El 70% de los casos atendidos por Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) fueron de mujeres, mientras que el tema central fue la vivienda y la defensa del derecho a permanecer en el país.
La fundadora y directora ejecutiva, Ariadna M. Godreau Aubert, aseguró que los desastres naturales, la pandemia del COVID-19, el cierre de escuelas, el encarecimiento de vivienda, la crisis climática y la violencia de género son algunos de los factores que impactan el que las mujeres, muchas veces jefas de familia, sean desplazadas de sus hogares.
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La organización ayudó en el 2022 a 6,500 familias el año pasado de las que más de la mitad ganaban ingresos menores de $15,000 al año, según Godreau Aubert.
El año pasado vieron la paralización virtual casi absoluta del proceso de recuperación por el huracán Fiona.
Ayuda Legal logró ofrecer acompañamiento legal a más de 800 familias y se dieron cuenta de que muchos de ellos habían perdido sus hogares en múltiples ocasiones desde el paso del huracán María.
Sin embargo, solo el 10% de estas familias ha logrado una relocalización adecuada.
Godreau Albert, la coordinadora de litigios Veronica Gonzalez Rodriguez, y la abogada comunitaria Veronica Rivera Torres, aseguraron que del 2021 al 2022 se registró un aumento de 300% en los desahucios por impago.
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La agencia denunció una falta de rendición de cuentas públicas de parte del Departamento de la Vivienda por los $1.4 millones desembolsados para ayudas de fondos CDBG-DR como parte del programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3). Estas ayudas siguen sin funcionar mientras llega la fecha límite en el 2026.
“Estamos viendo una repetición de la falta de fiscalización, algo que vimos bien marcado en el 2022 con las quejas sobre construcciones deficientes, reparaciones deficientes. Esto es una falta de interés diría yo del Departamento de la Vivienda”, aseguró Godreau Albert.
Este año la agencia se estará enfocando en cuatro iniciativas principales: apoderamiento legal, recuperación justa, alquileres dignos y derecho a tu casa.
Apoderamiento legal
La agencia lleva nueve años haciendo apoderamiento legal, pero en el 2023 estará ampliando el alcance de su página web ayudalegal.org para hacer la información legal más accesible y gratuita a poblaciones privadas de la libertad.
Luego de seis años trabajando para lograrlo, por fin este año estarán trabajando con el Departamento de Corrección para implementar el proyecto piloto en la Cárcel de Mujeres.
Además proveerán más herramientas para la defensa, desde autorrepresentación hasta representación legal accesible.
“El Departamento de Corrección ha sido muy difícil de poder sentar en una mesa y adoptar una herramienta gratuita, siempre nos hemos preguntado por qué. Esto se haría cerrando la página para mantener la seguridad y las restricciones que puedan tener. Pero finalmente tenemos un acuerdo de colaboración, ya es una versión, no solamente un borrador, está un poco más adelantado”, aseguró Godreau Albert.
Añadió que está confiada en que pronto el proyecto se va a materializar.
Las abogadas se comprometieron con adiestrar a las personas que están privadas de la libertad, a los empleados, bibliotecarios, además de crear contenido particular para esta población.
Recuperación justa
En cuanto a la representación justa, ALPR aboga por el acceso equitativo a los programas de terremotos, mitigación y remanente de CDBG-DR. También continuarán con el Proyecto de Paralegales Comunitarios en Loíza para adelantar estrategias legales por la vivienda digna y la justicia climática.
Alquileres Dignos
Ayuda Legal promueve acciones legales contra el discrimen en la vivienda por razón de sexo, raza y diversidad funcional, particularmente a jefas de familia que enfrenten este problema.
Próximamente publicarán el Censo de Alquileres Dignos que incluye un mapa de políticas públicas para proteger a los que alquilan e incluir las regiones de San Juan y Carolina en el Panel en Defensa de Alquileres Dignos.
Derecho a tu casa
Por otro lado, la agencia atenderá casos de desalojo por violencia doméstica, discrimen o violaciones de derechos de parte de los bancos, promoviendo que las instituciones bancarias adopten protocolos para proteger a las víctimas en sus préstamos hipotecarios.
