La nueva versión sin restricciones de Twitter del autoproclamado campeón de la libertad de expresión, Elon Musk, podría chocar con las nuevas normas en Europa, donde las autoridades advierten que la red social deberá acatar algunas de las leyes más severas del mundo contra el contenido tóxico.
Si bien las nuevas normas digitales, probablemente pondrán a Europa a la cabeza de la represión de la plataforma que imagina Musk. El bloque de 27 naciones tendrá sus propios problemas para obligar a Twitter y otras empresas del internet a acatarlas.
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La ley sólo entra plenamente en vigencia durante el 2024, y las autoridades de la UE buscan conseguir suficientes empleados para obligar a las grandes empresas tecnológicas a rendir cuentas.
El amplio conjunto de normas conocido como la Ley de Servicios Digitales busca que las plataformas y máquinas de búsqueda se hagan más responsables del discurso de odio, las estafas, la desinformación y otros contenidos ilegales y dañinos.
La leyes entrarán en vigor a mediados del 2023 para las empresas más grandes como Google, Facebook y TikTok. También se extenderán a todos los servicios digitales al año siguiente.
Esas normas chocarán con los cambios que introdujo Musk en Twitter. Esta semana despidió abruptamente a un grupo de asesores que se ocupaban de problemas, tales como el discurso de odio, la explotación de niños y la autolesión, redujo el personal a la mitad y emitió decisiones contradictorias sobre la moderación en el contenido.
Musk promueve la “libertad de expresión, no la libertad de alcance”, y dice que quiere disminuir los mensajes negativos y de odio. El multimillonario gerente general de Tesla considera que las normas del bloque son un “concepto sensato a aplicar a nivel mundial”, dijo el jefe de política digital de la UE, Thierry Breton, tras una llamada por video con Musk días atrás.
Otras jurisdicciones están muy retrasadas con respecto a Europa. En Estados Unidos, los cabilderos de Silicon Valley lograron, en gran medida mantener, a raya a los legisladores federales.
Estos están divididos políticamente en cuanto a la competencia, la privacidad online, la desinformación y otras cuestiones. Por otra parte, Gran Bretaña está elaborando su propia Ley de Seguridad Online, pero se la ha diluido y no se sabe cuándo la aprobarán.
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