LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte pidió el viernes al Parlamento adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023 en un intento para aplacar las incesantes protestas que han dejado a la fecha 57 fallecidos.
En medio del clamor de los airados manifestantes que piden su renuncia entre otras exigencias, Boluarte afirmó que "no tengo ningún interés en quedarme por mas tiempo en la presidencia”, que el adelanto para 2023 no tiene condiciones de parte de ella y “nos va a sacar del atolladero”.
La presidenta había planteado inicialmente que los comicios se celebraran en abril de 2024 en un proyecto que el Congreso aprobó en una primera votación pero que necesita una segunda aprobación.
“Las marchas de protesta continúan, hay más bloqueos y violencia”, añadió Boluarte. “Estoy acá porque asumí una responsabilidad y estaré hasta que el Congreso ponga una fecha. Por ello pido: pónganse de acuerdo, digan tal día las elecciones y ese instante estaremos convocando a elecciones”, precisó.
No esta claro de momento si el adelanto de comicios para la fecha propuesta por Boluarte apaciguará a los manifestantes, quienes además de exigir nuevas elecciones han insistido en su renuncia y la de los legisladores.
Boluarte encabezó el viernes un acto para destacar los envíos que ha hecho el gobierno de medicamentos y otros artículos a la región andina en momentos en que los inconformes han bloqueado diversas carreteras importantes dentro de las movilizaciones antigubernamentales.
El Ministerio de Defensa dijo el jueves que las fuerzas armadas apoyarán cualquier acción de la policía para retirar los bloqueos que, a decir del gobierno, están causando escasez y aumentos de precios en algunas partes del país.
Hay 89 carreteras obstruidas en la nación, principalmente en el sur de Perú, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Las protestas se han multiplicado en Perú desde que el 7 de diciembre, cuando la entonces vicepresidenta Boluarte asumió la presidencia en reemplazo del mandatario Pedro Castillo, quien fue destituido y apresado el mismo día por su intento de disolver al Congreso a fin de evitar una votación para removerlo del cargo.
Numerosos manifestantes del sur del país exigen la libertad y restitución de Castillo porque consideran ilegal su destitución.
Las movilizaciones antigubernamentales han dejado hasta ahora 57 fallecidos, uno de los cuales era un policía al que encontraron muerto en un auto patrulla incendiado. De las víctimas fatales, al menos 45 perecieron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo.
Las protestas, que comenzaron en el interior del país, se trasladaron la semana pasada a Lima donde han mantenido el pulso los días siguientes. Un grupo de manifestantes marchó el viernes por otra gran avenida de la zona norte de Lima, llamada Túpac Amaru, por la que se dirigieron hasta el centro histórico.
En la Amazonía del sureste, el gobernador de la región Madre de Dios Luis Otzuka, disparó al aire luego que manifestantes apedrearon su domicilio. Las cámaras de la televisión regionales mostraron al gobernador efectuando disparos desde una ventana de la segunda planta de su casa. Al momento no se conocen si el evento dejó víctimas fatales o heridos.
La Defensoría del Pueblo pidió a la policía resguardar la casa de Otzuka. Más tarde, el gobernador dijo a la prensa local que el ataque a su casa ocurrió porque el jueves se reunió con el primer ministro Alberto Otárola, un acto que fue rechazado por parte de la población local.
“Estaban rompiendo la puerta... Derribaron las ventanas y las lunas de mi casa... A mí me cayó una piedra... Yo tuve que defenderme, agarrar mi arma y comenzar a defenderme”, se justificó Otzuka.
Los hechos sucedieron a un ataque de manifestantes en la víspera al local oficial de la gobernación de Madre de Dios, así como a un local de la policía municipal. También hubo bloqueos en 89 puntos y movilizaciones en 17 zonas del país, casi todas en el sur, según la Defensoría del Pueblo.
