Durante una vista pública llevada a cabo durante el día de hoy en la Cámara de Representantes, los profesores universitarios y arqueólogos Ivor Hernández Llanes y Maritza Torres Martínez denunciaron hoy, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) está en “incumplimiento con su deber ministerial” de asegurar el funcionamiento del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, creado al amparo de la Ley 112 de 20 de julio de 1988.
Los expertos en arqueología, quienes representan el interés público dentro del Consejo, resaltaron en su alocución que desde el 2009 “distintas administraciones han venido disminuyendo el reconocimiento a las facultades de fiscalización y peritaje que por ley tiene el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, que está adscrito al ICP”.
“Actualmente, vemos que el interés primario del ICP es atender la otorgación de permisos en colaboración con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Hasta el 2009, el Consejo tenía esos deberes y facultades relacionados a la otorgación de permisos, que ahora hace el ICP con sus expertos en arqueología”, comentó Hernández Llanes.
Por otro lado, Torres Martínez argumentó que el ICP “ha olvidado, que las enmiendas legislativas aprobadas durante el 2009 no derogan la Ley 112 y no eliminan los deberes y prerrogativas establecidas en relación con recursos de interés arqueológico terrestre en Puerto Rico”.
“El Consejo, según la ley que lo crea, debe salvaguardar y proteger el Patrimonio Arqueológico Terrestre Puertorriqueño; levantar un inventario y mantener un registro permanente de todos los materiales, estructuras y sitios arqueológicos terrestres encontrados; fomentar la investigación arqueológica, histórica y cultural; fomentar la difusión y la enseñanza de los temas sobre investigaciones arqueológicas a nivel de toda la probación a través de los medios de comunicación, entre otros”, señaló Torres Martínez, quien es profesora de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
Ambos arqueólogos profesionales, con más de 20 años de experiencia como peritos en el tema, destacaron la necesidad de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el director ejecutivo del ICP prioricen conseguir fondos para garantizar el funcionamiento del consejo para protección arqueológica.
“Antes, el Consejo tenía una secretaria, un auxiliar administrativo, diferentes directores, hasta un chofer y una flota para llegar a cualquier lugar donde se necesitará nuestro peritaje como arqueólogos”, recordó Hernández Llanes.
Aseguran que cumplen con la ley
Por otro lado, durante la vista pública, presidida por la representante Deborah Soto Arroyo, el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés presentó una ponencia junto al subdirector de la agencia, Freddy Vélez García y el equipo legal del Instituto, asegurando que cumple con las leyes que le afectan directamente a su dependencia.
Ruiz Cortés destacó que mediante el Artículo 19.6 de la Ley 161-2009, las facultades, deberes y obligaciones del Consejo fueron transferidas a la OGPe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y el ICP.
“En específico, conforme establecido por el Artículo 19.6, ante, aquellos deberes y facultades del Consejo relacionados con la otorgación de permisos de construcción quedaron transferidos a la OGPe, mientras que toda facultad, deber u obligación relacionada a la evaluación, otorgamiento o denegación de permisos, así como sobre otras determinaciones finales que no tengan que ver con obras de construcción, fue transferida al ICP”, añadió el director ejecutivo.
El director ejecutivo del ICP señaló que “resulta infundada cualquier alegación de que en la actualidad no existe un foro que evalúe y autorice las solicitudes de permiso que conlleven excavaciones y que pudiesen incidir en nuestro patrimonio histórico arqueológico”.
Actualmente, según el memorial presentado por el Instituto, aquellas solicitudes para obras de construcción que requieran llevar a cabo excavaciones son tramitadas por la OGPe y atendidas por el ICP, a través de su Programa de Arqueología y Etnohistoria.
A preguntas del representante pipiolo Dennis Márquez Lebrón, sobre qué pensaba hacer el ICP para fortalecer las funciones del Consejo, Ruiz Cortés contestó que “ese asunto se está evaluando hace más de un año”. El legislador recomendó a los funcionarios del ICP que “el país necesita robustecer sus instrumentos con mayor peritaje en la protección de nuestro patrimonio e historia”.
Por su parte, Soto Arroyo realizó varias solicitudes de información relacionadas a las minutas sobre reuniones que han sido celebradas por el ICP junto al Consejo de Protección Arqueológica.
“Estamos atendiendo esta vista pública con la mayor transparencia y agilidad posible, pues entendemos que proteger nuestro patrimonio histórico es esencial para salvaguardar nuestra identidad como puertorriqueños. Estaremos celebrando una segunda vista pública si así lo entendemos necesario luego de que evaluemos toda la información que ha sido solicitada durante el día de hoy”, destacó la representante del Distrito 10 de Toa Baja.
En la vista pública también participaron los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes.
