El Departamento de Justicia determinó no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar alegaciones contra el exsubsecretario del Departamento de Educación Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, informó hoy, lunes, la dependencia gubernamental.
Tal decisión fue tomada por la División de Integridad Público y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia, misma entidad que concluyó que las alegaciones referidas no fueron sustentadas con la prueba que recibieron.
“Concluida la investigación preliminar, la DIPAC concluyó que no existe causa suficiente para creer que el Sr. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez incurrió en conducta de naturaleza delictiva”, lee el informe emitido por la DIPAC.
Por tratarse de un funcionario a quien le cobija las disposiciones de la Ley Núm. 2-1988, según enmendada, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la querella fue investigada en la DIPAC del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
La investigación preliminar del Departamento de Justicia tuvo se génesis en el referido de un informe que remitió el Departamento de Educación sobre una investigación relacionada con las alegaciones que presentaron varios funcionarios del departamento en contra del también excontralor electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).
En síntesis, las alegaciones consistieron en que el entonces subsecretario Sánchez Álvarez intentó influenciar a algunos miembros del jurado durante el proceso de selección del premio Maestro del Año. Además, se señala que este funcionario ejercía presión indebida a un empleado en la creación de los planes de trabajo y para que se escogieran las personas recomendadas por él para que evaluaran las propuestas de los procesos competitivos. También se alega que una empleada fue removida de su puesto en el DEPR en represalia al no seleccionar a las personas recomendadas por políticos para que se reclutaran en la agencia, según exigido por el subsecretario Sánchez Álvarez.
Sin embargo, la investigación preliminar realizada en la DIPAC reveló que la intervención del entonces subdirector Sánchez Álvarez durante premiación al Maestro del Año no constituyó delito. En lo concerniente a la supuesta represalia, la prueba recopilada no vincula al exsubdirector Sánchez Álvarez, además, se determinó que no hubo represalia alguna. Finalmente, en lo concerniente a la alegada presión indebida que ejercía en la creación de los planes de trabajo y para que se escogieran las personas recomendadas por él para que evaluaran las propuestas de los procesos competitivos, la prueba no sostuvo dicha alegación.
Particularmente, no se configuran infracciones al amparo de los artículos 254, 259, 260 y 261 del Código Penal de Puerto Rico ni los delitos consagrados en los artículos 4.2 (b) y (m) de la Ley Núm. 1-2012 conocida como la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, según enmendada. Tampoco el delito instaurado en el artículo 2 (a) de la Ley Núm. 115-1991, conocida como la Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, según enmendada.
“Tras evaluar el informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor aconsejando que no se designe un Fiscal Especial Independiente para el exsubsecretario del Departamento de Educación, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, por los hechos investigados, acogí la recomendación que hoy se notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, expresó, por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
También se les envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes involucradas.
Debido a que la investigación preliminar se encuentra ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán declaraciones adicionales sobre este caso.
