedor A subcontrató al proveedor G para poder proveer el combustible para el avión. Del análisis realizado de las cuentas bancarias pertenecientes al proveedor A y su presidente, se identificaron 63 cheques por $119,134 a favor del proveedor G por concepto de compra de combustible para el avión del Departamento y renta de oficinas”, señala.
Indica el informe que como parte del esquema la entonces secretaria auxiliar de Administración conseguía oportunidades de negocio para el Proveedor A, le preparaba y proveía cotizaciones y le tramitaba órdenes de compra, entre otros. El 1 de marzo de 2016 comenzó a trabajar con el Proveedor D.
El proveedor A emitió cheques y transferencias electrónicas a el negocio de la entonces oficial compradora y a un familiar de esta, a una empleada del proveedor A, al proveedor G por $119,134 y al Proveedor C por $3,091. Consiguió, además, que el DRNA otorgara órdenes de compra a los proveedores B, C y D.
En el caso del Proveedor D, la presidenta es hermana del presidente del Proveedor A. Este emitió cinco cheques por $857 a favor de la propietaria del Proveedor C. El Proveedor C utilizaba la misma dirección postal y el mismo número de fax del Proveedor A y el Proveedor B emitió 10 cheques por $21,398 a favor del Proveedor A.
Las situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) mediante cartas del 25 de agosto de 2017 para las acciones correspondientes. A la fecha de este Informe, las situaciones enviadas al Departamento de Justicia están pendientes de resolución, mientras las enviadas a la OEG fueron archivadas por esta el 27 de enero de 2022.
