El licenciado Alonso Ortíz Menchaca anunció, hoy martes, junto a la economista Martha Quiñones y el arquitecto Pedro Cardona Roig, el establecimiento de la entidad sin fines de lucro “El Otro Puerto Rico” (EOPR) que busca frenar los desplazamientos ante adquisiciones de inversionistas y para la creación de un fondo de inversión social para la compra de propiedades en desuso.
La misma está compuesta por residentes, comerciantes y lideres comunitarios y tiene el objetivo de establecer un muro de contención contra el acaparamiento desmedido de propiedades por parte de inversionistas, así como el auge de los arrendamientos a corto plazo sin regulaciones.
“No solo queremos denunciar el problema y sus causas, también queremos hablar de soluciones y alternativas para atender de manera integral esta crisis de vivienda accesible que no tiene precedentes en nuestra historia. Para lograrlo, hoy anunciamos la creación de un Fondo de Inversión Social cuyo capital inicial es de $1 millón de dólares pero que esperamos aumente su alcance con donativos individuales y de entidades comprometidas con esta causa”, explicó el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización quien reiteró el derecho a una vivienda digna, segura y económicamente accesible que todo puertorriqueño debe tener.
Además, añadió que el fondo será debidamente auditado y se usará para sufragar tres programas que serán desarrollados por fases.
La primera de estas iniciativas consiste de un programa de arrendamiento a largo plazo basado en la compra y rehabilitación de propiedades en estado de desuso o abandono, con el fin de alquilarlas a familias o individuos con cánones de arrendamiento justos, que se ajustarán al nivel de ingresos que exista en la comunidad y el municipio en el que EOPR esté operando.
El segundo programa es la Incubadora de Vivienda Cooperativa. Esta iniciativa persigue la compra y rehabilitación de propiedades de vivienda al mismo tiempo que se educa a los participantes módulo cooperativista con el fin de que el edificio y sus socios constituyan una cooperativa de vivienda.
El tercero es el Programa de financiamiento a largo plazo que busca brindar acceso a viviendas al costo de inversión con interés reducido. Financiando inicialmente con donativos de entidades e inversionistas privados, sin interés más allá del pago principal.
“Lo que comenzó como una amenaza en zonas costeras y turísticas, hoy lo vemos manifestarse en múltiples centros urbanos como es el caso de Rio Piedras donde en solo dos calles ya estos inversionistas han comprado 14 edificios desde en poco más de un año” enfatizó Ortiz Menchaca
Por otra parte, el hecho de que los arrendamientos a corto plazo no sean considerados una actividad comercial impacta directamente las arcas fiscales, de acuerdo a la economista Martha Quiñones, presidenta de la Asociación de Mujeres Economistas.
“Pasamos por alto que dichos inversionistas no pagan impuestos estatales ni municipales. Mediante el pago de contribuciones, el resto de los residentes nos vemos obligados a asumir los costos del mantenimiento de infraestructura, el recogido de desperdicios y la seguridad que ellos utilizan, entre otros servicios municipales y estatales. A esto se suma que la falta de viviendas para alquiler afecta directamente a las mujeres jefas de familia. Los efectos económicos y sociales del desplazamiento tienen rostro de mujer”, enfatizó Quiñones.
De acuerdo con el portal AirDNA y el Centro para la Nueva Economía de Puerto Rico, existen cerca de 25,000 unidades de viviendas dedicadas al arrendamiento a corto plazo. Esto representa un aumento del 28% respecto al año anterior.
Para el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, mejor conocido en las redes sociales como El Urbanista, “el acaparamiento de propiedades puede conducir a la gentrificación, la falta de vivienda, un efecto negativo en la economía y degradar la calidad de vida de las comunidades históricas de Puerto Rico. Ante este escenario, es imperativo traer estos temas a discusión pública. Necesitamos un enfoque integral y colaborativo que reconozca la importancia de los ciudadanos y las comunidades ante este reto.”
Ortiz Menchaca hizo un llamado a todos los ciudadanos y organizaciones que se han visto afectados para que “se unan en un frente común y juntos poder impulsar política pública, fortalecer el Fondo de Inversión Social y activarnos en diferentes foros y acciones concertadas para detener el acaparamiento desmedido que nos pretende dejar sin otra opción que abandonar el País. Esa no puede ser la alternativa”.
