La columnista y abogada litigante, Roxanna Soto Aguilú, anunció este fin de semana su interés en aspirar a un escaño en el Senado de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
Soto Aguilú, mejor conocida como “La abogada motorizada”, dio a conocer su intención de convertirse en senadora por acumulación a través de un video que publicó en sus redes sociales.
“A partir de este momento oficializó mi interés de aspirar por vez primera a un cargo público para el Gobierno de Puerto Rico y conforme a ese interés de servicio desde este momento uno de mis proyectos de contenido social estará dirigido únicamente a mi aspiración al Senado y la discusión de temas de interés que me movieron a tomar esa determinación. Poseo otros proyectos de contenido social que no están relacionados con dicha aspiración y anhelo que sigan contando con su apoyo. Siempre agradecida”, escribió en Facebook.
La también comentarista confirmó que se encuentra evaluando todas las alternativas y que su causa es “poderosa”.
“Si usted interesa enviarme comentarios, sugerencias o meramente ser parte de mi equipo de voluntariados para organizarnos como mi equipo de trabajo en miras a mi candidatura, escríbame a roxannasotoaguilu@abogadamotorizada.com”, añadió.
Las candidaturas para las posiciones dentro del gobierno se abrirán oficialmente en diciembre de este año.
Soto Aguilú fue reinstalada en el ejercicio de la abogacía tras ser suspendida por término de un año por violaciones a los cánones de ética profesional que entró en vigor el 30 de diciembre del 2021.
A la licenciada se le acusó de inducir a una pareja “a realizar un negocio ilícito donde se desembolsó el pago de $70,000.00 por la adquisición de un bien inmueble que no le pertenecía a la parte vendedora”.
Igualmente, se le imputó “haber autorizado la escritura sin que se hubiese presentado la Planilla de Caudal Relicto en el Departamento de Hacienda, lo que ocurrió el 15 de diciembre de 2008, un año después de que se llevó a cabo el negocio”.
La abogada cobró notoriedad durante el Verano del 2019 por ser la defensora del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Neváres, cuando este tuvo que renunciar tras la publicación del chat de Telegram.
