Luego de las denuncias hechas ayer por la senadora María de Lourdes Santiago en cuanto a posibles irregularidades con cinco propiedades en la zona de Puerta de Tierra, en San Juan, inscritas bajo la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), un representante de la empresa San Juan 901 contactó a Metro para reaccionar sobre la noticia.
No obstante, el representante de la empresa, quien se identificó como Franklin Rivera, indicó que sus declaraciones serían fuera de récord y remitió nuestros cuestionamientos a otro representante del grupo, el licenciado Eduardo Arosemena, quien respondió brevemente de forma escrita nuestra petición para una entrevista.
“Saludos. Estoy de vacaciones hasta el 10 de enero. No hay reacción de parte de la empresa. Saludos y felicidades en esta navidad para usted y los suyos”, lee el breve mensaje.
Entre los asuntos que este rotativo pretendía aclarar con el representante de San Juan 901 era si alguno de sus integrantes en efecto era beneficiario de la Ley 22 de 2012 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico como indicó la senadora, si la construcción que se realiza en los predios es un trabajo de su empresa, si la empresa tiene titularidad de esos edificios y la razón de las mejoras que se están realizando en este momento en el lugar.
Lamentablemente, ninguna de nuestras dudas fue aclarada, como tampoco se encontró a la empresa listada en el Registro de Empresas y Entidades del Departamento del Estado de Puerto Rico.
En el portal de Facebook de la empresa San Juan 901 se muestra una foto de un grupo de aparentes pequeños empresarios acompañados por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, cuyo calce lee “pronto, muy pronto, vamos a tener la oportunidad de apoyar nuevos pequeños negocios locales. La calle Pelayo nunca va a ser la misma”.
No obstante, la oficina de prensa del DDEC indicó no tener conocimiento de algún acuerdo de apoyo entre el DDEC y esa empresa.
Ayer en la mañana, la senadora Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), denunció el posible esquema del gobierno para ceder propiedades públicas localizadas en el histórico sector.
Se trata de cinco edificaciones localizadas en la calle San Agustín en Puerta de Tierra con entrada por la calle Del Tren, en ese mismo sector, que anteriormente albergaban familias de limitados recursos económicos y que hoy están rodeadas de otras propiedades adquiridas por el grupo San Juan 901, que se autoidentifica en la internet como un “hospitality company” o empresa de hostelería.
“La AFV ha optado por ponerse del lado de los que promueven el desplazamiento de las comunidades para beneficiar a los inversionistas privilegiados por la Ley 22, que otorga generosos incentivos contributivos a los nuevos titulares de los latifundios urbanos, que es el fenómeno que se está desarrollando en Puerta de Tierra”, denunció Santiago ayer.
La clasificación de estas cinco propiedades hasta 2022, señaló la senadora, era exclusivamente para la utilización de desarrollo de vivienda asequible, sin embargo, dicha restricción fue levantada recientemente en el Registro de la Propiedad para permitir desarrollos de otro tipo, incluyendo el comercial de hostelería.
