Tras varias horas de deliberación, un jurado encontró, de manera unánime, culpable al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero de conspiración, soborno y extorsión, en su caso ante el Tribunal federal.
Esto tras recibir sobornos del convicto abogado Oscar Santamaría a cambio de otorgarle contratos en el municipio, según se convenció el jurado.
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La jueza Aida Delgado pautó la vista de sentencia para el 8 de agosto de este año a las 2:00pm. El exalcalde se mantendrá en la libre comunidad bajo las condiciones de su probatoria hasta esta fecha. Se expone a una pena de entre cuatro y siete años de cárcel.
A su salida del Tribunal, Pérez guardó silencio. Estuvo en todo momento acompañado de su esposa, Liza Fernández. “Cuando el proceso termine completamente hablamos, pero no ha terminado. Ustedes lo saben”, dijo Fernández a la prensa.
Uno de sus abogados, Osvaldo Carlo Linares, expuso que desde el principio sabían que era un caso complicado por la revelación de una imagen de su cliente recibiendo dinero. También abordó el tema del acuerdo que se le había presentado por parte de la fiscalía federal a su cliente, pero que en última instancia “Los clientes reciben el consejo de sus abogados, pero toman sus decisiones”.
Eduardo Ferrer, quien también fue parte del equipo de defensa, dijo que “el que quiere servir, no puede servirse del pueblo”. Esto a preguntas de la prensa sobre algún mensaje a otros alcaldes luego del caso de Pérez.
Argumentaciones finales
La decisión del jurado fue anunciada luego de deliberar y tras escuchar los argumentos finales de la Fiscalía federal y la defensa, encabezada por Carlo Linares.
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Ambas presentaciones resumieron lo visto en sala, como la evidencia que desfiló el Ministerio Público, que incluye imágenes y videos de Pérez Otero presuntamente recibiendo pagos del convicto abogado Oscar Santamaría, mensajes de texto entre ambos, contratos que otorgó el Municipio de Guaynabo y planillas que radicó el acusado, entre otros.
La primera presentación fue encabezada por la fiscal federal Myriam Fernández quien, al igual que su compañero Nicholas Warren Cannon al inicio del juicio, catalogó el caso como uno de “codicia y poder”.
“Habrá un argumento (de la defensa) que intentará definir estos hechos como contribuciones de campaña no reportadas. Le someto que este caso no es sobre eso. Intentarán decir que es un caso de Ángel versus Oscar. Le someto que no es sobre Ángel y Oscar. Esto es sobre Ángel con Oscar. Sobre un acuerdo, una conspiración de los dos lados de la moneda. Del contratista y el alcalde. Dos lados de la misma moneda. Poder y codicia”, fueron las primeras palabras de Fernández antes de continuar su presentación.
Fernández también resumió los tres cargos que pesan sobre Pérez Otero: conspiración para cometer sobornos, solicitud para recibir sobornos y extorsión. Esto fue realizado mediante una presentación que también resumió el esquema y composición de algunos de los miembros de la Junta de Subastas, que también con Pérez Otero en actividades sociales, según la evidencia presentada por los fiscales federales.
De igual forma, al reseñar los documentos que el comité de campaña del exacalde de Guaynabo tenía que radicar ante la Oficina del Contralor Electoral y el Departamento de Hacienda, Fernández resaltó la necesidad de informar el dinero que supuestamente le daba Santamaría ante el portal y que nunca se vio reflejado.
“Es tan básico que si recibes cash, tienes que depositarlo en un banco”, sostuvo.
“Si pagas algo, tienes que hacerlo con cheque, con ATH o con un giro”, agregó.
En cambio, el turno de Carlo Linares, que se demoró por más de una hora, se enfocó en refutar los planteamientos que realizaron los testigos durante sus testimonios. Por ejemplo, el abogado aludió a los contratos que corroboró Carlos De Jesús Pagán, quien fue presidente de Island Builders, empresa que le pertenecía a Santamaría, mientras recibió contratos del Municipio de Guaynabo.
Carlo Linares argumentó que debido a las limitaciones que impuso la pandemia, los procesos debieron ser expeditos para continuar las labores de reconstrucción que se debían realizar en el ayuntamiento.
También, según el licenciado, el municipio estaba justificado en llamar a ciertas empresas específicas a entrar a las subastas dado a que el alcalde no contaba con recursos para conocer compañías adicionales más allá de las que acudían a la alcaldía para presentarse frente al entonces alcalde.
“Los municipios no tienen una guía telefónica para escoger contratos… Cuando invitan a una compañía, invitas a una compañía que conoces. Gente que ha ido a las oficinas del municipio a presentar sus cualificaciones y así te invitan. En este caso Oscar Santamaría, como saben, había estado detrás del alcalde para proveer servicios”, expresó Carlo Linares durante su argumentación final.
El abogado de la defensa también hizo alusión y minimizó el testimonio del convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado. Este último reconoció a preguntas de la Fiscalía federal que en una ocasión, mientras recibía sobornos de Santamaría, que el abogado le pidió que ayudara a Pérez Otero a recibir los votos necesarios para ser electo como presidente de la Federación de Alcaldes, lo que, dejó entrever, no necesariamente involucra al acusado.
“Sigo intentando entender su testimonio en términos de que si tuvo algo que ver con los contratos que se hablaron. No tenía que ver con el municipio de Guaynabo. No estuvo involucrado con sobornos en Guaynabo… ¿Qué le brindó a ustedes? Hablamos de un convicto que se declaró culpable por recibir sobornos”, expresó.
“El mejor escenario era que había una actividad política en Cataño y en esa actividad, Pérez Otero estaba ahí porque era candidato de la Federación de Alcaldes, que luego ganó. Y lo que ‘El Cano’ dice es que en esa actividad que estuvo presente, Oscar Santamaría llegó y cuando bajó le pagó su soborno usual. Y entonces Santamaría supuestamente le pidió a Félix que le ayudara a ganar con otros miembros de la Federación” planteó.
Sin embargo, no fue hasta el final que el argumento tomó un nuevo giro. Una vez Carlo Linares terminó de referencias los testimonios de los testigos, este le cuestionó al jurado que, de formar parte de una operación del FBI, por qué Santamaría no grabó a Pérez Otero admitiendo o hablando de los sobornos.
“Esos videos sin un quid pro quo, no significa nada… Eso pudo ser problemas con contribuciones, problemas con contribuciones políticas, problemas con violaciones éticas, pero sin quid pro quo, no es un problema federal”, sostuvo.
“Fue el FBI que estuvo a cargo de ese proceso. De A a la Z. Tuvieron a sus agentes allí, tuvieron las cámaras allí que fueron colocadas por Oscar Santamaría y utilizaron tácticas que los agentes usan... Así que cuando montaron la tarima en la que Oscar Santamaría y Ángel Pérez fueran los actores, proveyeron eso. Así que pudo ser captado. Pero el FBI no hizo algo… Santamaría estaba actuando bajo instrucción del FBI y todos los sabemos. Es claro… Si tienes la oportunidad de grabar a Ángel Pérez admitiendo que hizo una violación y clarificarlo de una manera que no dejara duda razonable…. ¿Cuán difícil era eso?”, cuestionó el abogado antes de culminar su turno.
A cambio de Fernández, Carlo Linares no utilizó una presentación mientras argumentó frente a los 12 miembros del jurado.
