El secretario del PPD, Luis Vega Ramos y la subsecretaria del PPD Nina Valedón, aseguraron que el gobernador Pedro Pierluisi, a dos años de su administración, mantiene una “incapacidad” para atender los problemas del país y lo emplazaron a no utilizar el mensaje de estado que realizará mañana para presentar “un cuento de hadas”.
“La triste realidad que vive el pueblo es que estamos agobiados por una ola criminal que no se detiene. Las estadísticas en el área de la seguridad confirman el sentir del pueblo, como vemos con algunos Delitos Tipo I que se han incrementado marcadamente al compararlo con el 2021. En lo que respecta a los carjackings se han incrementado en un 40% y los robos en un 25%, ambos renglones durante los primeros meses del 2023. Los carjackings violentos en las gasolineras, en los estacionamientos de centros comerciales y en otros espacios públicos son la orden del día,” señaló el líder popular.
La subsecretaria del PPD recordó que “los tiroteos de carro a carro en las carreteras a plena luz del día, las balaceras en restaurantes y otros lugares públicos, con el saldo de personas inocentes heridas o muertas, y las múltiples masacres durante el pasado año y en el 2023 son el lamentable saldo de la incompetencia de la presente administración en hacerle frente a la criminalidad”.
“Hemos visto la muerte de niños como el caso de la masacre en Cataño, que no ha sido esclarecido a pesar de haber ocurrido hace más de un mes”, añadió.
“Es con toda razón que la gente no se siente segura de ser víctimas de los criminales en la calle ni en su casa ya que no existe un plan anticrimen efectivo y articulado de parte del gobierno sino una constante improvisación,” opinó.
Dijo que el incremento en la actividad delictiva se agrava ante la reducción de los agentes del orden público que están disponibles en la calle para brindar una adecuada protección a nuestros ciudadanos. En el 2017 la Policía de Puerto Rico contaba con 13,403 agentes en su nómina pero para el 2021 solo contaban con unos 11,927 y solo 11,546 en el 2022.
“Esto refleja unos 1,857 menos o un 13.9 % de reducción de policías disponibles para la seguridad del pueblo, lo que se agrava con los agentes que no están en la calle por realizar funciones administrativas en los cuarteles. Menos policías en las calles, menos actividad preventiva, menos presencia de los agentes del orden público,” acotó por su parte Vega Ramos.
“El marcado aumento en los delitos y la reducción significativa de los policías en la calle está incidiendo en la efectividad del gobierno de investigar, identificar y procesar a los delincuentes. Así vemos, por un lado, como la tasa de esclarecimiento de casos para Delitos Tipo I no ha mejorado significativamente entre el 2018 al 2021, reflejando un 73% y un 77%, respectivamente. Por otro lado, las querellas presentadas en el 2021 de 16,025 fueron mucho menor que las 22,434 radicadas en el 2018. El efecto real de esta situación es que el delincuente se siente que está por la libre ya que, ante las limitaciones de personal policiaco, se reducen las posibilidades de identificarlo y de procesarlo por sus fechorías”, reiteró la subsecretaria del PPD.
La seguridad pública también se ha visto afectada por la dejadez del gobierno en desempeñar funciones esenciales.
“Recordamos las lluvias torrenciales de finales de enero de 2022 y el titánico esfuerzo que tuvieron que hacer los Alcaldes con sus limitados recursos municipales para atender la emergencia ante la tímida respuesta de las agencias estatales. El Servicio Nacional de Meteorología había anticipado la severidad de este evento atmosférico, sin embargo, el gobierno ignoró esta alerta y sabemos el resultado de esta dejadez. La lentitud en la respuesta de las agencias gubernamentales luego del Huracán Fiona fue otro ejemplo más de la incapacidad del Gobierno de Pierluisi,” recalcó Vega Ramos.
Valedón enfatizó que la administración Pierluisi no tan solo ha fracasado en su gestión de proveer una adecuada seguridad al pueblo sino que su desempeño en otras áreas ha dejado un impacto adverso sobre nuestra sociedad.
“Han transcurrido más de cinco años desde el azote del Huracán María en el 2017 y más de tres años desde los fuertes terremotos que impactaron severamente el sector sur de nuestro país. Estos eventos promovieron asignaciones millonarias de recursos para la reconstrucción de la infraestructura del país, para la rehabilitación de la red energética y su transición hacia fuentes renovables, para la construcción de nuevas viviendas, entre otros propósitos. Un reciente estimado de la firma Estudios Técnicos reveló que el Congreso había asignado sobre $74,200 millones para la reconstrucción estructural de Puerto Rico, a través de diversos programas federales. No obstante esta disponibilidad de recursos sustanciales, el gobierno de Pierluisi no ha ejecutado un agresivo plan para desarrollar las obras y proyectos que nuestro país necesita con urgencia,” señaló el secretario general.
Valedón recordó que recientemente Pierluisi realizó todo un evento publicitario para poner la primera piedra en un proyecto en San Juan con una inversión de $50 millones para viviendas de interés social que le cuestan al gobierno $620 mil cada una, cuando los hogares de bajo costo oscilan entre los $120 mil a $150 mil cada uno. Esto es claramente una mala planificación de recursos y una pobre utilización de los fondos federales.
El uso desmesurado de fondos federales contrasta marcadamente con el hecho de que todavía existen sobre 3,600 familias que viven con un toldo azul como techo a pesar de los millones de dólares fondos federales para rehabilitación y construcción de viviendas. Resulta escandaloso que todavía hay miles de familias residiendo en hogares afectados por los terremotos del 2020 y no han podido mudarse por la incapacidad del gobierno de entregarle una vivienda segura cuando hay sobre $1,200 millones para reubicarlas. Esta lentitud en el uso de los fondos de FEMA disponibles ha sido fuertemente criticada por funcionarios federales.
“Recordamos la visita en marzo de 2022 de la secretaria de HUD, Marcia Fudge, quien exigió una mayor agilidad de parte del Gobierno de Pierluisi en el trámite y ejecución de proyectos y obras de vivienda. También recordamos la visita del presidente Biden, luego del Huracán Fiona, donde designó a la secretaria de Energía como estrecha supervisora del esfuerzo de reconstrucción de la red energética del país, ante la extrema lentitud del gobierno en esa gestión. Igual crítica han hecho funcionarios de FEMA sobre la tardanza en desarrollar las obras requeridas para atender las necesidades de los puertorriqueños,” dijo Vega Ramos.
Valedón relató que desde septiembre de 2021 el gobierno de Pierluisi viene brindando excusas para tratar de justificar explicar la ausencia de las obras necesarias para la reconstrucción del país. Primero decían que FEMA no aprobaba los proyectos con diligencia y por eso se estaban atrasando los proyectos. FEMA demostró que estaban procesando las solicitudes de proyectos con premura. Luego decían que el requisito de la aportación monetaria estatal para los proyectos de FEMA dificultaba el trámite de las obras, lo que fue atendido por la agencia federal. Mas tarde le achacaron la culpa a la escasez de materiales debido a la guerra en Ucrania y a la inflación que había aumento de los costos de los proyectos. Después plantearon que no había la mano de obra necesaria para el desarrollo de los proyectos requeridos. Ahora la más reciente excusa es la alegada burocracia en FEMA y la alegada renuencia de dicha agencia federal de continuar brindando extensiones para la terminación de los proyectos.
“Las aportaciones de FEMA para la ejecución de los proyectos relacionados con los daños provocados por el Huracán María tenían una fecha de limite de septiembre de 2021, la cual fue extendida por FEMA a septiembre de 2025 a solicitud del gobierno de Pierluisi. Ahora el gobierno está solicitando una nueva extensión para completar el desarrollo de las obras hasta el 2027. Lo cierto es que existen $74,000 millones de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, la mayoría de los cuales no han sido comprometidos y mucho menos utilizados por el Gobierno de Pierluisi,” sentenció Valedón.
El secretario manifestó que el pueblo ha sufrido la incapacidad del gobierno en asegurar la eficiente prestación de otros servicios esenciales como lo ha sido la energía eléctrica que tanto impacto tiene el desarrollo económico del país.
“Hemos visto como LUMA ha operado sin fiscalización efectiva por parte del gobierno de Pierluisi, esencialmente corriendo por la libre. Luego de 21 meses de la privatización LUMA no han realizado obras de rehabilitación del sistema energético, pero ha cobrado millones de dólares en reembolsos por sus actividades. Lo cierto es que desde que LUMA asumió la administración del sistema eléctrico del país, el costo de la energía para los abonados residenciales se ha incrementado de $0.188 por kilowatt/ hora a $0.29. Este aumento representa un incremento de $0.067 por kilowatt/hora, o un 26% en el costo de la energía. Esto con el agravante de que un informe presentado por LUMA ante el Negociado de Energía reveló que la entidad privatizadora había acumulado un déficit operacional de unos $60 millones en tan solo 6 meses. El bolsillo del consumidor ya no aguanta más aumentos,” reclamó.
“Ahora que el Gobernador Pierluisi viene este martes a ofrecer su Mensaje del Estado de Situación del País reclamamos que diga cómo van a atender los serios problemas que enfrentamos por la incapacidad de su gestión gubernamental y que no venga a ofrecernos un cuento de hadas para esconder su incapacidad administrativa sino propuestas claras y precisas de cómo va a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños,” concluyeron diciendo Luis Vega Ramos y Nina Valedón.
