Una medida radicada en la Cámara de Representantes busca que se le prohiba a los altos directivos del Departamento de Educación su participación en actividades político-partidistas en Puerto Rico y los Estados Unidos.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1662, de la autoría de la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Deborah Soto Arroyo, la cual añade un artículo a la Ley 178-2001, con el propósito que impedir que funcionarios como secretarios asociados, sub-secretarios, secretarios auxiliares, superintendentes regionales y gerentes de operaciones del Departamento de Educación tengan participación en actividades con propósitos políticos.
“La intromisión político partidista en la gestión pública continúa siendo un tema que genera indignación en la ciudadanía, particularmente cuando esta problemática surge y se manifiesta en el Departamento de Educación. Con esta medida pretendemos ser aún más estrictos y específicos, ya que uno de los principales deberes ministeriales de los altos directivos de esta agencia dicha es instruir a nuestros niños, niñas y jóvenes y mantener un sistema público no sectario”, expresó Soto Arroyo en declaraciones escritas.
“Recientemente, el país ha sido testigo como se han levantado serios cuestionamientos sobre la gestión pública de ciertos funcionarios del Departamento de Educación, los cuales han utilizado sus prerrogativas gerenciales y administrativas para adelantar causas político-partidistas, que no abonan a los más altos criterios de sana administración pública. Sin embargo, aunque hay valores éticos y profesionales que cada servidor público debe poseer independiente de lo que establezca el marco legal vigente, la realidad práctica es que el propósito de la “Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico”, entre otros asuntos, fue la descentralización de la administración y gerencia del Departamento de Educación. Por lo cual, los altos directivos ejercen un nivel de política pública que requiere estén ajenos a intromisiones político partidista”, añadió.
La representante explicó que busca que además del secretario de Educación, esta ley aplique a otros funcionarios para evitar que se inserten en la política.
“Aunque el propósito de la Ley Núm. 178, supra, prohibió a quien ocupe el cargo de Secretario de Educación a participar de actividades político partidistas, estamos convencidos de que se le deben aplicar estas restricciones a otros altos directivos del Departamento de Educación.”, manifestó Soto Arroyo.
