ATENAS (AP) — La huelga general convocada el jueves en Grecia en respuesta a una tragedia ferroviaria el mes pasado obligó a suspender vuelos y alteró los servicios, mientras las distintas ciudades del país albergaban movilizaciones.
El paro también dejó los transbordadores a las islas griegas amarrados en los puertos, redujo el personal de los hospitales públicos al esencial, suspendió el transporte público y canceló las clases en las escuelas públicas.
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Los sindicatos se han unido a las asociaciones de empleados ferroviarios, que protagonizan continuos paros desde el choque frontal entre dos trenes que dejó 57 muertos y docenas de heridos en el norte del país el pasado 28 de febrero.
Las mayores movilizaciones tenían lugar en Salónica, la segunda ciudad más grande del país, y en la capital, Atenas, donde miles de personas cantaron “este crimen no se olvidará” ante el cordón policial que custodiaba la sede de un operador ferroviario privado.
Los comercios y las oficinas bancarias bajaron las persianas al paso de los manifestantes en Atenas, que quedó paralizada. Una amplia variedad de asociaciones empresariales, desde las que representan a los abogados hasta las de los repartidores, secundaron la huelga.
El gobierno, que se enfrentará unas elecciones parlamentarias antes del verano, dice que los servicios se restablecerán el 22 de marzo y recuperarán gradualmente la normalidad hasta el 11 de abril. Además, personal adicional vigilará la reducción de velocidad obligatoria por motivos seguridad en algunos tramos de vía.
El ejecutivo de centroderecha del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha visto como su sólida ventaja en las encuestas se reducía en las últimas semanas en favor de su principal rival, el partido de izquierdas Syriza. Las dos partes están inmersas en un debate ideológico acerca de cómo reformar la anticuada red ferroviaria griega.
Mitsotakis ha prometido más transparencia en la relación entre los servicios privatizados y las autoridades que los supervisan, y pidió ayuda a expertos de la Unión Europea para esbozar los cambios. La oposición alega que el desmantelamiento de las agencias bajo control estatal, que estuvo mal gestionado, comprometió la seguridad en los trenes.
