La calidad de vida de los residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra se ha visto afectada considerablemente con la proliferación de las rentas a corto plazo a través de aplicaciones digitales como Airbnb, así lo aseguró hoy Natania Martínez, portavoz de la organización sin fines de lucro, Mujeres de Islas, durante la continuación de las vistas públicas realizadas por la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes referente al Proyecto de la Cámara 1557 que busca crear la “Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico”.
La portavoz de la organización, que también colabora con la administración del municipio para facilitar procesos participativos de proyectos de acceso a vivienda asequible, aseguró que la falta de vivienda a largo plazo, incluso, ha afectado los servicios que se prestan en ambas islas municipios.
“En nuestra isla municipio la falta de acceso a vivienda ha afectado severamente la accesibilidad a servicios de calidad o limitado su ofrecimiento por completo y entendemos que Vieques experimenta lo mismo”, señaló Martínez ante las preguntas de los legisladores. “También reconocemos que una economía local que dependa únicamente de un sector tan volátil como lo es el turismo en tiempos de emergencia, hace que la comunidad sea más vulnerable, incluso ante los cambios en la economía global”.
“Tiene también otros impactos diversos como en la educación, cuando jóvenes prefieren desertan de sus estudios para participar en este sector económico y no consideran otras carreras que puedan aportar a la diversificación de la economía local y el ofrecimiento de servicios esenciales como lo son los maestros, enfermeros y profesionales de salud mental, entre otros”, añadió.
La portavoz comunitaria aseguró además que Culebra ha sido objeto de un aumento en las violaciones ambientales e invasiones a la zona marítimo-terrestre relacionadas al traspaso de viviendas destinadas a renta a mediano y largo plazo para favorecer alquileres turísticos como las rentas a corto plazo mediante plataformas cibernéticas.
Martínez fue contundente al señalar que la ley debería establecer medidas concretas para proteger la vivienda asequible en las comunidades y zonas residenciales que, por su localización atractiva para el turismo, son más propensas a este tipo de negocio.
La portavoz también señaló que un estudio realizado por el Centro para la Nueva Economía (CNE) encontró que el total de unidades de arrendamiento que se supondrían destinadas a renta a largo plazo en municipios costeros, son acaparadas por un número sustancial de arrendamientos a corto plazo.
“Según indica el estudio, en Culebra, entre 2014 y 2020, el total de arrendamiento a corto plazo registrados en una plataforma era casi una tercera parte del total de viviendas y excedían un 100 por ciento del total de unidades para rentar a largo plazo”, indicó.
“También, un informe de la organización Ayuda Legal recogió datos que señalan que para enero de 2022 se habían registrado alzas de un 15 por ciento en los precios de las viviendas, coincidiendo con el aumento en la concesión de decretos por Ley 22, particularmente en áreas donde hay mayor actividad de alquileres a corto plazo”, añadió.
Sin garras ACDEC
Martínez señaló a la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC), como el ente gubernamental a nivel municipal que tiene a su cargo fiscalizar el negocio de rentas a corto plazo en la isla municipio, sin embargo, aseguró que el organismo carece de recursos para realizar su labor ministerial.
“En Culebra existe algo bastante único que es la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra y es este organismo el que aprueba cualquier permiso de construcción o que tenga que ver con desarrollo y operación de negocios en el municipio. Estamos viendo que se están realizando actividades sin el permiso de esa agencia municipal y una de las razones podría ser porque ACDEC no tiene los recursos para fiscalizar y hacer ese trabajo”, señaló la portavoz.
“En Playa Flamenco, por ejemplo, hay una construcción de una vivienda que entendemos fue comprada desde el municipio, pero la construcción no es legal y opera como un arrendamiento a corto plazo, además de que opera en la zona marítimo terrestre”, denunció.
El organismo municipal fue consolidado en 2018 por la propia Cámara de Representantes a través de enmiendas a la Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de ese mismo año.
Según dictamina la ley, ACDEC tendrá a su cargo la formulación, adopción y administración de planes y programas para la conservación, uso y desarrollo de Culebra, las normas y reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental y con el Plano Regulador y el mapa de zonificación adoptado para la Junta de Planificación para la isla de Culebra.
La deponente aclaró, sin embargo, que su organización no se opone a los negocios de arrendamiento turístico a corto plazo a través de plataformas digitales, sino que se establezcan limites en estos de acuerdo con el inventario de vivienda asequible a largo plazo disponible no solo en las islas municipios sino en todo el archipiélago.