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Comisión senatorial fiscaliza trabajos de Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y Desigualdad Social

Abogan por cambiar la estructura gubernamental de las agencias para combatir la pobreza

La senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, llevó a cabo una vista pública para fiscalizar los trabajos que lleva a cabo la recién creada Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y Desigualdad Social bajo la Ley 84-2021 y que tiene un presupuesto asignado de $1.2 millones bajo el mandato del Departamento de la Familia (DF).

“Durante el periodo 2014 al 2018 entre las características económicas de nuestro país se encontró que 36 de los 78 municipios contaban con un 50 por ciento o más de su población con situación de pobreza. De estos 36 municipios, seis de ellos alcanzan entre el 60 al 64 por ciento de pobreza. Estos son Maricao, Guánica, Adjuntas, Lajas, Jayuya y Comerío. Esto quiere decir que seis de cada 10 personas en estos municipios vive bajo el nivel de pobreza. Creo que es alarmante y qué bueno que estamos hablando el tema”, expresó  Rosa Vélez, durante una vista pública de la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza, la cual preside.

La Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social (Ley Núm. 84 de 30 de diciembre de 2021) se crea a los fines de establecer la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al desarrollo de programas y medidas para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social. Conforme la referida ley, se establece la meta fundamental de reducir la tasa actual de pobreza infantil en Puerto Rico en un 50 por ciento al cierre del año 2032.

En su ponencia, la secretaria interina del DF, Ciení Rodríguez, repasó los planes de la Comisión bajo la Ley 84. “Se proveerán adiestramientos para ayudar a sus miembros a cumplir con la meta de reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico y, se continuará con la iniciativa de campañas publicitarias y outreach relacionadas al Child Tax Credit para instruir a las comunidades sobre los beneficios del CTC y ayudar a la población a solicitarlo. Por otra parte, se realizarán proyectos enfocados en promover el desarrollo comunitario”, indicó la funcionaria.

Rosa Vélez preguntó a la deponente qué trabajo ha hecho la Comisión desde que se creó; primero mediante Orden Ejecutiva (OE), y luego con la aprobación de la Ley 84. Rodríguez respondió que “desde octubre del 2021 se estuvo trabajando en los esfuerzos que estaban bajo la OE en lo relacionado al ‘Child Tax Credit’. Los esfuerzos fueron enfocados en lograr que la mayor cantidad de personas que cualificaban se beneficiarán del programa”.

En la misma línea, la senadora preguntó si se rindió el informe sobre los trabajos llevados a cabo, el cual debía presentarse en 90 días según disponía la OE antes de iniciar la nueva Ley 84. Rodríguez dijo que no se rindió y expresó que “aunque la OE fue firmada en mayo, realmente en ese momento hubo un ‘overlap’ que se estaba trabajando en el proyecto de ley…entiendo que eso puso mucha cautela en los procesos en comenzar unos trabajos que, una vez pasara la ley, se pudieran hacer infructuosos”. La deponente aclaró que ella no estaba en ese momento en frente de la agencia.

Además, Rosa Vélez cuestionó si el no entregar el informe en cierta medida es una dejadez o falta de voluntad de hacer el trabajo. La deponente contestó que no podría categorizarlo como dejadez. “La realidad es que, aunque no se haya rendido el informe, no significa que existiera una dejadez…Realmente esto es un asunto que va más allá del informe. El compromiso está”, afirmó la secretaria interina, quien aceptó que tampoco se han rendido los informes trimestrales.

Asimismo, la senadora preguntó si hay una baja reflejada en los niveles de pobreza en el país. La deponente explicó que los números demuestran que hubo una merma en la pobreza y añadió que nadie duda que esos fondos temporeros del Child Tax Credit ayudaron a una familia. “Que ese por ciento de pobreza va aumentar ante la falta de ese dinero este año, realmente la pobreza no se disminuyó porque fue un incentivo que no fue permanente. Deben haber iniciativas para el autodesarrollo y autosostenibilidad”, dijo.

Ante preguntas de la presidenta de la comisión, Rodríguez contestó que para el presupuesto del próximo año fiscal se estará solicitando la asignación de $1.2 millones, más una extensión de lo que no se gaste del actual. Añadió que se pidió una extensión en el pasado año fiscal para usar el sobrante pero la Junta de Supervisión Fiscal no lo aprobó.

Sobre cómo se ha utilizado la subvención de $1.2 millones de dólares para el año fiscal actual, Rodríguez detalló que “se prevé que unas partidas del presupuesto se destinarán a iniciativas que fomenten y estén enfocadas en la auto-sustentabilidad y el desarrollo de microempresas, de acuerdo con el plan decenal desarrollado y las investigaciones que se realicen”. A la vez, la deponente abogó por enmiendas a la Ley 84. Recomendó Sugirió la integración a la Comisión del Departamento del Trabajo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y ampliar la definición de pobreza para hacerlo más inclusivo.

De otro lado, participaron en la audiencia miembros de la comisión que son líderes comunitarios como: Eduardo Lugo, Carmen Villanueva y Dulce del Río. Rosa Vélez preguntó cuáles son las áreas de prioridad para combatir la pobreza. Villanueva respondió que dentro de toda la gama del trabajo es importante, como residentes y país, la organización y estructura administrativa de todo el gobierno”. Además, dijo que “tenemos que mirar esa estructura gubernamental para atenderla. Nos fijamos que en los informes de las agencias, la manera que están estructuradas las agencias no tienen congruencia. Las regiones no son similares en las agencias más importantes”.

También, la senadora cuestionó si entendían que las agencias de gobierno que pertenecen a la Comisión cumplen con los propósitos de la ley. Lugo respondió que “la realidad es que no. En este momento, estamos en un proceso de planificación. Las agencias no tienen el análisis adecuado sobre la reducción de la pobreza”.

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