La presidenta de Perú, Dina Boluarte, espera gobernar hasta el 2026 y completar el mandato para el que fue elegido el destituido expresidente, Pedro Castillo. Pero apenas iniciada su gestión, ya hay voces del Parlamento y de otras regiones del país que pidieron adelantar los comicios.
Boluarte pidió el miércoles una tregua a los legisladores del Congreso que habían destituido poco antes a Castillo por “permanente incapacidad moral”, una cláusula de la constitución tan nebulosa que permite remover casi por cualquier motivo a un mandatario y que, además de Castillo, causó también la salida de Martín Vizcarra quien gobernó entre el 2018 y 2020.
La primera mujer presidenta enfrenta el reto de reconducir la deriva política hacia un rumbo de estabilidad o pasar a ser uno más de esa lista. Lleva tres días en el cargo y mira más hacia la permanencia. “Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de reorientar los destinos del país”, pronunció.
Comenzó a mostrarse como nueva jefa del Estado inmediatamente con gestos clave como el de recibir en el palacio presidencial a grupos de parlamentarios de derecha e izquierda.
Antes había bailado una danza andina, luego de contemplar una procesión católica de la Virgen de la Inmaculada Concepción que pasó cerca de la casa de gobierno.
Sus intenciones no son lo único que cuenta. “Debe llamar a un pacto de gobernabilidad con los grupos parlamentarios, que le permita aprobar más de 64 importantes proyectos de ley que está dejando el gobierno de Castillo y que no fueron atendidos”, dijo Luis Mendieta, quien fue hasta el miércoles jefe del gabinete técnico de Pedro Castillo.
Más incrédulo se mostró el expresidente, Ollanta Humala que gobernó entre 2011 y 2016. “No tiene las herramientas para gobernar, porque no tiene bancada en el Congreso”, apuntó a la televisora N.
“Está sola”, sentenció. A su criterio, una tregua desde el mismo congreso que ya destituyó a su antecesor “durará un mes o quizás más, pero luego se le vienen encima los grandes problemas del país”.
Jorge Aragón, profesor de ciencia política de la Pontifia Universidad Católica de Perú, tampoco ve un horizonte despejado. Un gobierno de Boluarte “va a ser muy complicado, por no decir imposible”, acotó, con un pronóstico poco predecible.
Castillo, matizó Aragón, tenía por lo menos vínculos con algunos parlamentarios, pero la nueva presidencia debe reconstruir los lazos con todos si quiere sobrevivir.
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos planteaba en noviembre el escenario venidero si Castillo dejaba la presidencia. El 86% lo prefería así, entonces hubo nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, mientras apenas sólo 8% estaba de acuerdo en que el permaneciera hasta el 2026.
Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del instituto, calcula que al Congreso le interesa permanecer hasta el 2026 en lugar de no facilitar una reforma constitucional que adelante la entrega del poder y allane la convocatoria a elecciones anticipadas. En consecuencia, apunta Zárate, la nueva presidenta se verá obligada a negociar con los legisladores y a forjar alianzas.
Desde el Parlamento, algunas voces pidieron el adelanto electoral. A un día de iniciado el mandato de Boluarte, el legislador, Carlos Zeballos, del pequeño grupo parlamentario de Integridad y Desarrollo, pidió a la flamante presidenta que presente una iniciativa legislativa para adelantar las elecciones. Justificó su petición en “es una demanda mayoritaria y latente de la población”.
También desde algunas regiones llegó el mismo requerimiento. El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, condenó el “golpe de estado” de Castillo, pero demandó a la nueva presidenta una nueva convocatoria electoral “como un medida coherente y solución objetiva a la crisis política del país”.
Ante el devenir de la cúspide política, pequeñas pero diversas manifestaciones comenzaron a aparecer en otras zonas de Perú, incluyendo Tacabamba, la capital distrital más cercana a la casa rural del expresidente Castillo. Pedían su libertad, rechazando a Boluarte y exigiendo el cierre del Parlamento.
En Lima, más de mil manifestantes que intentaban llegar al Parlamento chocaron con la policía que los hizo retroceder con golpes de vara y gases lacrimógenos.
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