JEFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Ante amenazas contra funcionarios públicos, legisladores estatales en todo Estados Unidos han intensificado esfuerzos para proteger la información personal de jueces, policías, funcionarios electos y otros empleados públicos.
Las medidas, que por lo general cuentan con amplio respaldo en las legislaturas estatales, añaden un nivel adicional de secreto que haría más difícil determinar si un funcionario público está acatando las normas sobre residencia o si está pagando sus impuestos.
La iniciativa de exceptuar ciertos datos de la luz pública surge a pesar de que muchos gobiernos están siendo más transparentes en cuanto a sus reuniones, incluso transmitiéndolas por internet en una tendencia originada en la pandemia, cuando muchas personas estaban impedidas de salir de sus casas.
Ello ha llevado a divergentes apreciaciones sobre la transparencia oficial en la llamada “Semana de la Luz”, un reconocimiento anual de las leyes sobre información pública que corre desde el domingo hasta el sábado.
Si bien hay más acceso a las reuniones oficiales, “básicamente el gobierno se vuelve más hermético cada año”, dijo David Cuillier, profesor de periodismo de la Universidad de Arizona que ha estado analizando cómo el gobierno está cumpliendo con las normas sobre acceso a la información pública.
Los que piden información al gobierno federal lo consiguen solo una quinta parte de las veces, cuando hace más de una cada era aproximadamente el 50%, según las investigaciones de Cuillier.
Los pedidos de información bajo leyes estatales por lo general tienen mayor éxito, indicó Cuillier, pero “cada año las legislaturas aumentan la cantidad de excepciones y eso parece estar acelerándose”.
Caso por caso, muchas excepciones podrían parecer razonables y justificadas. El movimiento de mantener privadas las direcciones domiciliarias de los jueces es un buen ejemplo.
En 2020, un hombre molesto con la jueza Esther Salas fue a la casa de ella disfrazado de repartidor y mató a tiros a su hijo de 20 años e hirió a su esposo. Las autoridades de Nueva Jersey ese año aprobaron una ley que exceptúa de la luz pública a las direcciones particulares de jueces actuales o retirados, fiscales y agentes policiales. La medida, apodada la Ley de Daniel en honor al hijo finado de la jueza, también permite a funcionarios públicos pedir a individuos o empresas retirar sus direcciones de domicilio de los sitios web que controlen.
Si bien algunos estados ya tenían leyes similares, el caso de Nueva Jersey provocó medidas en otros lugares. La mayoría de los estados ahora tienen leyes que prohíben a las entidades gubernamentales publicar la dirección de domicilio de al menos algunos empleados públicos, especialmente jueces, según una investigación de Jodie Gil, profesora de periodismo de la Southern Connecticut State University.
