Mientras que grupos sindicales y civiles protestaban ayer en contra de la reestructuración de la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dentro de ese recinto el proceso para confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) con las enmiendas incluidas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que modificarían sobre $10,000 millones en acreencias, parecía estar acercándose a la recta final.
Por una parte, bonistas, aseguradores municipales, el Sistema de Retiro de la AEE y la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), al igual que los prestamistas de las líneas de crédito para la compra de combustible, intentaban paralizar la implementación del nuevo PAD propuesto en lo que se tramita la apelación que radicaron ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, mientras que, por otro lado, la JSF sostenía que el tribunal debía rechazar la petición.
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Martin Bienenstock, abogado principal de la JSF, aseguró durante la vista virtual que los reclamos de los acreedores no tenían fundamento legal sólido y se refirió a tres secciones dentro del acuerdo que los bonistas utilizan como alegato para paralizar el proceso.
“La Sección 805 del acuerdo con los bonistas no hace más que crear una cascada para la distribución del dinero, y desde nuestro punto de vista, es dinero que está en el fondo de amortización o que, debido a alguna orden fuera de la quiebra que dirige el desempeño específico, podrían ser incluidos en el fondo de amortización”, explicó Bienenstock a la magistrada.
“Los síndicos se quejan de que la AEE hizo dos propuestas de acuerdo diferentes con tenedores de bonos nacionales y liquidadores, pero ambos acuerdos tienen algo en común, no son más que canjes de los bonos actuales de los acreedores por nuevos bonos. Y los nuevos bonos que los acreedores están aceptando en cada caso, ya sea que los tenedores de bonos liquidadores o los nacionales renuncien a los intereses de los últimos seis años, piden menos capital que el que se debe actualmente en virtud de los bonos actuales, y hay otros cambios todos hechos en beneficio del futuro de la AEE. Nada de eso tiene que ver con la 805, que es la distribución de dinero que está en el fondo de amortización o que debería colocarse allí”, añadió.
Asimismo, Bienenstock recordó que la Sección 808 del acuerdo con los bonistas establece que ningún tenedor de bonos deberá, bajo ninguna consideración, entablar demandas o acciones legales excepto bajo ciertas circunstancias.
“Aquí no hay acción, por lo que francamente no entendemos cómo pueden invocar la 808. No es que los tenedores de bonos nacionales o los que accedieron a un acuerdo hayan iniciado una acción fuera de la potestad del acuerdo, es que son bonos y ellos acordaron con la AEE el canje de esos bonos”, explicó el representante del Titulo 3 de la Ley Promesa para la JSF.
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“Y finalmente, la Sección 1102 del acuerdo con los bonistas establece un requisito del 60 por ciento del monto principal en circulación de los bonos para modificar el acuerdo de fideicomiso entre la AEE y el fideicomisario. Pero, no lo estamos modificando, es tan simple como eso. Así que presentamos ante la consideración de la corte que la sección 1102 no tiene nada que ver con este caso”, añadió.
Luego de horas en el proceso de presentación de argumentos de las partes – y tras varias interrupciones técnicas – Taylor Swain finalmente autorizó la Declaración Informativa del PAD para la AEE abriendo la puerta para que la JSF continúe adelante con el proceso de reestructuración de la deuda de esa corporación pública.
Según señaló la magistrada, el récord no demuestra que la JSF haya tomado algún curso contrario a lo establecido en Derecho para lograr un acuerdo con los acreedores de la AEE.
Tres escenarios
Los representantes legales de la JSF ante la Corte federal de Distrito en Puerto Rico explicaron que existen tres escenarios de recuperación en función de los tres resultados realistas de la impugnación del recurso indulgente enmendado.
“Si se falla a favor de la AEE, ese recurso indulgente de bonos se limitaría al Fondo de Amortización. Los $5,680 millones en nuevos bonos que se distribuirán bajo el plan serían suficientes para pagar a la mayoría de los acreedores en su totalidad”, indicaron los representantes de la JSF como el primero de los escenarios.
“Si su señoría dictamina que los bonos están seguros más allá del Fondo de Amortización, los tenedores de bonos que no liquidan recibirán el valor de su garantía, pero todos los demás acreedores que no sean acreedores liquidadores no recibirán prácticamente nada. Finalmente, si su señoría determina que los bonos están garantizados únicamente por el Fondo de Amortización, pero tiene un recurso más allá de este, los tenedores de bonos que no liquiden tendrán un reclamo de deficiencia que se tratará de la misma manera que los reclamos generales no garantizados”, aseguraron.
En ese último escenario, explicaron, los tenedores de bonos que no liquiden recibirán una recuperación de aproximadamente el 46.5 por ciento.
No obstante, indicaron que en los tres escenarios aquellos acreedores que hayan llegado a un acuerdo con la AEE seguirán recibiendo su pago, además, el sistema de pensiones será tratado de manera similar a como se trata el sistema de pensiones en el plan del Estado Libre Asociado. El plan congelará el actual plan de beneficios definidos y se convertirá en un plan de reparto y las pensiones se financiarían como un gasto de operación, no subordinado a los nuevos bonos.
“Su señoría, este no es un ‘placeholder plan’, es un plan que puede ser confirmado bajo todos los resultados razonablemente probables del litigio de recurso, la única instancia en la que no podría ser confirmado es si el Tribunal determina que el valor de la garantía excede la cantidad de bonos que pueden ser distribuidos bajo el plan”, añadió el equipo de representantes de la JSF.
¿Aumento a la vista?
El nuevo PAD presentado por la JSF incluye un cargo nuevo que cubriría la oferta hecha por el organismo federal a los bonistas de repagar $5,650 millones en deuda. El cargo heredado, o “legacy charge”, en inglés, fija $13 mensuales a los abonados mientras que dos cargos adicionales se activarían según el nivel de consumo de este.
También se encuentra en discusión un aumento adicional para atender las deudas del Plan de Retiro de la AEE y que sería parte del cargo heredado.
Cabe mencionar que a pesar de que el cargo heredado variaría para cada abonado, la realidad es que la nueva propuesta de la JSF choca con la opinión de ese organismo esbozada durante 2017 en la que concluyeron en aquel momento que un aumento en el costo de energía incrementaría el riesgo de reducir el crecimiento económico de Puerto Rico.
