La licenciada Roxana I. Soto Aguilú fue reinstalada en el ejercicio de la abogacía tras ser suspendida por término de un año por violaciones a los cánones de ética profesional que entró en vigor el 30 de diciembre del 2021.
Según una documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico del pasado 11 de enero, Soto Aguilú fue reinstalada para ejercer la profesión.
“Evaluada la Moción peticionando reinstalación al 31 de diciembre de 2022 al ejercicio de la notaría, tras sentencia emitida el 30 de diciembre de 2021, se provee Ha Lugar la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría, condicionado a la prestación de una fianza vigente”, lee el documento.
A la licenciada Soto Aguilú se le acusó de inducir a una pareja “a realizar un negocio ilícito donde se desembolsó el pago de $70,000.00 por la adquisición de un bien inmueble que no le pertenecía a la parte vendedora”. Igualmente, se le imputó a la también conocida abogada motorizada “haber autorizado la escritura sin que se hubiese presentado la Planilla de Caudal Relicto en el Departamento de Hacienda, lo que ocurrió el 15 de diciembre de 2008, un año después de que se llevó a cabo el negocio”.
La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), de igual manera, evaluó un referido en el que determinó que “la notaria omitió establecer el tracto registral que acreditaba la titularidad del inmueble por los integrantes de la parte vendedora”.
“La ODIN indica que la licenciada Soto Aguilú instrumentó y autorizó el negocio jurídico sin que la parte vendedora obtuviera el correspondiente certificado de cancelación de gravamen que provee el Departamento de Hacienda sobre el caudal relicto del finado Torres Santiago y de la causante María Magdalena Torres Martínez. A su entender, dicha omisión provoca que el instrumento público autorizado por la licenciada Soto Aguilú incumpla con los requisitos dispuestos en la Ley Notarial y en las leyes que inciden en el negocio jurídico celebrado para que este pueda ser presentado y gane acceso a los acervos que custodia el Registro”, lee el documento del tribunal.
Soto Aguilú cobró notoriedad durante el Verano del 2019 por ser la defensora del entonces gobernador Ricardo Rosselló Neváres cuando este tuvo que renunciar tras la publicación del chat de Telegram.
