La anulación por parte del Tribunal Supremo del Reglamento Conjunto 2020 el martes pasado y la subsecuente renuncia el miércoles de María Cintrón, ahora exsecretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), podría hacer caer en un “limbo jurídico” a los proyectos de construcción asociados a los fondos federales que han sido aprobados en los últimos 27 meses, poniendo a la isla en la antesala de una batalla legal que afectaría directamente la economía del país, opinó hoy Eric Santiago, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) en declaraciones escritas a la prensa.
La exsecretaria auxiliar de la OGPe habría presentado su renuncia el miércoles luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificara como nulo el Reglamento Conjunto 2020 que había sido impulsado tanto por la Junta de Planficiación (JP) como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
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“Puerto Rico se encuentra en una coyuntura complicada para mantener su atractivo como lugar para hacer negocio y fomentar el empresarismo para lograr sustentabilidad económica”, señaló Santiago. “Es urgente que Puerto Rico tenga un Reglamento de Premisos que facilite la utilización de los fondos federales hacia la reconstrucción. Un Reglamento que garantice la inversión de miles y miles de jóvenes empresarios, empresas Pymes que luchan por su subsistencia económica”.
“Necesitamos un Reglamento de Permisos ágil, eficaz, funcional y que cumpla con los requisitos legales que estable el Tribunal Supremo para que miles de inversionistas extranjeros no vean sus proyectos desaparecer por inacción gubernamental. Por años, se llevan debatiendo temas importantes como el tener los mecanismos adecuados para administrarlos”, añadió el presidente de la AIPR.
Santiago fue enfático en que la comunidad Industrial de Puerto Rico demanda acción inmediata y criticó que, desde su creación en 2010, al gobierno se le ha hecho imposible revisar el Reglamento Conjunto y que, al momento y luego de la impugnación del Tribunal Supremo, Puerto Rico se encuentra huérfano de un reglamento que, entre sus deberes, está la otorgación de permisos para uso de terrenos.
“Este reglamento tiene el propósito de aglutinar un sistema integrado de permisos relacionados con el desarrollo y uso de terrenos. Todos los intentos en que se ha pretendido revisar el reglamento han fracasado. Consecuencia de esto es que, se ha creado un ambiente de incertidumbre, inestabilidad, desconfianza y hasta retraso del progreso económico de Puerto Rico. Esto demuestra la incapacidad de la Junta de Planificación de ejercer su rol, ante la falla tan grande de poder consolidar un reglamento válido y efectivo”, tronó el portavoz de la AIPR.
El presidente de la organización, que agrupa la mayoría de las industrias de la isla, aseguró que la decisión del tribunal afectará a inversionistas locales y extranjeros que deseen establecerse en la isla. Santiago añadió que este ambiente de incertidumbre actúa como un desmotivador para hacer negocios en la isla por falta de estabilidad en el sistema de regulación de permisos.
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“Hay una gran desmotivación entre los inversionistas y empresarios existentes de ampliar, mejorar o incursionar en nuevas oportunidades de negocios por las dificultades que tienen que experimentar para poder lograr sus planes. Peor aún, con la cantidad importante de fondos federales para la reconstrucción del país y no tener un sistema de permisos simplificado, seguro y confiable, pone en riesgo la capacidad de utilizar adecuadamente y a tiempo esos fondos”, denunció.
“Es una muestra más de la débil capacidad de gobernanza que existe. Esa incapacidad pone en duda la confianza del gobierno federal de que la inversión otorgada para ayudar a Puerto Rico pueda lograr su recuperación. Hoy nos vemos en la posibilidad de que millones de fondos federales no sean utilizados de forma efectiva, y no porque el Congreso o el Ejecutivo federal nos lo impidan”, añadió.
Según indicó Santiago, el retraso en la otorgación de permisos afecta la competitividad económica de Puerto Rico y le impide acelerar la implementación de las estrategias de crecimiento económico que necesita urgentemente.
“Se necesita mayor agilidad, automatización y modernización en los sistemas para todas las dependencias que otorga permisos en la Isla. Ser la peor jurisdicción dentro de los Estados Unidos en términos de libertad económica nos llama a la urgente acción de implementar tácticas que nos muevan al desarrollo y crecimiento”, dijo.
Revés para el gobierno
La decisión del Tribunal Supremo representa un revés para la JP y para el DDEC, agencias gubernamentales que sostenían que el reglamento era válido. Ambas agencias han indicado que se han autorizado 200,000 trámites desde el 2 de enero de 2021, todos amparados bajo el reglamento que el Tribunal Supremo determinó nulo por segunda ocasión.
La OGPe, quien había solicitado al Supremo una revisión del fallo del Tribunal de Apelaciones en este caso, había planteado que la determinación apelativa fue emitida sin jurisdicción, puesto que la agencia no fue notificada ni incluida en el pleito. Ello luego de que el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y la organización Para La Naturaleza alegaran la falta de un proceso transparente con suficiente participación ciudadana, entre otros señalamientos procesales, durante la aprobación de dicho reglamento.
Le toca ahora a la JP debe decidir qué reglamento se debe aplicar, abriendo la posibilidad de evaluar cada caso de forma individual. Asimismo, existe una posibilidad de que la OGPe continúe apelando la decisión hasta que la JP pueda publicar un nuevo reglamento.
