Líderes comunitarios de Salinas denunciaron este domingo la otorgación de permisos por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el corte y remoción de árboles en la carretera PR-701.
“Aquí el DRNA y el gobierno siguen poniendo en peligro la seguridad y la vida de las familias en Salinas. Ese camino que quieren hacer, esa destrucción de árboles que pretenden permitir es parte de un polémico proyecto de venta de solares que se llama Salimar. Esto es un área inundable y al remover los árboles, y si le permitimos rellenar esa área para construir ahí, la gente de mi comunidad se va a ahogar”, expresó Zinnia Vélez Figueroa, presidenta de la comunidad Villa Cofresí.
Además, los ciudadanos manifestaron su oposición al proyecto “Salimar”, que vendería solares en áreas inundables.
El Permiso de Corte, Poda, Trasplante y Siembre de Árboles (O-R3-PMA01-GU-02419-30012023), expedido por la Secretaría Auxiliar de Permisos, Endosos y Servicios Especializados del DRNA, le permite al propietario de los terrenos, Luis Caballero González, el corte y remoción de 79 árboles de distintas especies para la creación de caminos de acceso para mensura y topografía.
Entre los árboles a ser cortados y removidos está el guamá americano (Pithecellobium dulce), aroma (Acacia famsiana) y samán (Samanea saman).
Por su parte, Wanda Janet Ríos Colorado, presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita, criticó la otorgación del permiso por parte del DRNA.
“Esta es una zona de alto riesgo de inundación, de tsunami, donde existen humedales y yacimientos arqueológicos, en la cual no se debería permitir ningún tipo de construcción. Además, el nivel freático del acuífero es de tres pies, según nos han dicho expertos que realizan actualmente estudios en el área. No podemos seguir poniendo en peligro el acuífero, que es nuestra única fuente de agua, nuestras vidas y propiedades”, expresó Ríos Colorado.
Según los portavoces, estas comunidades también fueron identificadas recientemente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) como una de alto riesgo de contraer cáncer y otras enfermedades, por la grave contaminación con óxido de etileno proveniente de la empresa Steri Tech.
Por último, Víctor Alvarado Guzmán, coordinador del Comité Diálogo Ambiental, relató su intento de hacer una querella en el DRNA.
“Fui a Guayama a realizar una querella sobre este permiso que fue recomendado por Juan G. Colón Rivera, biólogo forestal, y autorizado por Luis E. Torres Zamora, director regional del DRNA. Nos explicaron que debemos impugnar el permiso, por escrito, directamente a la Secretaria del DRNA, Anais Rodríguez Vega, en San Juan. Tras que a las comunidades afectadas no le informaron sobre la otorgación de ese permiso el pasado 10 de febrero, también se le complica el proceso teniendo que ir a San Juan a impugnarlo”, comentó Alvarado Guzmán.
Las portavoces comunitarias aseguraron que tomarán las acciones necesarias para proteger la vida y seguridad de su gente, ante el peligro que representa la propuesta construcción del polémico proyecto.
