El quinto día del juicio federal contra Ángel Pérez Otero, cuyo caso enfrenta por presuntamente recibir sobornos a cambio de otorgar contratos, culminó con los últimos testigos que presentó el Ministerio Público y uno que presentó la defensa.
Dado a esto, la jueza Aida Delgado Colón envió al jurado a retirarse al mediodía de hoy, martes, y regresar mañana a las 9:30 de la mañana para escuchar los argumentos finales que presentará la Fiscalía federal y la defensa de Pérez Otero.
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A su salida del tribunal, el abogado del exalcalde de Guaynabo, Osvaldo Carlo Linares, adelantó que con la prueba que presentó es “suficiente” para mandar al jurado a deliberar.
“Los testigos que teníamos anunciados internamente eran múltiples, pero decidimos traer al testigo que entendíamos que cubría unas áreas importantes en el caso”, sostuvo el abogado a preguntas de la prensa.
Carlo Linares aludió en ese entonces al décimo testigo y único que la defensa presento, Raúl Torres Gómez, expresidente de la Junta de Subastas del Municipio de Guaynabo mientras Pérez Otero trabajó como alcalde.
“Estamos confiados en la imparcialidad del jurado y el resto lo estarán escuchando en esos ‘closing arguments’ de nuestra defensa y van a entender”, fue lo que dijo, por su parte, Pérez Otero a su salida del tribunal.
Durante su testimonio, Torres Gómez afirmó que durante su término en esa entidad no recuerda nada sobre Island Builders, la compañía de construcción que le pertenecía al convicto abogado Oscar Santamaría y que recibió contratos para realizar trabajos de reconstrucción en varios barrios del pueblo.
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“No recuerdo nada sobre Island Builders durante ese periodo”, expresó en la sala del Tribunal federal en Hato Rey a preguntas de Carlo Linares.
No obstante, durante el contrainterrogatorio, el Ministerio Público presentó múltiples fotos publicadas en redes sociales que mostraron a Torres Gómez en actividades sociales junto a Wilfredo Martínez, director de Obras Públicas de Guaynabo, Alexis Durán, exdirector de Transportación del municipio y el esposo de Martínez.
Otras fotos también mostraron que Torres Gómez compartió con Pérez Otero y su esposa Liza Fernández en otras ocasiones en actividades sociales y el testigo hasta admitió que se de crucero con el matrimonio y junto a su esposa.
Torres Gómez, admitió, es el exesposo de Fernández.
Previo a este testimonio, la Fiscalía federal también sentó a Abraham David Espada, un auditor de la Oficina del Contralor Electoral y quien testificó que no vio donaciones a la campaña de Pérez Otero bajo el nombre de Oscar Santamaría, quien se declaró culpable y fue grabado entregándole supuestos sobornos al exejecutivo municipal.
De hecho, la defensa de Pérez Otero había dicho durante su argumentación inicial que los pagos grabados fueron contribuciones que Santamaría había hecho a la campaña de Pérez Otero como candidato a la alcaldía de Guaynabo.
Durante el cuarto día del juicio, el Ministerio Público también sentó a la directora del programa de Head Start de Guaynabo, Marisol Monseratte, quien validó que el municipio recibe dinero federal para la operación educativa de ese centro.
De igual forma testificó Leysa Alejandro, del Departamento de Hacienda. Esta corroboró las planillas que radicó Pérez Otero ante la agencia entre el 2019 y el 2021 y el ingreso que reportó durante ese periodo.
Ambas partes en el caso se retiraron durante el almuerzo, pero regresarían a eso de las 1:30 de la tarde para manejar asuntos internos a puerta cerrada.
El caso contra Pérez Otero se remonta a tres pagos ilegales que supuestamente le entregó Santamaría entre mayo y agosto de 2021 que fueron grabados por las autoridades ilegales y que muestra al acusado tomarlos y guardarlos.
Contra el exalcalde de Guaynabo pesan tres cargos criminales por conspiración, sobornos y comisiones ilegales; soborno con programas federales; y extorsión por un oficial público, por lo que se podría enfrentar a una pena máxima de 35 años si es encontrado culpable de estos tres cargos.
Según Carlo Linares, la pena mínima que podría recibir fluctuaría entre cuatro a siete años de cárcel si le encuentra culpable.
