La migración de la red eléctrica de Puerto Rico hacia energías renovables ya parece ser un hecho luego de que el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, en inglés) asignara $1,000 millones para la instalación de paneles solares y baterías en hogares de familias de escasos y moderados recursos, así como personas con discapacidad.
No obstante, a pesar de las críticas recibidas por el supuesto retraso en la implementación del proyecto, el gobierno asegura que mantiene un “paso firme” en sus esfuerzos por cumplir con la política pública establecida en la Ley 17 de política energética que impulsa al archipiélago a migrar a energías renovables para 2050.
Francisco Berríos Portela, secretario auxiliar de la gobernación para asuntos energéticos, reconoció ciertos retrasos en los procesos, pero aseguró que el gobierno ha mantenido el norte contra todas las “presiones políticas” que ha recibido la administración Pierluisi, presuntamente para evitar que ejecute esta política pública.
“Reconocemos unos atrasos que hubo en los procesos de gestión de compra para la integración de fuentes renovables a gran escala. El proceso inició lento el año pasado, pero la integración de contratistas adicionales es a lo que estamos apostando para ayudar a incrementar estas instalaciones”, indicó Berríos Portela, quien aseguró además que ya existen más de 500 instalaciones de energía renovable completadas bajo el programa de CDBG-DR y el R3.
“El año pasado, ya se aprobaron 18 contratos, equivalentes a 845 megavatios, que se van a estar integrando a la red. Ese es el primer tramo de lo que son los proyectos de la cartera de energía renovable. Eso representa que vamos a estar entre un 12 % a un 14 % cuando se completen esos contratos”, añadió el funcionario.
Berríos Portela señaló que también se construye una finca solar en Salinas que se espera produzca 90 megavatios, parte de 16 contratos que ya se están ejecutando luego de que iniciara su construcción el año pasado.
Asimismo, el funcionario aseguró que en apenas dos años se ha triplicado la cantidad de generación de energía limpia distribuida.
Buscan opciones
Por su parte, Agustín Carbó Lugo, director de modernización y recuperación de la red energética de Puerto Rico para el DOE, confirmó que la agencia federal aún busca opciones rápidas para utilizar de la manera más sabia la asignación de $1,000 millones otorgada por la agencia federal al gobierno local.
“Estamos en el proceso de buscar opciones que sean rápidas y urgentes para poder satisfacer la necesidad principal de las personas que lo necesiten de verdad porque son más vulnerables por el efecto de algún huracán”, aseguró Carbó Lugo a Metro.
“Estamos recibiendo insumo de la gente para saber cómo mejor podemos distribuir este dinero, de manera más efectiva y rápida, en vez de tenerlos en una sola entidad que haga las distribuciones”, añadió el funcionario federal cuya oficina manejará los fondos. Descartó alegaciones de retraso.
El funcionario federal indicó además estar satisfecho con los esfuerzos conjuntos tanto del gobierno local como del gobierno federal y el sector privado, y dijo sentirse optimista en que se logrará la meta establecida de una migración total a energías renovables para 2050.
“Creo que ha habido mejor comunicación. El hecho de que yo estoy aquí en Puerto Rico presente y que estoy ubicado en las oficinas de FEMA ayuda. La comunicación entre todas estas agencias que estamos trabajando estos esfuerzos ha sido muy positiva y, obviamente, la secretaria del DOE, que está bien activa con el tema, y eso no tiene precedentes”, indicó.
Carbó Lugo ofreció como ejemplo los avances logrados en la isla municipio de Culebra, que hoy tiene un 10 % de penetración de energía renovable y busca convertirse en la primera isla renovable del Caribe y Las Américas.
No hay una sola solución
Lillian Mateo Santos, comisionada asociada del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), aseguró por su parte que el problema de energía es demasiado complejo para resolverse de una sola forma y en una sola vía.
“Aquí el problema que tenemos es uno tan serio que tenemos que manejarlo a corto, mediano y largo plazo, y en varios carriles a la misma vez, atacándolo desde todos los puntos posibles de una manera holística. No hay tiempo para sentarnos, mirarlo y atacarlo de una sola forma”, aseguró Mateo Santos.
La funcionaria del NEPR explicó que la Ley 57 de 2014, o Ley de Transformación y Alivio Energético, requiere al NEPR establecer las reglas necesarias para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación del Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que es el documento que traza la ruta para lograr una transformación ordenada de la red eléctrica.
“Debemos pensar en el refrán de que no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. El PIR es tecnológicamente agnóstico, el NEPR tiene que cumplir con la cartera de energía renovable como política pública porque como agencia lo que hacemos es implementar esa política”, señaló Mateo Santos.
“Ninguna de las tecnologías es la panacea ni la solución a nuestro problema”, añadió.
