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Preocupa que privatización de generación eléctrica dé paso a monopolio de combustible

La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía realizó una audiencia pública sobre el contrato de la empresa Genera PR

La otorgación de subcontratos bajo la administración de la red de generación eléctrica bajo Genera PR fue foco de discusión durante una audiencia pública que realizó la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado que evalúa el contrato entre el gobierno y la empresa.

Genera PR estará a cargo de la gerencia, operación, mantenimiento, reparación, restauración y optimización de las 12 instalaciones de generación térmica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo una alianza público privada.

“El tema de los subcontratos (que puede hacer la empresa) también es un detalle que nos lleva a pensar que no hay restricciones de que esta empresa se pueda convertir en un monopolio de combustible en la isla… Son detalles que pueden ser, de este contrato, un contrato no tan beneficioso para los consumidores”, expresó en un aparte el senador Javier Aponte Dalmau, presidente de la comisión.

Para analizar el contrato de Genera PR la Comisión citó a deponer al licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas; al licenciado Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE; al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE y al ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quien se excusó de los trabajos.

Durante su alocución, el licenciado Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, destacó que “uno de los aspectos más importantes de la contratación fue el compromiso con los empleados de generación de la AEE. El operador tiene la obligación de realizar una oferta de empleo a todos los empleados de las plantas que, al 30 de junio de 2022, se encontraban realizando funciones a tiempo completo y con good standing”.

Por su parte, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, explicó que “el contrato de Alianza ALG no conlleva la venta a Genera de los activos legados de generación. La AEE es y continuará siendo la dueña de esos activos durante la vigencia del Contrato de Alianza ALG”.

Sin embargo, el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, denunció que “la aprobación del contrato entre Genera PR, LLC, la AEE y la Autoridad de Alianzas Publico-Privadas, no contó con algún tipo de iniciativa (amplia participación de la ciudadanía) en esta dirección por parte del regulador (que es el Negociado de Energía)”.

En el transcurso de la audiencia pública, el senador Aponte Dalmau, cuestionó a Fontanés, sobre cuáles son los controles que tiene en el contrato de Genera PR con respecto a los riesgos y a los subcontratos que se van a hacer. A lo que el ingeniero respondió que “mantenemos los mismos controles que se tienen en el asunto de licitación a terceros, si ellos quisieran participar”. Aponte Dalmau le ripostó que “no tienen ninguno”.

De otro lado, el senador por acumulación, Juan Zaragoza Gómez preguntó ¿cuánto le salía a la AEE correr lo mismo que establece el contrato con Genera PR? “Hay una tarifa y un presupuesto que establece el Negociado y Genera PR tiene que operar dentro de ese presupuesto… Ellos están apostando a que lo que le cuesta a la AEE operar, ellos lo pueden hacer más barato y tener ganancias”, explicó Fontanés.

A su vez, el ingeniero Torres Placa añadió que “22.5 millones es el fee que se le paga al operador por hacer el trabajo. La operación es reembolsable total (un cost plus) y los 22 millones es un fee… O, sea, que esto es un cost plus y el fee básico es 22 millones”.

Ante los constantes señalamientos y dudas que aún persisten sobre el contrato de alianza público-privada a la compañía Genera PR, el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, manifestó que se realizarán más vistas públicas para evaluar el informe y el certificado de cumplimiento sobre el contrato.

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